Desde que comenzó la crisis sanitaria por el coronavirus, más de 56 mil venezolanos que habían emigrado a Colombia decidieron retornar a su país de origen, golpeados por la falta de empleo y la imposibilidad de sufragar sus gastos.

Otros 15 mil,  una cifra en la que coinciden el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el director de Migración colombiano, Juan Francisco Espinosa, están esperando en los pueblos fronterizos —durmiendo en el piso, sin dinero y soportando las arbitrariedades del clima— para volver a sus hogares, tras largas travesías a pie, en mula, camiones y autobuses.

En Bogotá, el panorama es similar. Desde el 26 de mayo, casi 500 venezolanos, entre ellos 115 niños, quince adultos mayores y quince embarazadas, construyeron 40 carpas de plástico y palos para permanecer cerca del llamado ‘Terminal Satélite Norte’, hasta que las autoridades colombianas activen autobuses que les permitan acercarse a Venezuela.

Beatriz Terán, quien asumió el liderazgo de esta especie de «campamento», destacó que la mayoría los venezolanos que ahora se alojan allí perdieron su empleo con la llegada de la pandemia. Debido a la falta de recursos económicos, fueron desalojados de sus viviendas y con el poco dinero ahorrado, solo pudieron viajar hasta ese punto.

La situación allí es difícil. En entrevista con El Espectador, Terán contó que en varias ocasiones han querido robarlos, y un hombre, ajeno al grupo, fue atrapado mientras intentaba violar a una adolescente.

Un flujo abismal

No obstante, el retorno desde Colombia también tiene otro costado complejo. El creciente flujo de connacionales que regresan a su país ha disparado la tasa de contagios de coronavirus en Venezuela, por lo que el Gobierno del Nicolás Maduro implementó un toque de queda, con el que solo se permite el ingreso por la frontera terrestre desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Aunque ese control se establece en las casetas de paso regular, muchos venezolanos optan por acudir a las mafias fronterizas que cobran unos 100 dólares para permitirles el ingreso a través de caminos ilegales, mal llamados «trochas».

La política del Gobierno de Maduro ha sido ralentizar el flujo de gente que ingresa al país para garantizarles la atención, sin rebasar la capacidad del personal venezolano ubicado en los denominados ‘Pasos de Atención Social Integral’ (PASI), donde se les practica la prueba de diagnóstico de covid-19, entre otras evaluaciones médicas.

Por esta misma razón, Colombia decidió disminuir el traslado de migrantes en autobuses hacia la frontera, con el objetivo de evitar la aglomeración en las poblaciones limítrofes. No obstante, los venezolanos continúan llegando.

El alcalde de Cucutá, Jairo Yañez, advirtió el pasado 10 de junio que «los venezolanos están llegando en buses sin permisos, con sobreocupación, incluso desde países como Perú y Ecuador, con niveles de desnutrición y sistemas inmunes muy afectados».

«No hay»

Ante este panorama, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aseguró que se reforzarían los «mecanismos para impedir que personas inescrupulosas abusen de los migrantes».

«Tenemos hambre, tenemos sueño, tenemos cansancio, tenemos desesperación, hay niños pasando trabajo, hay gente con problemas en las piernas», dijo a medios locales, Yofran Bracho, un albañil venezolano que lleva varios días en el sector ‘La Parada’, en Cucutá.

El Gobierno de Colombia alega no tener recursos para ayudar a los venezolanos, e incluso hizo una nueva solicitud de dinero a la comunidad internacional para tal fin.

Ante esa petición de Colombia, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, lamentó que se vuelva a utilizar la migración de sus compatriotas «para otra rebatiña por recursos». «La verdadera necesidad de fondos debería ir a la repatriación y reinserción (de) venezolanos, que hoy regresan por millares», consideró.

Hasta el momento, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali y Tame son las ciudades colombianas donde más venezolanos han emprendido su regreso a casa. Sin embargo, muchos de estas personas prefieren esperar en la calle antes que acudir a las mafias fronterizas que operan en los más de 2.200 kilómetros de territorio limítrofe.

El pasado 6 de junio, el protector del fronterizo estado Táchira, Freddy Bernal, informó el desmantelamiento de tres estructuras mafiosas, mientras que Maduro ha reiterado la advertencia para que los retornados no acudan a esas organizaciones ilegales para cruzar.

Además del riesgo para la seguridad de los connacionales que desean retornar, se suma la presencia de focos de coronavirus. Uno de los más notorios está activo en una comunidad de indígenas pemones, en el fronterizo estado Bolívar, que ha sido generada por «venezolanos infectados que ingresan ilegalmente» desde Brasil.

De los dos mil 738 contagios de coronavirus que reporta Venezuela hasta ahora, solo 556 casos son comunitarios, mientras que mil 490 corresponden a connacionales que volvieron de Colombia y 195 de Brasil.

(RT)

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