El pasado viernes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la suspensión del financiamiento con fondos públicos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que operan en el país, luego de que la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) informara que reorientará los recursos que antes destinaba a San Salvador hacia organizaciones de la «sociedad civil». 
 
«Las ONG cambian de nombre, ahora se llaman OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil)», ironizó el mandatario en Twitter, medio habitual por el que comunica sus decisiones de Estado. Añadió que el cambio de denominación de las ONG por parte de la agencia estadounidense, obedece a que el término «ya estaba muy desprestigiado».
 
Las relaciones entre San Salvador y Washington se volvieron particularmente cercanas durante la administración Trump, pero tras el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca, entraron en una escalada de tensiones, luego de que el pasado 2 de mayo, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por fuerzas aliadas a Bukele, destituyó al Fiscal General, Raúl Melara y a los cinco magistrados de la Sala sobre lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
 
La decisión generó una ola de críticas en la comunidad internacional, que la valoró como un indicio del viro autoritario que estaría tomando el gobierno del país centroamericano, particularmente en lo relativo al respeto al Estado de derecho y a la independencia entre los poderes públicos. 
 
A pesar de los cuestionamientos, el presidente salvadoreño defendió la decisión de la Asamblea Legislativa y advirtió a terceros países y a instancias multilaterales que no toleraría interferencias.  
 
«A nuestros amigos de la comunidad internacional: queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca, pero con todo respeto: estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia», escribió entonces. 
 
En aquel momento, su respuesta a las presiones hizo que diversos analistas alertaran que la administración Biden, que no simpatiza particularmente con él, empezaría a ejercer presiones para hacerle volver al redil, pues El Salvador es un enclave fundamental para desarrollar las políticas estadounidenses en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.  
 
Estos vaticinios parecen haberse cumplido. RT reseña que «la directora de USAID, Samantha Power, recalcó su ‘profunda preocupación’ por esas resoluciones del gobierno de Bukele». En un comunicado, la agencia destacó que existían «preocupaciones mayores en materia de transparencia y rendición de cuentas» en El Salvador, razón por la cual optaron por «reconducir» el financiamiento que antes destinaran a instituciones públicas hacia organizaciones de la sociedad civil».
 
Por su parte, en tono sardónico, Bukele replicó que era «bueno» que las OSC recibieran «financiamiento extranjero», puesto que «del pueblo salvadoreño no recibirán ni un centavo». «Cada quien invierte en sus prioridades», añadió.
 
A pocas semanas del controvertido dictamen parlamentario, el gobernante reiteró que «los cambios» que adelanta su administración «son irreversibles». «No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos», sostuvo.
 
De acuerdo con RT, algunos analistas temen que su intransigencia, aunada al deterioro de las relaciones con Estados Unidos, «abra la puerta a la imposición de sanciones por parte de la Casa Blanca al país centroamericano». 
 
(LaIguana.TV)
 

 

 

Artículos relacionadosMás del autor