América Latina está encendida: los resultados de las elecciones presidenciales en Perú y de medio período en México, junto a los vientos de guerra civil que azotan a Colombia, mantienen en ascuas a la región.
Luego del fin de semana de votaciones en Perú y México y la continuación de la violencia en Colombia, el programa Desde Donde Sea, de Miguel Ángel Pérez Pirela, abordó las tres realidades nacionales en su conjunto.
Perú
Sobre Perú, el moderador se mostró cauteloso. Para la hora de emisión del programa (noche del lunes 7 de junio) todavía no se podía hablar de resultados irreversibles, así que fue mostrando la evolución que tuvo lo que calificó como “una carrera con final de fotografía”.
En boletines emitidos durante el día por la Oficina Nacional de Procesos Electorales se observó cómo el candidato Pedro Castillo, del partido Perú Libre, fue reduciendo la ventaja que le llevaba Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que había amanecido punteando los conteos. En la medida en que se fueron contabilizando los votos rurales, Castillo pasó al primer lugar.
En uno de los partes de la autoridad electoral, Castillo tenía 8 millones 523 mil 267 votos equivalentes al 50,24%, mientras Fujimori tenía 8 millones 441 mil 414, para un 49,65%.
El número de votos y sus correspondientes porcentajes se fueron incrementando durante la poco más de hora y media que duró el programa. Al final, la ventaja de Castillo estaba alrededor de los 92 mil votos y 0,5%.
Usuarios desde Lima, como Lupito Lupito, reportaron que tan pronto se conoció el ascenso al primer lugar de Castillo, subieron los precios y la cotización del dólar. La Bolsa de Valores de Lima sufrió un desplome. “Tan pronto pasó a la delantera, cerraron la bolsa por 30 minutos, subió el dólar y el euro, subieron los precios y están sacando las divisas”.
El consecuente participante Diógenes alertó sobre un posible fraude en contra del abanderado que está en trance de derrotar a toda la derecha peruana coaligada.
Pérez Pirela interpretó en los aumentos de precios y de la divisa un típico acto de presión por parte del establishment para evitar que un candidato tildado de izquierdista, como Castillo, llegue a la presidencia. Advirtió que “va a ser muy difícil que la oligarquía, los medios de comunicación y EEUU dejen ganar a Castillo. Va a tener que luchar cada voto. Horas definitivas en Perú. Todo dependerá de la presión popular”.
El tema fue objeto de comentarios en toda la región latinoamericana. El senador colombiano Gustavo Petro, dijo, unas horas más temprano, que: “Ha aumentado la ventaja de Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori, que puede llegar a 50 mil votos. Es virtualmente el presidente del Perú. Ojalá Castillo pueda lograr una unidad nacional alrededor de las reformas en salud, educación y pensiones que Perú necesita. Muere una dictadura más”.
El presentador interpeló a sus oyentes: ¿Qué opinan de los resultados hasta ahora en Perú? De inmediato comenzaron a llegar opiniones. Varias de ellas apuntan a que Castillo en realidad ganó con una ventaja mucho mayor, pero los partidos tradicionales y los medios de comunicación se encargaron de reducir la brecha para luego alegar fraude. “Cuidado se va la luz y luego aparece Keiko adelante”, advirtieron.
A lo largo del programa, mientras fueron tratados los temas de México y Colombia, siguieron llegando actualizaciones del resultado electoral en las que se mantiene la tendencia a la victoria de Castillo. Fujimori, ya en etapa de desespero, empezó a cantar fraude
El Equipo de Producción puso al aire un video de la candidata diciendo que la diferencia es 0,5% y podría emparejarse con la votación en el exterior. También afirmó que hubo irregularidades e invitó a sus partidarios a consignar pruebas de ello.
“Esto es grave –señaló Pérez Pirela-. En Venezuela ya conocemos este tipo de denuncias que hace la derecha cuando pierde. Recordemos, por ejemplo, a Henrique Capriles en 2013, denunciando un fraude que nunca demostró”.
Nuevamente dejó una pregunta para los participantes: ¿qué piensan de esta denuncia de fraude?
Tanto las respuestas del público como varios tuits divulgados durante la noche coincidieron en que quienes cometieron fraude fueron los partidarios de Fujimori. Solo así se explica que las brutales diferencias a favor de Castillo en varias de las regiones (en algunos casos de 80% a 20%) hayan terminado reducidas a menos de un punto porcentual en la escala nacional. Varios de los mensajes puntualizaron que la derrota para la candidata va más allá del significado político, pues se encuentra en libertad bajo fianza. Al perder deber ir directo a prisión.
México
Pérez Pirela pasó brevemente por el resultado electoral de México, que el domingo votó por diputados, gobernadores, alcaldes y concejales.
Mostrando un gráfico en pantalla, expuso que el partido Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvo excelentes resultados tanto en el número de gobernadores como en lo que se refiere a retener la mayoría en el Congreso. “Recibió el espaldarazo popular para seguir adelante con su política de transformación”, dijo.
Colombia
En cuanto a Colombia, se mantiene el clima de conflicto, la violencia represiva de los cuerpos de seguridad y la acción cada vez más abierta de paramilitares que disparan a los manifestantes.
“El Comité del Paro suspendió el diálogo el domingo ante el incumplimiento del gobierno de Iván Duque. Se volvió a parar la negociación de un entendimiento. Enfatizan que tienen toda la disposición, pero el Ejecutivo no es recíproco. No cumple con el preacuerdo de garantizar la protesta y desmilitarizar el país”.
Presentó un tuit de Marcha Patriótica, cuenta de la Coordinadora de las protestas:
“Comunicado. Ante el incumplimiento del gobierno de la firma del preacuerdo de garantías, Comité Nacional de Paro decide suspender negociación”.
Leyó partes del comunicado:
“El gobierno nacional no está interesado y ha dilatado, a propósito, la negociación del Pliego de Emergencia. (…) Tras ocho días de intensas conversaciones y haber alcanzado un preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica, el gobierno dijo que lo sometería a consulta interministerial y luego regresó a la mesa, a reabrir la discusión sobre el documento preacordado. (…) Rechazamos el uso desmedido de la fuerza pública que ha producido, a la fecha, 77 homicidios, 1 mil 246 heridos, 2 mil 808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual y 74 ojos perdidos para igual número de jóvenes sin contar los heridos de la fuerza pública. Estas cifras muestran el cuadro dantesco del tratamiento dado a la protesta social pacífica. (…) Entregaremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, el preacuerdo del 24 de mayo sobre los mínimos para garantizar el ejercicio de la protesta social pacífica”.
Acotó que los colombianos arribaron a 40 días protestando pacíficamente, solicitando un cambio de modelo sociopolítico que revierta las profundas desigualdades sociales, y contra la violencia gubernamental en la respuesta a dichos reclamos.
Un grupo de organizaciones sociales llegaron a Bogotá con la expectativa de reunirse con la delegación de la CIDH. La visita ocurre luego del intento del gobierno de retrasarla. Durará tres días y abarcará Bogotá y Cali. “Lamento decirlo, pero para mí no dará ningún resultado, el gobierno colombiano y la OEA son la misma gente”, comentó.
Presentó un video de la caravana de movimientos sociales que marchaba hacia la capital neogranadina.
En respuesta a la interrogante sobre lo que se espera de esta visita de la CIDH, puntualizó:
Registro objetivo. Varios entes pedían al Gobierno que dejara entrar a organismos extranjeros que puedan verificar lo que ha estado ocurriendo: represión, violación de derechos humanos, violencia en manifestaciones, saqueos y bloqueos de carreteras. Los delegados de la CIDH recopilarán testimonios e informes y se enfocarán en víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares. Estos deben acreditarse en la página web o enviar los materiales por vía electrónica.
Potenciar el diálogo. El director del Centro de Pensamiento Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia, dijo que se espera que registren objetivamente lo que ha ocurrido y lo den a conocer al mundo y a Colombia, y que ponga un granito de arena para forzar al gobierno, al Comité del Paro y a los manifestantes a buscar un acuerdo y cambios en el país.
Cese de la violencia. Desde el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) se estima que la visita puede salvar la vida de decenas o centenares de personas.
Emitir unas conclusiones. Tras documentar los hechos y recopilar testimonios, debe emitir recomendaciones y establecer una mayor supervisión y diálogo e incluso el impulso de un grupo independiente.
Siguen las masacres
Pero la represión en las manifestaciones no es el único problema de violencia de Colombia. Mientras el paro se desarrolla, no cesan los atentados contra los derechos humanos mediante masacres y asesinatos de líderes sociales y excombatientes supuestamente amparados por los acuerdos de paz. “Esto es lo que esconden medios internacionales: masacres y asesinatos”, enfatizó Pérez Pirela, quien pasó a reseñar hechos recientes:
El 5 junio se produjo un ataque de grupo armado en Cauca que dejó cinco muertos. La versión de la Asociación de Cabildos Indígenas difiere de la ofrecida por el Gobierno y las autoridades regionales. Se denunció la muerte de dos miembros de la comunidad agrícola en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte de Cauca. Exigieron que se tomen medidas para evitar que continúen las masacres. Según sus cuentas, es la masacre número 42 que ha ocurrido en 2021 que han dejado 158 víctimas hasta ahora.
También asesinaron a un líder campesino de Tuluá que forma parte de los 276 excombatientes de las FARC abatidos desde la firma de os acuerdos de paz en 2016. Un total de 27 solo en 2021.
Por otro lado, se reportó un alerta sobre seguridad de dos periodistas en Cali. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia advirtió este sábado sobre la situación de seguridad de dos periodistas en Cali que denuncian la represión de la fuerza pública contra los manifestantes, quienes ya cumplen 39 días movilizados en el país.
La FLIP aseguró que los periodistas de Cali Alberto Tejada y Jhonathan Buitrago que trabajan para un medio comunitario de la ciudad, han sufrido ataques por parte de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), así como de civiles armados que atacan con disparos a los manifestantes.
Tanto Tejada como Buitrago denunciaron que el pasado 10 de mayo se tuvieron que resguardar de disparos desenfundados por civiles en el sector de la Portada al Mar, asimismo, el 20 de mayo un camión de la Policía sin placas traseras y manejado por un civil casi los atropella.
Los reporteros narraron a la FLIP también que, durante una de las jornadas de cobertura, en el sector de San Nicolás, un policía les tomó fotografías de sus rostros. A esta acción se suman estigmatizaciones provenientes de miembros de la fuerza pública, que dicen, por ejemplo, que “los vándalos también se visten de periodistas”, indica la FLIP.
“Se han documentado 31 casos de agresiones contra periodistas. El gobierno de Duque no respeta nada ni a nadie”, destacó el moderador.
Añadió que mientras se le está pidiendo a Duque que desmilitarice el país, su respuesta es establecer un plan para modernizar el Ejército. “Traducción: es un plan para gastar más en armas y disparar más al pueblo”.
Para sostener este punto de vista, citó un tuit del senador Iván Cepeda: “Ahora el Ministerio de Defensa se llamará Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana y la policía tendrá uniforme azul. Esta cosmética la usa Duque para ocultar las masivas violaciones de DD.HH. y la necesidad de cambios estructurales de la policía y las FF.MM”.
Varias organizaciones internacionales, incluidas algunas de la ONU, han condenado el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía, en la contención de las protestas, e incluso de armas y utensilios no permitidos por estándares internacionales.
La Policía Nacional en Colombia, y el polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) dependen del Ministerio de Defensa y tienen entrenamiento militar por su participación en el conflicto armado.
El exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, escribió: «Sorprende ligereza con que el Gobierno enfrenta esta crisis. Ahora, unilateralmente, sin diálogo con sociedad civil, anuncia de afán cambios cosméticos a Policía ante llegada de la CIDH. Como si cambiando color de uniformes y nombre de Mindefensa se solucionara crisis de legitimidad».
Anteriormente con el decreto que militarizó el país, cuando se había cumplido un mes de todo tipo de marchas, protestas, disturbios y bloqueos contra el Gobierno de Iván Duque, el presidente recibió una serie de críticas ante la represión contra los manifestantes.
La medida, entre otras disposiciones, ordenó a alcaldes y gobernadores levantar los bloqueos (barricadas) de carreteras por parte de los manifestantes. El Gobierno lo ha defendido como una necesidad.
Los departamentos que se verán sometidos a intervención militar son Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo y Caquetá.
Esta medida le valió a Duque el cuestionamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que solicitó el testimonio del presidente con el fin de que dé las explicaciones necesarias por el decreto 575 de 2021, con el que se ordenó asistencia militar a Cali, Valle del Cauca y otras regiones del país.
Esta decisión se dio luego de estudiar una tutela sobre violencia en las manifestaciones, por lo que también solicitó información sobre las investigaciones que adelantan la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo sobre este tema.
Esta corte pide al mandatario facilitarle un informe detallando las razones que condujeron al Gobierno a determinar la necesidad de desplegar a las fuerzas militares para que prestaran un apoyo temporal a miembros de la policía en la figura de asistencia.
A la Policía Nacional le ordenaron informar sobre las actuaciones desplegadas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, los derechos humanos de los manifestantes y el restablecimiento del orden público.
Al alto comisionado para la Paz lo requirieron para informar sobre los avances de la mesa de diálogos con el Comité Nacional del Paro (CNP), especialmente, en lo relacionado con el preacuerdo tendiente a garantizar la protesta pacífica.
Estas personas deberían responder al menos por el caso planteado por la Red de Derechos Humanos Francisco Javier Ocampo Cepeda. Este grupo denunció este sábado que, como consecuencia de un operativo de las fuerzas de seguridad de Colombia en la suroccidental ciudad de Cali, cuatro jóvenes fueron asesinados y 20 más resultaron heridos.
El operativo combinado entre la Policía Nacional, el Esmad, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y el Ejército se llevó a cabo el viernes en el punto de resistencia Paso del Comercio,
Asimismo, hubo “detenciones ampliamente ilegales por el uso desmedido de la fuerza, tratos crueles y degradantes a los que fueron sometidos, tres allanamientos arbitrarios, prensa agredida y amenazada, misiones médicas atacadas, desapariciones forzosas y hostigamiento permanente a la comunidad”, subrayó.
Varios mensajes en redes sociales, alguno de ellos apoyados con videos, ratifican las denuncias:
En la cuenta @porrasuno se indica: “Anoche fueron 5 los muertos en Cali, hoy en medio de una velaton por esos muertos el Esmad y la policía atacan a quienes encienden una vela, ¿y vos me tenés el descaro de decir que la violencia venga de donde venga es condenable, en serio? ¿Velas contra balas? ¿En serio???”.
Un tuit de la directora de teleSUR, Patricia Villegas, añade:
Una de las tantas preguntas que el presidente Iván Duque no responde. Anoche asesinaron a cuatro jóvenes en Cali.
Ella retuitea al arzobispo de Cali, quien dice: “Los jóvenes en resistencia siguen siendo el objetivo de “escuadrones de la muerte”. ¡Una ciudad militarizada y “civiles” armados transitan hacia los puntos a echar bala, a matar! ¿Qué pasa sr. presidente y fuerza pública? ¡Dios y la patria se lo demandan! ¡Atajen a los asesinos!”.
La agencia Prensa Rural aportó otros elementos:
“Llegan más vídeos de los instantes de horror que vivieron las comunidades en el sector de la glorieta de Siloé. Civiles armados disparan poniendo en riesgo de vida a transeúntes. Según información serían miembros la Sijin en operativo. Violan principio de distinción.
En el material audiovisual se observa la llegada de un grupo de personas vestidas de civil, que bajan de una camioneta, abren fuego contra los presentes y luego se marchan.
Otro tuit de Agencia Prensa Rural dice: “En la glorieta de Siloé en Cali, civiles armados disparan indiscriminadamente contra manifestantes y misión médica que estaba en el lugar. Hieren y secuestran a un ciudadano. Sigue el paramilitarismo sembrando terror en la ciudad. ¿Gente de bien ministro Molano?”.
“Es una guerra civil lo que ya hay en Colombia. No puede llamarse de otro modo”, aseveró Pérez Pirela.
Desplazamientos que no cesan
Junto a las masacres y asesinatos de líderes sociales, otro fenómeno crónico de Colombia son los desplazamientos forzados de población por la acción de los grupos irregulares. Estos han continuado en varias regiones.
“La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la constante situación de desplazamiento forzado que viven miles de familias en Colombia por causa de grupos armados irregulares que operan en varias regiones del país y los obligan a salir de sus hogares. Desde el 28 de abril de 2021 al 4 de junio se han registrado 20 eventos de desplazamientos forzados masivos que han obligado a salir de sus comunidades a 3.101 familias unas 8.902 personas”, leyó el moderador.
“El periodo estudiado inicia con el comienzo del Paro Nacional en Colombia, pero ninguna de las actividades en contra de las familias desplazadas están relacionadas con las protestas masivas que se registran desde el 28 de abril. En regiones como el Pacífico, se han reportado desplazamientos en el departamento de Nariño, con 2.785 familias víctimas; mientras que el Cauca registró dos eventos de desplazamiento masivo, que afectaron a 141 familias”, prosigue el informe.
“En cuanto a los confinamientos, allí los grupos armados ilegales no permiten que las personas salgan de sus casas. Se han registrado 4 eventos de confinamiento, con 10 comunidades confinadas unas 3.635 personas. Este informe se produce cuando la actuación de la Defensoría durante el Paro Nacional ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos pidiendo la renuncia del jefe de esa entidad, Carlos Camargo Assis. Para estas organizaciones, la Defensoría del Pueblo perdió autonomía y que ahora parece más una dependencia del Gobierno Nacional”, finalizó la lectura.
Señaló Pérez Pirela que Colombia sigue siendo un país líder en la indeseable estadística de los desplazamientos internos y externos. “Por eso fue muy hipócrita el show que quisieron montar en Apure, cuando dijeron que miles de venezolanos habían sido desplazados hacia Colombia por los abusos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que allá estaban muy preocupados por atenderlos. En realidad, se movilizaron por los desmanes de colombianos irregulares armados que estaban actuando en territorio venezolano”, recordó.
(LaIguana.TV)
