En un reportaje publicado por la agencia AFP, se narran las vicisitudes que pasan las trabajadoras sexuales en Colombia, que se ven forzadas a violar la cuarentena para procurarse algún dinero que les permita subsistir en medio de la pandemia de coronavirus, aunque ello signifique poner en riesgo su propia salud.
Ana María, Estefanía y Luz Amparo. Tres mujeres colombianas, que aparte de su nacionalidad, comparten condiciones y oficio: son pobres y han hecho del comercio sexual su profesión, por lo que el encierro que impone la cuarentena las obliga a hacer malabares, a buscar ayuda entre familiares y amigos e incluso, a salir a las calles, mientras las cuentas se acumulan y la despensa se vacía. Están desesperadas.
Quien debe buscarse el pan y pagar un alquiler –arriendo, como le dicen en el vecino país– con lo que percibe a diario, es capaz de desafiar prohibiciones para echarse a la calle, cuyo incumplimiento acarrea multas e incluso cárcel, aunque ello implique que eventualmente puedan enfermar de Covid-19, que en Colombia suma ya más de 3.000 infectados y 131 fallecidos.
Es esa y no otra la situación de miles de mujeres dedicadas al comercio sexual en Colombia: se debaten entre la subsistencia y el resguardo de su salud.
Ana María tiene 46 años. Vive en Faticavá, un municipio de las afueras de Bogotá y guardó cuarentena hasta el pasado 3 de abril, cuando decidió hacer “un domicilio” –servicio sexual en la casa de un cliente– porque el gas doméstico estaba a punto de terminársele y ya casi no tenía alimentos.
Arriesgó su salud por poco menos de diez dólares, pero no tenía alternativa. A Ana María no le han llegado las ayudas económicas prometidas por el Gobierno de Duque. “¿Qué hago? Morirme de hambre no puedo”, le dijo a AFP mientras relataba su situación.
Cuando golpean la puerta de su vivienda, sabe que lo más probable es que se trate de alguna compañera cuyos hijos están hambrientos. Sin embargo, ya no tiene cómo ayudar.
La secretaria distrital de la Mujer de la ciudad de Bogotá, Diana Rodríguez, indica que según cifras que datan de 2011, en la capital se dedican al trabajo sexual 7.094 personas. No existen cifras nacionales.
La organización sindical no minimiza la exclusión de su gremio
El Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia agrupa a 2.215 afiliadas. Fidelia Suárez, una sexagenaria que dirige la organización tiene la disposición y la paciencia para atender a las mujeres que la llaman a horas intempestivas clamando por ayuda. Ella, que también es sostén de hogar, sabe bien de qué se trata.
“Algunas están a punto de pasar hambre o de que las saquen de donde viven porque no tienen para lo del arriendo”, cuenta. Esto sucede a pesar de que están prohibidos los desalojos mientras dure el confinamiento.
Suárez responsabiliza sin empachos a las autoridades de la situación crítica por la que atraviesan las trabajadoras sexuales, para quienes reclama “soluciones concretas”, señalando que solo las recuerdan “en épocas de politiquería”.
Mujeres en medio de una emergencia silenciosa
Pese a los apremios económicos, Luz Amparo, trabajadora sexual de 49 años, prefiere no arriesgarse a enfermar. Comparte la casa con dos hijos y cuatro nietos y en este momento todos están subsistiendo gracias a la caridad de algunos conocidos.
Sin embargo, le confesó a AFP que sí ha intentado contactar a sus amigos –como llama a sus clientes–, pero ninguno se ha animado a salir “porque les da miedo”.
En el filo de la navaja está Estefanía, una prostituta de 29 años residente en Medellín. Sale a la calle a buscar dinero que le permita pagar el alquiler de la minúscula pieza en la que reside, sufragar su comida y enviarle dinero a sus tres hijas.
“Hoy me toca salir para pagar lo de la pieza (habitación). Debo dos días (…) no sé cómo pero tengo que pagar”, le relató a AFP. Paga unos 5,4 dólares por mes pero el propietario rebajó el precio a la mitad, como una forma de colaborar con sus inquilinos, dados los efectos económicos que ha dejado la pandemia en los más vulnerables.
Para la joven es particularmente duro, pues sus ingresos se vieron mermados drásticamente desde que inició la cuarentena. Refiere que solía ganarse unos 50 dólares por noche prestando tres servicios, pero ahora, pese a que sale al mediodía a surcar las calzadas, lo que consigue está muy lejos de esa cifra.
Antes de volver a la calle a trasegar clientes cada vez más escasos, intentó vender dulces y hasta drogas, pero se asustó cuando la policía estuvo a punto de capturarla en medio de una transacción ilícita. Para ella, la cuarentena es una amenaza que pone en riesgo su propia subsistencia, no una garantía para su salud.
“Hay que pagar pieza, comida, son muchos problemas los que vienen. Catorce días más, imagínese”. Eso es lo que piensa de la extensión de las medidas de distanciamiento social que decretara el gobierno de Iván Duque.
Del lado de las instituciones, la secretaria distrital de la Mujer en Bogotá, aseguró: “Estamos articulando acciones y sumando esfuerzos para que las personas que realizan actividades sexuales pagadas y que se encuentran acatando el confinamiento en sus lugares de residencia sean beneficiarias”.
Pero Estefanía vive en Medellín y no en la capital neogranadina. A ella no le llegará el subsidio de “entre 30 y 60 dólares” que promete la funcionaria. Tampoco le llegan los alimentos que, con gran esfuerzo y compromiso reparte Fidelia Súarez entre sus colegas bogotanas. Ella debe seguir caminando sobre un farallón, en espera de no caer.
(LaIguana.TV)
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