En Chile, según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM), hay 1,2 millones de migrantes, lo que equivale al 7 % de la población. Los ciudadanos venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Una comunidad migrante que ha aumentado en forma permanente en los últimos 5 años.
Jesús Díaz llegó en 2017. Vino de Venezuela con su esposa, animado por amigos de barrio que ya vivían en Chile y se sentían «bien acogidos». «‘Es un país muy tranquilo, con oportunidades’, me dijeron mis vecinos», recuerda a Sputnik. Actualmente, trabaja en un local de comida rápida.
«Cuando llegué tenía la esperanza de que en algún momento podría trabajar en mi profesión, hoy no estoy seguro, porque con todo este tema de las protestas no sé qué va a pasar con los trabajos, porque ha habido muchos despidos, y cierre de muchos locales, tengo dos conocidos que fueron despedidos por lo mismo», agrega.
Díaz tiene suerte. Con el joven haitiano Emile, con quien Sputnik también conversó, fue diferente. Acaba de ser despedido de una empresa constructora. «Ahora estoy buscando otro trabajo porque me avisaron, me dijeron que por los problemas que había, no podían seguir trabajando conmigo», cuenta, en un pausado español. «He trabajado en jardines, en la construcción y en limpieza desde que llegué», completa.
Desempleo, migración y estallido social en Chile
Para Víctor Hugo Lagos, jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en las zonas de Arica y Parinacota (norte de Chile), todavía no se puede relacionar precisamente el estallido social con el desempleo de migrantes, si bien reconoce las dificultades actuales para los extranjeros.
«Hay casos de personas que quieren irse, decisión vinculada a las limitantes en lo laboral que ha generado el estallido, aunque aún no es una tendencia», remarca Lagos, quien también ha integrado el área jurídica del Servicio Jesuita de Migrantes, en entrevista con Sputnik.
«Hasta hace poco era más fácil encontrar un trabajo, pero ahora el tema se está haciendo complicado. Los comercios y las empresas pequeñas no están produciendo como antes, por lo que necesitan menos empleados, o han recortado», observa, en diálogo con Sputnik, la peruana Claudia Huenuman que lleva cinco años en Chile.
José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, explica a Sputnik que es aún muy pronto para sacar conclusiones definitivas, pero señala que «ha habido una pérdida importante de puestos de trabajo, no podríamos decir si ha afectado más a la población migrante o chilena, en el caso de la construcción al ser un sector con un alto porcentaje de población migrante, más del 15 %, probablemente haya afectado más ahí».
Lo cierto es que, desde el 18 de octubre, el total de desvinculaciones laborales por necesidades de la empresa (artículo 161 del Código de trabajo) ya alcanzan los 176.621, segun datos de la Dirección del Trabajo de Chile, y que corresponde a casi el más del doble de lo registrado en el mismo período del 2018. Un resquicio que ha favorecido a las empresas desde su promulgación en dictadura y que ha sido denunciado en forma permanente por las asociaciones de trabajadores.
¿Cómo afecta la economía el estallido social en Chile?
El Banco Central indicó que tras el estallido social del pasado 18 de octubre, el PIB del país crecería un 1 %, muy por debajo del 2,25% a 2,75% que estimó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre para todo el 2019. El mismo documento ya contemplaba que tanto el consumo como la inversión tendrían «variaciones anuales negativas en la última parte de 2019».
Sobre el año 2020, las proyecciones de IPoM «se construyen en un contexto de mayor incertidumbre que la habitual» producto de la crisis social, la entidad bancaria proyectó que el PIB de 2020 crecerá entre 0,5 % y 1,5 %, por debajo del rango entre 2,75 % y 3,75 % estimado en mismo mes de septiembre.
Estas cifras a la baja según los especialistas repercuten en los migrantes que son uno de los colectivos «más vulnerables» en las crisis, aunque igual «todavía no es momento de sacar conclusiones positivas o negativas respecto a esta población», en opinión de Lagos.
De acuerdo al estudio Voces Migrantes, realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes tras la crisis la intención de nacionalizarse de los extranjeros bajó de un 42,5 % a 31,6 %, y en la misma línea, la proyección de mantenerse en el país descendió de un de 44 % a 35,3 %.
«Nosotros hicimos una encuesta a nivel nacional, y si bien disminuye el deseo de quedarse a vivir para siempre en Chile, aun así, el porcentaje es del 35 %, o sea el 35 % quiere quedarse y es una decisión tomada», señala Vicuña.
Otro dato relevante en la encuesta y relacionado al tema laboral es que antes de las crisis un 83 % de los consultados decía que se quedaría en Chile incluso si quedaba sin trabajo. Sin embargo, después del inicio de las protestas esa cifra bajó a un 75 %.
Jesús es de los migrantes que está en la disyuntiva de quedarse o buscar otro destino para vivir. «Vine porque quería unas mejores oportunidades, hoy no sé qué pueda pasar, y la verdad, aunque puedo entender que los chilenos exijan cosas, yo había llegado a un país que pensaba estaba bien».
Para Emile, la decisión es clara, «me quiero quedar, tengo varios amigos haitianos y los chilenos me han recibido bien. Quiero aportar sobre todo ahora».
Vivir en Chile: ¿cómo se sienten los extranjeros?
Un aspecto importante que revela este estudio es que tras el estallido la percepción ante la pregunta «¿cuán incluido o parte de Chile se siente?» creció. Hubo un aumento del 26,9 % al 33 % en el índice de quienes se sienten casi o totalmente incluidos. También hubo un alto interés de participar en las próximas elecciones, donde el 55 % de la población migrante habilitada para sufragar se mostró interesada en hacerlo.
«Participé en el cabildo que se hizo cerca de mi casa, y pude entender mejor que es lo que piden los chilenos sobre todo por el tema de las pensiones y la salud. Además, el tema de la migración y de los indígenas estaba en la tabla y pude dar mi opinión, fue superbonito», cuenta emocionada Huenuman.
«Hay un mayor temor a posibles represalias por la visa temporaria para renovarla o para firmar, piden no participar en política interna. Ese es un requisito que pide extranjería y que no ha clarificado qué significa participar eso. Pero repercute en el temor que puedan sentir las personas migrantes, como toda o la gran mayoría de la ciudadanía chilena necesita y desea nuevas reformas estructurales que beneficien no solo a la población chilena sino a las personas más vulnerable del país», destaca Vicuña.
«Efectivamente al momento de un migrante renueva una visa en Chile, en el formulario de renovación, hay una especie de compromiso que va vinculado a la firma de la persona que habla de actos que puedan molestar al gobierno, impidiendo que las personas participen de alguna forma, de la vida política o instando a que no lo hagan. La pregunta que surge es ¿qué se entiende por eso? El derecho a manifestarse es un derecho humano que no puede limitar una oficina, pero lo sugiere», explica Lagos.
Lo cierto es que más miles de chilenos han ejercido ese derecho en estos meses, y muchos migrantes se han sumado pensando en mejorar Chile. Otros están pensando migrar nuevamente, lo que también es otro derecho humano que Chile lo tiene establecido en dos tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
«Cualquier persona puede circular libremente por el país y cualquier persona puede salir del país, entrando a otro, resguardando las leyes del propio país», concluye José Tomás Vicuña.
(sputniknews.com)
