Este martes 22 de junio los senadores colombianos Iván Cepeda Castro, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia denunciaron al gobierno de su país ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por el incumplimiento de los compromisos suscritos en materia ambiental.

En misiva dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, los congresistas indicaron que a pesar de que la administración de Duque, presionada por activistas y organizaciones sociales, accedió a firmar el llamado Acuerdo de Escazú en 2019 y lo ha defendido públicamente «como instrumento internacional para fortalecer la democracia ambiental y la protección de los defensores de los derechos humanos en materia ambiental», en la práctica ha emprendido acciones que apuntan en la dirección opuesta.

Particularmente, se refiere que «el presupuesto de inversión para el sector ambiente se ha reducido en un 12% entre 2018 y 2019, siendo este uno de los sectores más desfavorecidos de la agenda pública nacional del gobierno de Iván Duque Márquez, según informó la Contraloría General de la República».

Así, los solicitantes ponen en consideración estos hechos ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, «para que evalúen las acciones y llamados que deben adoptar e impulsar hacia el Estado colombiano, principalmente hacia su presidente, Iván Duque Márquez y su partido de gobierno, el Centro Democrático, por ser los principales responsables de obstaculizar tan importante acuerdo en el Congreso de la República». 

La preocupación es que, según se expresa en la carta, «Colombia es uno de los países con mayores cifras de deforestación en el mundo, ubicándose en el deshonroso sexto lugar de los países que más bosques primarios perdieron durante 2020″, a lo que «se suma el precario estado de los ecosistemas marinos y de manglares, y el bajo cumplimiento de la normatividad ambiental en cuanto a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables».

En puntualización explícita de la denuncia, Cepeda Castro aludió en Twitter a los esfuerzos gubernamentales para frenar la prohibición del ‘fracking’ y la autorización de fumigaciones con glifosato, prácticas que dejan un daño al ambiente que ha sido suficientemente documentado.

(LaIguana.TV)

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