En el marco de la cuarentena obligatoria que rige en Perú por el coronavirus, el Gobierno de Martín Vizcarra eximió de responsabilidad penal a policías y militares que salgan a patrullar las calles. 

 

La medida, aprobada por una comisión especial del Congreso y publicada el viernes en el Boletín Oficial, ya generó el rechazo de organismos de Derechos Humanos, ante la posibilidad de que se registren abusos en el uso de la fuerza. 

 

En concreto, la ley otorga «protección legal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú» (PNP) que, «en ejercicio regular de su función constitucional, y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte«.

 

La normativa también prohíbe la detención preliminar judicial y la prisión preventiva del uniformado que afronte un proceso legal. Y establece brindarle un servicio de asesoría y defensa legal gratuita. 

 

La reacción de los organismos de DDHH

 

Este lunes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó «preocupación» por la medida. Y recordó al Gobierno que el uso de la fuerza debe ser «excepcional y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad», con el objetivo de «reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse».

 

También reaccionó contra la decisión la directora de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro: «Cualquier mensaje que pueda ser interpretado como carta blanca al uso de la fuerza y la impunidad, sería de suma gravedad. Alentamos el cumplimiento de las normas para evitar la propagación del covid-19, pero siempre garantizando el respeto y la protección de los derechos humanos», señaló la titular del organismo en el país.

 

Por su parte, el abogado José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó que la ley de ‘Protección policial’ (31012) que aprobó el Congreso de Perú es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y podría incentivar abusos policiales. «Ojalá los tribunales la declaren inconstitucional», manifestó desde su cuenta de Twitter.

 

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú (CNDDHH), indicaron que la normativa es inconstitucional, y que además fue «aprobada por un Congreso disuelto», sin debate, dada la situación política que atraviesa el Parlamento desde que fue cerrado por el presidente. 

 

Asimismo, rechazan que la ley derogue el principio de proporcionalidad que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, establecido en el Código Penal. Por todo ello, hacen «un llamado a las y los jueces y al Poder Judicial para inaplicar esta norma», hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie al respecto. 

 

Desde que se puso en práctica la cuarentena, más de 26.000 personas han sido detenidas por presuntamente violar la restricción de circulación, que fue extendida por el Ejecutivo hasta el 12 de abril.

 

«Piénsenlo dos veces antes de salir, porque van a recibir todo el peso de la ley», manifestó Vizcarra durante un discurso pronunciado el sábado. El mandatario advirtió que quienes no respeten la medida serán sometidos a un proceso penal, con la posibilidad de ir a prisión y recibir una multa. 

 

(RT)

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