Una vez más queda demostrada la “instrumentalización política de la justicia» o lawfare contra Venezuela por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), que este viernes 1 de marzo negó el recurso de apelación interpuesto por el país suramericano contra la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares en el asunto denominado «Venezuela I».

Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien -tras conocerse la decisión del Tribunal- afirmó que “Venezuela rechaza infundada decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que pretende ocultar la verdad de Venezuela, en un caso evidente de instrumentalización política contra el país”.

La alta funcionaria del gobierno venezolano afirmó que además de ser evidente la “politización de este órgano de justicia”, ha quedado demostrado que es “negligente” frente al genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino, “frente a la mirada cómplice de la justicia internacional”.

Por su parte, Venezuela denunció a través de un comunicado que “toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana, como establece la Constitución”.

Colonialismo judicial

En reiteradas oportunidades, el presidente Nicolás Maduro ha denunciado la aplicación del “colonialismo judicial” contra el país. 

Recientemente, el jefe de Estado acusó a los técnicos de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU, con sede en Venezuela, de querer imponerse y actuar en contra de las leyes venezolanas, motivo por el cual fueron expulsados del país. “Venezuela no está para colonialismo judicial”, dijo en esa oportunidad. 

Así mismo, ha calificado de “colonialismo judicial” las acciones emprendidas desde la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Venezuela por su defensa de la soberanía y la Guayana Esequiba. 

De acuerdo al politólogo Sair Sira, “el colonialismo jurídico que se le ha querido aplicar a Venezuela en los últimos años es parte de esa estrategia que busca desestabilizarla internamente y desprestigiarla a nivel internacional”. Añade el experto, que esto no es una estrategia aislada, sino, por el contrario, está “finamente orquestada en distintos niveles y sobre diferentes materias”. 

En el ámbito del estudio político, el término lawfare, conformado por law (ley) y warfare (guerra) se refiere a «acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo».

(LaIguana.TV)


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