La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), es un centro de estudios y promoción de los derechos humanos en América que recientemente emitió un informe sobre cómo las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el régimen de los Estados Unidos contra Venezuela, han deteriorado profundamente la calidad de vida de los venezolanos.

Wola, fundada en 1974, se define como una organización sin fines de lucro con sede en Washington, y publicó su trabajo sobre la situación en Venezuela el pasado 29 de octubre de 2020.

Según indica la plataforma de periodismo de datos La Tabla, el mencionado documento fue escrito por el economista venezolano de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Luis Oliveros, quien utilizó como fuentes «evaluaciones privadas, datos no oficiales y cifras disponibles públicamente».

Explica La Tabla a través de Twitter que Oliveros «midió el impacto en la industria petrolera, en la importación de alimentos, medicinas, combustibles y otros bienes esenciales».

El estudio citado por La Tabla sostiene que la crisis en Venezuela comenzó en 2017, cuando ya el país había sido declarado «amenaza extraordinaria» por el gobierno de Barack Obama. En ese sentido, resalta que las medidas coercitivas, calificadas por el Gobierno de Donald Trump como ‘sanciones’, «contribuyeron directamente al mayor deterioro de la calidad de vida de los venezolanos».

Sanciones no son personalizadas y afectan a los más vulnerables

«Es inexacto afirmar que las sanciones no tienen un impacto generalizado sino personal. Cobran un precio cada vez mayor en la población y afectan sobre todo a los más vulnerables. Las élites económicas, políticas y militares parecen estar aisladas de los efectos de las sanciones», explica La Tabla sobre lo que resalta el informe WOLA.

Agrega que «el caos económico es mucho peor que en 2017 y el país no parece estar más cerca de una solución pacífica y democrática».

Además, «las sanciones han dejado pérdidas entre 17.000 millones y 31.000 millones de dólares en ingresos para el Estado venezolano».

En una declaración, el ex asesor de seguridad de Estados Unidos entre 2018 y 2019, John Bolton, estimó que las pérdidas en Venezuela en 2019 superaron los 11.000 millones de dólares.

«La disminución de la producción de petróleo en Venezuela tiene sus raíces en años de mala gestión y corrupción. Las importaciones públicas mensuales promedio cayeron 46% en 2019, a 500 millones y otro 50% en 2020, a 250 millones«, cita el informe difundido por La Tabla.

Además, dice la investigación que «grupos de derechos humanos, organizaciones humanitarias y empresas privadas han cerrado cuentas bancarias y han visto denegadas o congeladas transacciones legítimas».

También concluye que «los políticos estadounidenses deben repensar las sanciones y limitar su impacto».

La Tabla agrega que el pasado 1 de septiembre WOLA «se unió a 115 organizaciones e individuos venezolanos para instar a Estados Unidos a abstenerse de ampliar las sanciones para restringir el flujo de diesel en el país».

«Pensaron que eran medidas a corto plazo que conducirían rápidamente a una transición democrática. Pero han lastimado al pueblo venezolano más que al gobierno. Es hora de reconsiderarlas”, dijo David Smilde, investigador principal de WOLA.

(LaIguana.TV)

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