Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), salió al paso a las acusaciones que formulara en su contra la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de un informe intitulado: “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”. 

 

En el documento, la OEA reclama una aparente falta de diligencia de la Fiscalía de La Haya para procesar las denuncias consignadas por ese ente, relacionadas con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y denuncia que la instancia presidida por Bensouda, “no ha actuado en forma imparcial y objetiva con arreglo a su mandato y a sus propias directrices estratégicas y de política, incluyendo respecto de los alcances de sus constataciones a la fecha”, recoge un comunicado de la oficina de la Fiscal divulgado parcialmente este martes por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. 

 

De su lado, la fiscal se defendió de las injurias de la OEA, señalando que “la Fiscalía lamenta el tono y la forma del informe emitido por la Secretaría General de una organización internacional con la que la Fiscalía y la Corte como un todo esperan cooperar en un espíritu de buena fe y de colaboración mutua” y aunque resalta que se “comprende la frustración que parece motivar el informe”, “debe permitirse también a la Fiscalía llevar adelante su trabajo en forma independiente e imparcial, sin ataques a la integridad de la Fiscal o de la Fiscalía”. 

 

Asimismo, ante las presiones y acusaciones por parte de la oficina de Luis Almagro, Bensouda recordó que “el objetivo principal de un examen preliminar es determinar si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir las investigaciones. La tarea de la Fiscalía no es informar o tomar parte en un mapeo comprensivo de todos los presuntos crímenes que se hayan cometido en una situación, tarea para la cual no solo otras entidades son más competentes o más adecuadas, sino que haría el proceso de examen altamente ineficiente”. 

 

No es la primera vez que la fiscal gambiana Fatou Bensouda es atacada por no dictaminar en la dirección y en los tiempos que la Casa Blanca desea. 

 

En septiembre, el secretario de Estado, Mike Pence, aseguró que la CPI era un órgano “corrupto y la acusó de adelantar “intentos ilegítimos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción”, luego de que Bensouda promoviera una investigación en contra de los Estados Unidos por la comisión de presuntos crímenes de guerra en Afganistán y anunció que Washington prohibiría la entrada de la funcionaria y sus familiares a los Estados Unidos y bloquearía todas sus cuentas y bienes en ese país. 

 

El Ejecutivo estadounidense, como se recuerda en un trabajo periodístico del Correo del Alba, acostumbra a imponer esta clase de sanciones a individuos relacionados con actividades criminales o a enemigos políticos.

 

En noviembre de 2017, la fiscal presentó ante la Sala Preliminar de la CIP, un documento con la “exposición de motivos” que daban soporte a la tesis de que miembros del Ejército de los Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) desplegados en Afganistán, habían cometido crímenes de guerra desde 2003, en el marco de “interrogatorios secretos” llevados a cabo en el país centroasiático. 

 

En abril de 2019, la causa sufrió un revés, pues la Sala Preliminar, aparentemente presionada por los Estados Unidos, desestimó la solicitud de Bensouda, pero en marzo de 2020, la Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional dictaminó que había suficientes indicios para investigar la presunta comisión de crímenes de guerra de Estados Unidos en territorio afgano. 

 

 

Fatou Bensouda, nacida el 31 de enero de 1961, es oriunda de Gambia y creció en su capital, Banjur, en el seno de una familia musulmana polígama en la que había más de una docena de niños. 

 

De acuerdo con los datos recabados por el Correo del Alba, desde la adolescencia se sintió llamada a buscar justicia para los más débiles, llegando al punto de asistir a los tribunales locales para seguir los juicios luego de su jornada escolar. 

 

Cursó estudios de Derecho en Nigeria y volvió a Gambia en 1987, donde se desempeñó como abogada y fiscal. En ese período obtuvo un máster en Derecho Marítimo Internacional y Derecho del Mar. Es considerada la mayor experta de su país en la materia. 

 

Hizo carrera en las instituciones gambianas, pasando del Consejo de Estado del expresidente Dawda Jawara en 1987, a la secretaría adjunta de la Fiscalía en 1994. Este fue el inicio de una prolongada carrera en altas instancias judiciales, que incluyen la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia. 

 

En paralelo, Bensouda se ha desempeñado en distintos cargos dentro del sistema de justicia internacional, siendo el primero de ellos el de asesora jurídica y abogada litigante en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En esa labor, alcanzó a ejercer como asesora jurídica principal y jefa de la dependencia de asesoramiento jurídico. 

 

Con una reputación ya labrada en la CPI, en 2004 fue designada Fiscal Adjunta en la Asamblea de los Estados Miembro y sucedió a Luis Moreno Ocampo, entonces Fiscal General de la Corte, cuando este se jubiló en 2012. 

 

Además del caso de Ruanda, también ha estado a cargo de las acusaciones por crímenes de guerra presuntamente cometidos por Joseph Kony, líder del Ejército de Resistencia del Señor y Thomas Lubanga en la República Democrática del Congo. 

 

Fatou Bensouda ha sido reconocida por sus labores al frente de la Fiscalía de la CPI. En 2009 fue galardonada con el Premio Internacional de Juristas por “sus contribuciones a la legislación penal, tanto a nivel nacional como internacional” y en 2012, la revista Times la incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo.