A propósito de la primera audiencia convocada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro reafirmó su posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de esta instancia para resolver la controversia e insistió en que esta debe resolverse a través de medios pacíficos y políticos.
En un comunicado leído por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en Caracas, reafirmó que no ha dado su consentimiento para que la CIJ intervenga y aclaró que su participación en las convocatorias realizadas por el Tribunal obedecen a razones de cortesía.
El Gobierno Bolivariano también ratificó que no reconoce «la demanda unilateral de Guyana», en tanto esta «lesiona el sentido, propósito y razón del Acuerdo de Ginebra», vigente desde 1966 y en el que se que estipula «un arreglo práctico y mutuamente satisfactorio para las partes, mediante negociaciones amistosas».
«Venezuela aprovechó la cordial ocasión para reiterar que no compareció en la fase abierta por la Corte para determinar su jurisdicción sobre la demanda de la República Cooperativa de Guyana, porque lo correspondiente ha sido enfatizar su oposición, a falta de su consentimiento al curso judicial que se le ha concedido a dicha acción unilateral», se indica en otra parte del texto.
También «expresó su preocupación» por las prisas impuestas sobre el procedimiento, a pesar de su trascendencia. En las prisas, argumenta, se ha pretendido dejar de lado la situación pandémica que atraviesa la humanidad, así como el hecho que el país se encuentra sometido a la imposición de medidas coercitivas unilaterales, «que perturban el normal desarrollo de la vida nacional y menoscaban la capacidad de garantizar los derechos de la República».
La decisión de la CIJ del pasado 18 de diciembre, según explica el gobierno de Venezuela, «ha originado una situación de hecho cuyas consecuencias debe ponderar con el tiempo suficiente, de modo que los derechos soberanos de la República estén al mejor resguardo tal y como lo mandata la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dado que, todo asunto que toque, aun tangencialmente, la integridad territorial de la República, convoca a su más comprometida reacción dentro del marco del Derecho Internacional Público».
De otro lado, Venezuela «denunció la instigación y la indebida intromisión de la dolosa ambición de las trasnacionales energéticas en esta controversia», que han hecho del territorio en disputa, rico en recursos naturales, un punto de amenaza para «la vida planetaria, la paz y la seguridad regional».
El gobierno venezolano comunicó, asimismo, que realizó un «nuevo llamado» al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, «para que reanime los mecanismos de negociación directa entre Guyana y Venezuela, tal como él mismo lo ha ofrecido en su última comunicación de fecha de 28 de enero de 2021».
(LaIguana.TV)
#COMUNICADO | Hoy atendimos por cortesía a una solicitud de la Corte Internacional de Justicia, para conversar sobre la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ratificamos la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra como única vía para un acuerdo práctico y satisfactorio pic.twitter.com/WUyDtwcqYN
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) February 26, 2021
