Este lunes 02 de agosto, el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela presentó en su programa Desde Donde Sea un recorrido por realidades recientes que acaecen en América Latina.

En particular, disertó sobre la politización de la actuación de los atletas venezolanos en las Olimpíadas de Tokio, las masacres y desplazamientos forzados en Colombia, la juramentación de Pedro Castillo como presidente de Perú y la polémica que ha sucedido a la designación de su gabinete y cerró con un análisis de la consulta ciudadana realizada en México, con la que se pretende que los expresidentes rindan cuentas ante la justicia por las acciones ilícitas ocurridas en sus administraciones.

La politización de la actuación de los venezolanos que compiten en Tokio

La discusión inició con un comentario acerca de los ataques que han recibido atletas venezolanos que han ganado medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en las redes sociales.

A su parecer, si bien sus reconocimientos han de ser motivo de alegría y reconocimiento, también ha de tenerse prudencia al asignarle relevancia a sus opiniones políticas.

Seguidamente, compartió extractos del artículo del periodista Clodovaldo Hernández, intitulado: «Si el deporte se mide por resultados, la Revolución Bolivariana ya le ganó a la Cuarta República«, que puede leerse completo en el portal de LaIguana.TV.

Hernández sostiene que «en verdad, el éxito de una política deportiva no debería medirse tanto por los resultados en la alta competencia, sino por la cantidad de gente común incorporada a la actividad física».

Advierte, asimismo que «como estamos tan regidos por el espíritu de ganar o perder, es inevitable contar campeonatos, medallas y récords» y en ese orden, precisa que «en el terreno reservado a los deportistas de élite, luego de 22 años en el ejercicio del poder y de cinco olimpíadas bajo su responsabilidad, el socialismo venezolano puede declarar que ya superó ampliamente los resultados de los anteriores 40 años (los del bipartidismo puntofijista) e incluso los de toda la historia deportiva del país».

A contrapelo de esta realidad, trajo a colación la campaña sucia que adelantó en las redes sociales el periodista Nelson Bocaranda Sardi, quien recibió duras críticas  de los internautas por burlarse de los pesistas que obtuvieron medallas olímpicas.

Entre otros epítetos, destacó el experto, los usuarios lo llamaron a él y a su «periodismo «basura», «miseria humana», «ruin» y «despreciable», son algunos de los calificativos que le dijeron a él y a su «periodismo».

Un destino semejante recibió la Organización No Gubernamental Provea, ligada al ala extremista de la oposición, que en lugar de reconocer los hechos, dedicó un trino a cuestionar presuntas fallas en las políticas deportivas.

Colombia suma 61 masacres y los desplazamientos internos se agudizan en Antioquia

Pasando a Colombia, Pérez Pirela refirió que las víctimas de la violencia ejercida por el Estado y por organizaciones paramilitares siguen creciendo y, en ese orden, el pasado 31 de julio, el instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) denunció la masacre número 61 en lo que va de año.

Apuntó, asimismo, que detalles de estas informaciones pueden encontrarse en el trabajo periodístico «Masacre en Colombia: denuncian la número 61 en lo que va de 2021«, que puede leerse en LaIguana.TV.

A continuación, precisó que según la ONG, el incidente se produjo en el barrio Simón Bolívar de Armenia, cuando «hombres armados dispararon contra tres personas que se encontraban reunidas», entre ellas un menor de 17 años de nacionalidad venezolana.

Además, comentó que esta situación ya había sido alertada por Indepaz, pues la Defensoría del Pueblo emitió una resolución en la que se declaraba que la zona era de alto riesgo por la presencia de grupos paramilitares-delincuenciales, sin que el Estado ofreciera respuesta alguna.

Así, de acuerdo con los reportes de la comunidad, en el lugar operan los panfletos de las Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Oficina del Valle de Aburra, La Cordillera, Los Flacos y El Clan de la Montaña, relató.

En los primeros ocho meses de 2021, Colombia acumula 61 masacres, así como 103 líderes sociales y 31 excombatientes asesinados y a las masacres y asesinatos selectivos por razones políticas, se suman los desplazamientos forzados por causa de amenazas de grupos armados en el departamento de Antioquia, sintetizó el experto.

Con respecto a los desplazamientos forzados, informó que desde el pasado 19 de julio, más de 4.000 personas –entre ellos 1.300 menores de edad– se han visto forzadas a abandonar sus hogares en las veredas del municipio de Ituango, en el norte del departamento de Antioquia, bajo amenazas de grupos criminales que se disputan el control del territorio.

Según se refiere en el artículo: «Colombia vive el desplazamiento forzoso de más de 4 mil personas bajo amenaza de grupos armados«, aparecido en LaIguana.TV, este desplazamiento se considera el mayor de los últimos años, si bien en la zona no es la primera vez que los habitantes deben abandonarlo todo por causa del prolongado conflicto armado.

A este respecto, puntualizó que Isabel Cristina Zuleta, ambientalista y miembro de la organización Movimiento Ríos Vivos, dijo a France24 que «hubo otros en años anteriores, no de esta magnitud, pero sí de 1.000, 2.000 o incluso de 3.000 personas». Adicionalmente, comentó que en febrero de 2021, 200 campesinos se vieron forzados a abandonar sus casas por presiones de los paramilitares.

De otro lado, el analista venezolano añadió que organizaciones de derechos humanos denuncian que en la zona se padece una crisis humanitaria, al tiempo que el Estado presiona para que las personas regresen a sus hogares sin ofrecer las garantías adecuadas.

Pedro Castillo jura como presidente de Perú en medio de grandes ataques del ‘establishment’

Pasando a Perú, recordó que el pasado 28 de julio se juramentó como presidente de Perú, Pedro Castillo, quien resultara vencedor por un estrecho margen frente a la derechista Keiko Fujimori en los comicios presidenciales del 6 de junio.

En ese orden, indicó que Castillo, de orientación izquierdista, ratificó que presentará ante el parlamento un proyecto de ley que permita reformar la carta magna de 1993, que data de la dictadura de Alberto Fujimori y cuya sobrerrepresentación del Legislativo ha ocasionado recurrentes crisis de gobernabilidad.

A juicio del comunicador una reforma constitucional es insuficiente para que algo pueda cambiar en Perú, razón por la cual considera que el gobernante debe apuntar hacia una Asamblea Nacional Constituyente como la que en su día se hiciera en Venezuela.

De otra parte, subrayó que a semejanza de lo realizado en su día por otros presidentes latinoamericanos como Andrés Manuel López Obrador, Evo Morales o Hugo Chávez, el recién instalado Mandatario descargó contra el saqueo colonial del que fue objeto su nación por más de 300 años.

En su intervención, Castillo resaltó que prácticas como la esclavitud o la servidumbre, derivadas de las castas establecidas por el orden colonial, no se quedaron en el pasado remoto sino que han estructurado la sociedad peruana actual.

También mencionó que en el presente, la población perteneciente a los pueblos originarios es tratada como ciudadanía de segunda categoría y, justo por ello, en su criterio, no es un asunto menor que el país sea gobernado por primera vez por alguien de origen popular procedente del interior del país y no de sectores privilegiados de la capital, como había sucedido hasta ahora.

Los desafíos de Castillo: pandemia, reactivación económica y gobernabilidad

En opinión de Miguel Ángel Pérez Pirela, Pedro Castillo asume la presidencia cuando el país está sumido en una crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 y requiere de medidas urgentes para la reactivación de la economía.

A este respecto, hizo referencia a la reseña que hiciera la agencia rusa RT, en la que se precisa que «en el primer caso, aseguró que se deben maximizar los esfuerzos para garantizar la vacunación total de la población en el menor tiempo posible, además de que durante su gestión impulsará la creación de un sistema de salud universal, gratuito y descentralizado».

Sobre la economía, Castillo cuestionó la negativa de las autoridades a escuchar a la población y a implementar los cambios que los peruanos demandaban.

«Ningún gobierno escuchó el malestar de las mayorías, y así se rehusaron a realizar los cambios anhelados por la población, pero la pandemia visibilizó que las críticas que se les hacía al modelo económico no solo eran legítimas, eran también válidas, hoy la población pide cambios y no está dispuesta a renunciar a ellos», dijo al respecto.

Desde el punto de vista del mandatario, estas modificaciones pueden realizarse con responsabilidad, respetando la propiedad privada, «pero poniendo por delante los intereses de la nación», con lo que descartó las estatizaciones y expropiaciones que habían predicho sus detractores.

El filósofo venezolano indicó que en la juramentación, el presidente peruano avanzó también la creación de un ministerio de Ciencia y Tecnología, así como la reestructuración del ministerio de las Culturas, que funcionará en el edificio que hasta el pasado miércoles era el Palacio de Gobierno.

Desde su punto de vista, tampoco puede obviarse que tendrá que hacer frente a la oposición derechista que controla el Congreso y, al menos la identificada con el fujimorismo, apuesta por mantener el escenario polarizado, de cara a boicotear la reforma constitucional.

Para ahondar en los detalles sobre la respuesta de la oposición peruana, recuperó el artículo «‘Muro de contención‘: esto dijo Keiko Fujimori sobre la constituyente de Pedro Castillo, que puede leerse completo en LaIguana.TV.

Más precisamente, apuntó, la excandidata peruana Keiko Fujimori afirmó que su partido, Fuerza Popular, será «un firme muro de contención» frente a la «amenaza de una Constitución comunista», luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara el pasado miércoles que presentará un proyecto para que se convoque a una Asamblea Constituyente en Perú.

Fujimori también aseguró que su partido apoyará «toda iniciativa del nuevo gobierno destinada a mejorar la calidad de vida de la población porque la educación, salud y bienestar de todos los peruanos está por encima de nuestras diferencias».

Otro de los aspectos que desde el punto de Pérez Pirela no puede obviarse, es la polvareda que ha levantado la designación del gabinete ministerial, del que resalta el perfil político de la mayor parte de sus miembros.

Aunque el mandatario defendió sus designaciones en Twitter, asegurando que todos sus miembros son «del pueblo» y se deben a él, algunos de sus miembros, aseguró, resultan incómodos para la oligarquía peruana.

De acuerdo a lo referido en el artículo de LaIguana.TV, Pedro Castillo juramentó a su gabinete de gobierno: ¿Quiénes lo integran?, entre los nombramientos destaca el del nuevo titular de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar, un abogado y doctor en Sociología de 85 años, fundador en 1962 el Ejército de Liberación Nacional, grupo insurgente inspirado en la Revolución Cubana.

Otro nombre que acaparó la atención fue Juan Cadillo, un joven maestro independiente reconocido como uno de los mejores profesores infantiles del mundo por su uso de las tecnologías para la formación, quien fue nombrado ministro de Educación, sintetizó.

A los dos nombres previos se suma el de Ciro Gálvez, excandidato presidencial del partido indigenista RUNA, quien asumirá el ministerio de Cultura.

A juicio del comunicador, un capítulo aparte merece el primer ministro, Guido Bellido Ugarte, que de acuerdo con una reseña de Sputnik, es visto por los detractores de Castillo como un izquierdista radical, puesto que se ha manifestado públicamente a favor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, así como de la nacionalización de los recursos energéticos y mineros.

Bellido es de la opinión que ha de incrementarse el gasto público en educación, para alcanzar una «economía basada en el conocimiento», que permita dejar atrás aquella «basada en el extractivismo y en la venta bruta de materias primas».

El experto venezolano alertó que por razones menores se han suscitado golpes de Estado en América Latina y subrayó que tal fue el caso del breve derrocamiento del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

En México, participantes de la consulta popular se pronuncian a favor del enjuiciamiento de expresidentes

Como tema de cierre de la edición, Pérez Pirela se refirió a la consulta popular desarrollada en México con la que se pretende sentar precedentes para enjuiciar a expresidentes que incurrieron en acciones delictivas durante su mandato.

Al respecto puntualizó que 97,74% de quienes participaron en la consulta popular convocada para permitir el eventual enjuiciamiento de quienes ejercieron la presidencia entre 1988 y 2018, se manifestó a favor de esta medida, según el primer conteo oficial divulgado por el Instituto Nacional de Elecciones de México (INE).

Precisó, asimismo, que la votación –la primera consulta popular de impacto nacional–, fue impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, matizó que a pesar del contundente respaldo, en la elección apenas acudió a las urnas poco más del 7% de los 93,6 millones de electores convocados.  En la práctica, esto implica que el resultado, aunque categórico, no es vinculante, lo que significa que el Estado no está obligado a reconocer el dictamen popular.

Con el propósito de aclarar a la audiencia los requisitos que impone la legislación mexicana, citó lo referido por la agencia Sputnik, que explicó que «para que los resultados de la consulta popular sean vinculantes se necesita al menos el 40% de participación de los más de 93,6 millones de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, unos 36 millones de sufragios, de modo que la tendencia no alcanza ni la cuarta parte que establece la ley».

En todo caso, aunque voceros de la oposición calificaron el evento como «un fracaso», la escasa concurrencia de electores no fue motivo para que tanto el ente comicial como el presidente López Obrador dejaran de celebrar el evento, sintetizó.

Por su parte, López Obrador replicó a sus adversarios, recordándoles que  «la democracia nunca fracasa» porque es el mejor sistema político y tildó como demagógicas las invocaciones permanentes a la democracia participativa, cuando en la práctica no se consulta al pueblo sobre las decisiones gubernamentales.

Para el presidente mexicano, agregó, lo importante es que se está estableciendo una nueva cultura democrática, que evitará que persona alguna «se sienta un intocable absoluto en ningún nivel» y «para que no se deje de respetar al pueblo».

Por ello, Pérez Pirela precisó que López Obrador aseguró que lo sucedido en la consulta «no descarta la posibilidad de que haya juicios», pues las autoridades «tienen el derecho de actuar» en el caso de que existieran pruebas que vinculen a exgobernantes con acciones ilícitas.

De otro lado, indicó que AMLO también apuntó cañones contra el INE, al que acusó de poner trabas para la participación ciudadana y de no informar suficientemente a los votantes sobre la consulta.

De momento, se conoció que activistas que acompañaron a López Obrador en la promoción de la consulta apuntan hacia la creación de un Tribunal de los Pueblos, que tendría bajo su responsabilidad el juzgar los crímenes cometidos por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sintetizó el comunicador.

Señaló, además, que los escándalos de corrupción no son novedad en México. Solamente en el caso de Peña Nieto, en un reportaje realizado por el periodista Jesús Lemus se sostiene el expresidente habría consumado un verdadero saqueo a las arcas aztecas.

Más precisamente, comentó, la investigación de Lemus apunta que el esquema de corrupción de Peña Nieto comenzó cuando era gobernador del estado de México y se centró en la concesión irregular de los derechos de explotación de los recursos naturales del país, como el gas, las playas y el petróleo, así como en la extracción de minerales varios.

Para concluir y antes de dar paso al intercambio con la audiencia, recordó que la Fiscalía General de México lo imputó por ser el «autor mediato» en delitos de «cohecho y traición a la patria» por su aparente vinculación con el escándalo de sobornos de Odebrecht, pero hasta ahora eso no se ha concretado en un juicio ni ha implicado su regreso al país.

De acuerdo con la acusación, Peña Nieto «jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales».

(LaIguana.TV)

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