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A los analistas expertos en criminalidad casi siempre “se les olvida” el COPP.- Los analistas opositores del tema de la criminalidad siguen desglosando el dramático problema nacional con mucha profundidad… pero casi siempre “se les olvida” un detalle: el COPP.

 

La Revolución Bolivariana y el Código Orgánico Procesal Penal son casi de la misma edad, pues el COPP es el último hijo legislativo de la IV República. Antes de quedar relegada al triste rol de golpista y saboteadora que ha tenido desde 1999, la clase política puntofijista dejó activada una bomba de tiempo: la reforma de nuestros procedimientos penales.

 

Se suponía que aquello iba a ser la solución a todos los problemas que el sistema judicial venía arrastrando (aunque ahora muchos los niegan y aseguran que vivíamos en un paraíso justo y pacífico), entre ellos la impunidad, la inequidad de la justicia, la lentitud procesal y el hacinamiento de los centros penitenciarios. Como nos ha ocurrido muchas veces a lo largo de nuestra historia, se pensó que adoptando un sistema penal parecido al de países supuestamente muy avanzados, nos convertiríamos en una nación en la que imperarían la ley y la justicia, en una sociedad de jueces con peluca, martillo en ristre, como los que salen en las mentirosas películas que vemos a diario.

 

Es obvio que no ha sido así. Las perversiones del viejo procedimiento penal se han agudizado y hoy tenemos los mismos males de antes, elevados a quién sabe qué potencia. La actitud de la derecha opositora ha sido muy simplista: la culpa, única y exclusivamente, es de la Revolución, obviando el fracaso estrepitoso del COPP (su COPP) como instrumento rector.

 

Aclaremos el punto para no dar lugar a respuestas fáciles: no se puede negar la responsabilidad de quienes han ejercido el gobierno durante casi 17 años. Demos por plenamente aceptada una gran parte de la culpa para el proceso bolivariano, entre otras razones por no haber reformado estructuralmente dicho código. Pero sería un grueso error de análisis  no asignarle también su parte de responsabilidad al infortunado cambio de rumbo que se aprobó en 1998 y que ha favorecido principalmente la impunidad de los delincuentes profesionales y bien asesorados.

 

Detrás del COPP se han amparado incontables malhechores, desde astutos estafadores de guante blanco hasta simples malandros. La mayoría de ellos han logrado beneficios procesales o condenas atenuadas gracias a la labor de profesionales del Derecho en ejercicio privado o en funciones de Estado (fiscales y jueces, principalmente). Como cruel ironía, muchos de esos abogados luego se yerguen como críticos del sistema que les ha permitido hacerse millonarios.

 

Algunos de ellos utilizan los recursos del COPP para sacar a las calles a peligrosos criminales y un rato después están ejerciendo el rol de analistas en algún medio opositor, criticando al rrrégimen por la impunidad reinante.

 

(Clodovaldo Hernández / [email protected])