Al solo insinuar la posibilidad de una acción militar para deponer al gobierno de Venezuela, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, violenta todo el entramado jurídico de ese órgano multilateral, que tiene entre sus principios el no uso de la fuerza y la no intervención.
Almagro, durante su publicitada visita a Cúcuta para conocer “la crisis migratoria venezolana”, fue interrogado por periodistas sobre la posibilidad de una intervención militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro, y respondió que ninguna opción debe ser descartada.
Esa opinión contraviene diametralmente la doctrina oficial de la OEA, que desde su Carta fundacional de 1948 hasta la Carta Democrática de 2001 ha marcado un claro límite a la posibilidad de la comunidad hemisférica de inmiscuirse en asuntos internos de sus estados miembros.
Tal declaración de principios no siempre se ha respetado, pero hasta ahora ningún secretario general u otro funcionario de alto rango en la OEA había sido tan declaradamente partidario de violar esas normas básicas.
De hecho, la OEA condenó declarativamente acciones unilaterales de Estados Unidos contra países de la región, como las de Guatemala, Panamá, Granada y Haití.
Almagro se desdice
Almagro, con esa temeraria afirmación, se contradice, pues en 2015 pidió perdón al pueblo de República Dominicana, a nombre de la OEA, por el oscuro y triste papel que cumplió este ente en la invasión estadounidense a esa nación, cuyo único objetivo fue derrocar al presidente Francisco Caamaño, a quien EEUU consideraba “comunista”.
El secretario general deploró la participación que tuvo la OEA en esa invasión a través de la llamada Fuerza Interamericana de Paz (FIP). «Es el momento de hacer un importante reconocimiento público. La OEA debe ser consistente con los valores y los principios fundamentales de política exterior y de derecho internacional y actuar en defensa de derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Es esencial que la OEA no intervenga en los asuntos internos de los estados y que nada de lo que se haga sea considerado como una injerencia».
Sería recomendable que el secretario se oyera a sí mismo.
La complicidad de la OEA en la invasión estadounidense a República Dominicana fue vergonzosa. El organismo multilateral legitimó la acción militar ordenada por Washington y accedió a conformar una Fuerza Interamericana de Paz, de la que, por cierto, formaron parte soldados enviados por gobiernos dictatoriales de derecha, como Brasil, Paraguay y Nicaragua. En la invasión, perpetrada por más de 40 mil marines, fueron asesinados unos 10 mil dominicanos.
El secretario general de la OEA para esa época era José Antonio Mora, de nacionalidad uruguaya, igual que Almagro.
Antes y después de ese deplorable episodio, la OEA condenó declarativamente otras acciones unilaterales de Estados Unidos contra países de la región, como las de Guatemala, Panamá, Granada y Haití.
Una clase jurídica: cuña del mismo palo
Los límites de la acción de la OEA han sido claramente explicados por un funcionario de la plena confianza de Almagro, el también uruguayo Jean Michel Arrighi, secretario de Asuntos Jurídicos del organismo multilateral, quien suele secundar las posturas de su jefe en torno a Venezuela.
En un trabajo titulado Del No uso de la fuerza y de la No intervención en el sistema interamericano, Arrighi dice: «No uso de la fuerza, solución pacífica de las controversias, asistencia recíproca en caso de agresión, legítima defensa colectiva tal como la autoriza la Carta de las Naciones Unidas, no intervención en los asuntos de otro Estado miembro, son los principios consagrados en la Carta de la OEA. Estos principios ya estaban consagrados en numerosas resoluciones y acuerdos interamericanos anteriores. Para la aplicación de estos principios los órganos principales de la OEA con representación gubernamental son la Asamblea General que es la instancia suprema de la Organización y se reúne anualmente salvo sesión extraordinaria, el Consejo Permanente con representantes en la sede de Washington de todos los Estados miembros, y la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores».
Luego de pasar revista a todas las actuaciones de la OEA (algunas de ellas, como se ha visto, tristemente alcahuetas del intervencionismo belicista de Estados Unidos), Arrighi indica que «cuando se llega a la ruptura del orden democrático en un país, la OEA tiene como única posibilidad la de suspender al Estado por el voto de dos tercios de sus miembros».
La suspensión como medida extrema se aplicó a Honduras, en 2009, cuando fue derrocado el presidente constitucional Manuel Zelaya. Arrighi lo recuerda con una delicadeza muy diplomática, cuando escribe que «los militares lo detuvieron y trasladaron fuera del país, al tiempo que asumía un presidente de facto». En realidad, lo secuestraron y lo abandonaron en Costa Rica, prácticamente en pijama.
La Asamblea General, en cumplimiento del artículo 21 de la Carta Democrática, y por unanimidad, acordó la suspensión de Honduras, lo que no impidió que el gobierno de facto siguiera en ejercicio del poder hasta que, incluso, fue reconocido como legítimo. Zelaya solo pudo volver a su país dos años más tarde.
Arrighi también hace en su trabajo una referencia (igualmente muy delicada) al caso de Venezuela en 2002, en la que hubiera podido ser la primera oportunidad de la OEA para aplicar su Carta Democrática, aprobada el año anterior. Según el abogado de la OEA, el presidente Chávez «fue detenido por un comando militar», pero que como la crisis se resolvió en 48 horas y Chávez volvió al poder, el Consejo Permanente de la OEA no tuvo tiempo de pronunciarse y solo lo hizo después de los hechos. La verdad es que Chávez fue derrocado y secuestrado, y los llamados de las autoridades legítimas de Venezuela y de gobiernos de otros estados miembros para que la OEA se pronunciara, fueron ignorados. De hecho, el gobierno de EEUU se había apresurado a reconocer la legitimidad del mandatario autojuramentado, Pedro Carmona Estanga.
En la conclusión de su trabajo, Arreghi señala que, en su opinión, el principio de no intervención no debe olvidarse. «Por el contrario, ha sido y es un límite que celosamente los países americanos deben ajustar y preservar en sus relaciones mutuas. Son hoy otras las formas posibles de intervención y será nuevamente la instancia regional la que deberá velar por su defensa».
El secretario de Asuntos Jurídicos y el secretario general deberían leer juntos de nuevo este trabajo académico, para refrescar conceptos y recuperar la sindéresis.
(LaIguana.TV)
