Un conjunto de agrupaciones del empresariado venezolano, incluyendo la federación patronal Fedecamaras, ha presentado una propuesta de “acuerdo nacional” orientada a garantizar la convivencia política y que “olvida” mencionar el referendo revocatorio, el mecanismo promovido por los partidos de derecha para intentar desalojar del poder al actual mandatario, Nicolás Maduro.
La propuesta fue presentada ayer (miércoles) en un modesto acto realizado en noreste de la capital venezolano y que, curiosamente, ha tenido una escasa cobertura de los medios de información, mayoritariamente de tendencia opositora.
En lo concreto el documento de diez páginas plantea la necesidad de generar un “Gran Acuerdo Social-Laboral”, que hace énfasis en el reconocimiento del tripartismo como mecanismo de construcción de consensos en lo ecnómico y productivo, y un “Gran Acuerdo Político” que garantice la convivencia política (calificada como “imperosa necesidad”) de las distintas doctrinas e ideologías.
En opinión de las organizaciones que suscriben el Acuerdo, el logro de esos objetivos plantea tres desafíos. “El primero es erradicar la estructura que, en lugar de generar riqueza, crea pobreza y desigualdad. El segundo es superar el modelo rentista petrolero y cambiar el rol del petróleo en la economía y la sociedad y, el tercero se refiere a la reforma del poder político para superar el hiperpresidencialismo, el centralismo y reforzar los poderes regionales, el rol de los partidos políticos y la participación ciudadana”, destaca una nota de prensa.
Vale anotar que la superación del modelo rentista petrolero es la base de la Agenda Económica Bolvariana, el programa económico que impulsa el presidente Maduro desde el mes de enero de este año.
La propuesta no menciona ni directa ni indirectamente la convocatoria de un referendo para revocar el mandato de Maduro, que desde abril se habia convertido en la opción de los principales partidos de derecha para desplazar al actual gobierno. De hecho el planteamiento empresarial no se aproxima a nada parecido a un plan para promover un cambio de gobierno y apuesta al diálogo para alcanzar lo que define como un “acuerdo nacional para el progreso y la paz”.
Los más destacados firmantes de la propuesta son Fedecamaras (organización cúpula del empresariado) y sus agrupaciones sectoriales de la industria, Conindustria, y del comercio y servicios, Consecomercio.
Sin embargo también destaca el aval del Ifedec, un centro de estudios financiado por la decmocracia cristiana alemana y dirigido por el excandidato presidencial socialcristiano, Eduardo Fernández.
Asimismo figura el Centro de Divulgación del Conocimiento Economico para la Libertad (Cedice), un instituto de promoción del neoliberalismo, cuyos directivos avalaron el abril de 2002 el golpe de estado contra Hugo Chávez.
Al respecto hay que recordar el rol protagónico que tuvo el sector empresarial, cuya máxima autoridad gremial, Pedro Carmona Estanga, se autojuramentó como presidente tras la captura de Chávez por los militares golpistas.
