El sábado 13 de julio, Luis Rivera Marín, secretario de Estado de Puerto Rico, anunció su renuncia a causa del escándalo producido luego de la publicación de 889 páginas de Telegram, que mantenía junto a otros altos funcionarios, entre ellos el gobernador de la isla, Ricardo Roselló. El pasado jueves, el gobernador rechazó que fuese a renunciar a su cargo pero, ¿podría enfrentar un proceso de residenciamiento para separarlo del cargo?
“Mi renuncia como secretario de Estado es una obligación moral”, expresó Rivera Marín en una comunicación, al tiempo que enfatizó: “Reitero mi renuncia, pero deseo que la misma no sea vista como que responde a responsabilidad alguna que pueda yo sentir por las expresiones que haya realizado en conversación alguna. Pues, repito, no existe razón que trastoque mi conciencia ni tranquilidad”.
Rivera Marín no ha sido el único allegado de Roselló que ha abandonado su cargo, luego que se hiciera público el contenido del mencionado chat de Telegram donde el gobernador, Ricardo Roselló, junto a sus asesores, utilizaban un lenguaje soez, se burlaban de funcionarios y abordaban temas de la política pública.
Christian Sobrino ha sido otro. Este allegado del gobernador era representante del gobierno ante la Junta de Control Fiscal, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), director interino de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, principal oficial financiero del gobierno (CFO).
También, el asesor de comunicaciones del gobierno, Carlos Bermúdez, renunció a su cargo.
“Ayer le comuniqué a la comisionada residente Jennifer González y hoy en la mañana le reiteré que, para evitar distracciones, he determinado no continuar asesorándole. Lo mismo he hecho con el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló (…)”, expresó Bermúdez.
El futuro de Roselló y Puerto Rico
Después de la filtración del chat de Telegram, algunos miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), alcaldes y legisladores, han pedido la renuncia de Roselló. Si llegara a proceder esta petición, el secretario del Departamento de Estado quedaría al mando de la isla.
No obstante, la secretaría de Estado ha quedado vacante luego de la renuncia de Luis Miranda Marín. En este caso, la Constitución establece que “la ley dispondrá cuál de los secretarios de gobierno ocupará el cargo de gobernador en caso de que simultáneamente quedaran vacantes los cargos de Gobernador y Secretario de Estado”. En este caso, sería la Secretaria de Justicia.
La Constitución dispone que el gobernador puede ser destituido mediante el procedimiento de residenciamiento, que tendría que iniciarse a través de la Cámara de Representantes.
El residenciamiento del Ejecutivo fue un argumento sugerido por el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos Delgado Altieri, cuando se divulgaron las páginas del chat. “La persona residenciada quedará expuesta y sujeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley”, se lee en la Constitución. Además, se explica que el juez presidente del Tribunal Supremo es la persona a presidir “todo juicio de residencia del gobernador”.
“Las cámaras legislativas podrán ventilar el proceso de residencia en sus sesiones ordinarias o extraordinarias. Los presidentes de las cámaras a solicitud por escrito de dos terceras partes del número total de los miembros que componen la Cámara de Representantes, deberán convocarlas para atender tales procesos”, reza la Carta Magna de Puerto Rico.
El mencionado proceso de residencia está establecido en la sección 21 del Artículo 3 del Poder Legislativo de la Constitución de Puerto Rico. Por su parte, las secciones 7, 8 y 9 del artículo 4 del Poder Ejecutivo determinan los pasos a seguir en caso de ausencia de un gobernador.
El gobernador arribó a la isla el pasado jueves. Después de reunirse con los presidentes de los cuerpos legislativos, el senador Tomás Rivera Schatz y el representante Carlos “Johnny” Méndez, de quienes se burlaba junto a sus colaboradores en el chat; se dirigió al estado asociado con un discurso donde pedía disculpas por el chat y aseguraba su determinación a perseguir la corrupción.
El 12 de julio, Roselló se dedicó a pedir disculpas a los legisladores, alcaldes, jefes de agencia y la comisionada residente Jennifer González.
“Telegramgate”: Hechos y protagonistas
La publicación de las 889 páginas que contiene el chat del gobernador Roselló con sus colaboradores a los que llama “brothers”, fue publicado y validado por el centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPI).
El CPI obtuvo esta información a través de una fuente que solicitó permanecer en el anonimato. Los periodistas Luis Valentín y Carla Minet fueron quienes examinaron el chat y suministraron la información, acompañada de un texto.
“El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló Nevares y sus más cercanos colaboradores, sus ‘brothers’ según los llama, realizaron trabajo político partidista en horas laborales y utilizando recursos públicos desde un chat de Telegram, donde el grupo orquestaba cómo manejar la narrativa política a través de las redes sociales y medios de comunicación del país”, expresa el texto de los periodistas Valentín y Minet.
El chat estuvo integrado por el gobernador Roselló Nevares, los contratistas Edwin Miranda, Rafael Cerame y Carlos Bermúdez, así como el cabildero de empresas privadas, Elías Sánchez. También eran parte del chat el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado y el actual representante del Gobierno ante la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino.
Los comentarios de los “brothers” se iniciaron a finales de 2018 y concluyeron el 20 de enero de 2019.
El escándalo del chat explotó mientras Roselló Nevares vacacionaba junto a su familia en Europa y se producían arrestos por el FBI de exfuncionarios y asesores asociados a la administración. Las detenciones, ordenadas por un gran jurado federal, se realizaron el pasado miércoles por los siguientes cargos: fraude, lavado de dinero, conspiración para cometer fraude y hurto de dinero a la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila; a la exsecretaria de Educacion, Julio Keleher; a los contratistas Fernando Scherrer, Alberto Velásquez Piñol y Mayra Ponce Mendonza; así como a la exayudante de Keleher, Glenda Ponce Mendoza.
(LaIguana.TV)
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