Venezuela se aproxima a sus megaelecciones con una oposición radical que continúa robando impunemente los fondos públicos y se presenta fragmentada ante su propia militancia, apostando ahora a un juicio en la Corte Penal Internacional como fórmula para hacerse con el poder que no logra obtener mediante los votos.  

Tal es el panorama político a muy pocos días de las elecciones regionales y municipales, analizado por el filósofo y comunicador político Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea.  

“Se ha levantado un polvorín en lo político, económico y judicial. Una de las estrategias que ha utilizado la oposición al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro es ganar mediante la intervención internacional eso que no pueden hacer en elecciones. No quieren presentarse y cuando lo hacen es de mala gana y a medias y terminan cantando fraude”, dijo.  

En las últimas semanas, esa ansiada intervención foránea se ha procurado mediante la acción de la CPI. “Se pretende juzgar al presidente Maduro por motivos claramente políticos. Si se quisiera enjuiciar a algún gobierno de la región por delitos de lesa humanidad, ¿sería Venezuela el primero, tomando en consideración lo que está pasando aquí mismo, al lado, en Colombia, un país de masacres, fosas comunes, desaparecidos, desplazados internos y externos?”, se preguntó.   

“Respecto a Colombia no se escucha hablar de la CPI en los términos tan virulentos, activos y activistas como se hace en Venezuela. Lo mismo puede decirse de varios países centroamericanos y sobre lo que está pasando con el problema sanitario en Brasil”, aseveró. 

Inició el programa, como siempre, presentando una ilustración de Iván Lira sobre la CPI en la que una fuerte mano en forma de puño sostiene una balanza y dice: Corte Penal Internacional reconoce la soberanía de Venezuela.  

“El maestro Luis Britto García ha sido muy firme durante muchos años al cuestionar que como República soberana e independiente cedamos la soberanía judicial a cortes externas, sobre todo si antes las denuncias que se han hecho no se han canalizado a través de la justicia nacional”, recordó.  

La justicia mafiosa de Guevara  

Pérez Pirela señaló que la visión depravada de la justicia externa queda expuesta en las recientes declaraciones de Freddy Guevara sobre una supuesta negociación política en torno a la CPI. “Este señor, al que no puedo calificar sino de terrorista y asesino, quien lideró las mal llamadas guarimbas, que no fueron otra cosa que actos terroristas continuados, y que está libre por obra y gracia de una mesa de diálogo de la cual no hemos sabido más, salió a la luz pública con otro escándalo, reflejado en el titular de LaIguana.TV: Medio opositor destapó nuevo chanchullo de Guevara mientras dialogaba en México”.  

El texto indica que según Panam Post, el militante de la ultraderecha Freddy Guevara manifestó recientemente en una reunión estar dispuesto a solicitar que la Corte Penal Internacional (CPI) no inicie un juicio contra el presidente Nicolás Maduro, a cambio de ciertas concesiones a los factores de oposición.  

“Planteó una especie de chantaje en forma de trueque. Si ustedes quieren que nosotros, la derecha radical que violentó los derechos humanos y mató gente a diestra y siniestra, retiremos las denuncias que hicimos ante la CPI, tienen que darnos algunos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. Esto está grabado, es su voz la que quedó registrada. Esto echa por la borda la seriedad de las acusaciones de la oposición golpista y asesina está haciendo ante la CPI”, enfatizó Pérez Pirela.  

 La nota de Panam Post señala que en el audio al que tuvo acceso, se escucha a Guevara señalar “que está dispuesto a negociar todo, pero también a ‘cobrarlo caro’”.  

“La justicia tiene precio para él, es una justicia mafiosa”, resaltó el moderador del programa, quien agregó que “al ahondar sobre las implicaciones que tendría pactar con el chavismo, el radical, asesino, guarimbero se refiere posteriormente a la Corte Penal Internacional, a la que hace alusión como una corte política. Es decir, que la misma extrema derecha dice que no tiene ningún tipo de neutralidad ni sentido de la justicia. Están deslegitimando a la corte a la que han recurrido para desplazar del poder a Nicolás Maduro”.  

Señala en el audio que bastaría una declaración de esta ala extremista para que se active un supuesto juicio contra el primer mandatario, pero que él está dispuesto a negociar y cobrarlo caro. “No tenemos que ir por algo intermedio, sino que tenemos que ir por algo que realmente nos sirva”, señala.  

Explicó que tras conversar con supuestos conocedores del tema, estos le señalaron que “si hay una corte política es esa Corte Penal Internacional, que responde mucho a los incentivos políticos que hay. Una sola declaración de ustedes puede hacer que se pueda retrasar o adelantar algo al respecto. En principio nosotros, solamente con dar una buena señal, podremos estar haciéndoles un favor y habría que cobrarlo caro. No digo no hacerlo, digo cobrarlo caro. Yo estoy dispuesto a negociarlo todo, pero a cambio de cosas buenas”, expresó Guevara.   

Pérez Pirela recomendó, para cerrar este punto, no olvidar que Guevara estaba preso hasta hace poco porque estaba planificando acciones sangrientas con “El Koki” y otros delincuentes que tenían en zozobra a la Cota 905 y otros sectores de Caracas.   

Visita del fiscal de la CPI, Karim Kahn   

Pasando a uno de los aspectos centrales de su análisis, el presentador dijo que lo anterior es más grave si se considera que esas declaraciones se produjeron en medio de la visita de Karim Kahn, fiscal de la Corte Penal Internacional, que estuvo en Venezuela, entre el 1 y el 3 de noviembre, invitado, hay que subrayarlo, por el presidente Nicolás Maduro.  

“Estuvimos viendo varios videos y entre ellos los de los mayameros venezolanos que terminan creyéndose sus propias mentiras. Para ellos, esta visita fue ya la sentencia definitiva contra Maduro”, acotó.  

Lo cierto es que tras intensas jornadas de trabajo, el pasado miércoles 3 de noviembre las partes suscribieron un Memorándum de Entendimiento que guiará la cooperación, de cara a la fase que iniciará la CPI del llamado caso Venezuela I.  

En este caso se investigará la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano en las protestas violentas (guarimbas) de 2107.   

Pérez Pirela plasmó la desvergüenza implícita en esta jugada geopolítica. “Recordemos cómo ha sido este proceso: desde EEUU se llevaron a cabo actos de violencia continuada contra el pueblo venezolano todo (chavistas, independientes y opositores), ejecutados por la oposición radical y asesina. Quemaron gente, pusieron guayas, incendiaron preescolares, bibliotecas, universidades. Encerraron a su misma militancia de clase media en las urbanizaciones, paralizaron el país. Es decir, que se realizaron desde la oposición los más lamentables, funestos, delincuenciales y bárbaros actos de terrorismo contra gente de a pie. El Estado se defendió para restablecer el orden y entonces los mismos terroristas han pedido un juicio, pero no contra los guarimberos, delincuentes y asesinos, sino contra el Estado. Ellos se pagan y se dan el vuelto”.  

Agregó que en la primera fase de este proceso ante la CPI, el Estado se percató de que no se le estaba permitiendo ni siquiera defenderse porque no se le dio acceso a las acusaciones. Con el documento firmado ahora, uno de los puntos es precisamente saber cuáles son estas.  

Mostró el video de la sección Tienes que Verlo donde se observa la ceremonia de la firma del Memorándum de Entendimiento entre Venezuela y la CPI, celebrada en Miraflores con todo el protocolo diplomático de estilo.   

El acuerdo se firmó a consecuencia de la discrepancia entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en torno a la superación de la fase de examen preliminar del caso Venezuela I.   

En el documento se establece que la Fiscalía de la CPI y el Estado venezolano continuarán trabajando en el resguardo de los derechos humanos en el país, con base en el respeto y la complementariedad, de cara a la próxima fase de investigación que iniciará la CPI.  

Una publicación en Instagram del presidente Maduro presenta el Memorándum de Entendimiento.  

Entre las consideraciones que motivaron al Memorándum se destaca que “la República Bolivariana de Venezuela considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes, creadas para tal fin”.  

Tanto el Gobierno de Venezuela como la fiscalía de la CPI se comprometieron a “establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”.  

En su intervención, el presidente Nicolás Maduro aseguró que el Memorándum expresa “la síntesis” de las jornadas de trabajo entre las partes y lo calificó como “un paso en positivo”, a pesar de las diferencias existentes en torno al examen preliminar.   

Al Estado venezolano, denunció el presidente, no se le permitió conocer la documentación que estaba siendo analizada por la Fiscalía de la CPI y por eso debió actuar “a ciegas”, situación que sería subsanada con el recién firmado acuerdo.   

“No se puede saltar la justicia interna porque Venezuela es una República soberana con instituciones soberanas, no una república bananera que tenga que resolver sus controversias en cortes externas, sin haber pasado antes por la justicia nacional”, insistió Pérez Pirela.  

¿Qué garantiza para Venezuela la firma del acuerdo con la CPI? Para responder a esta interrogante, presentó otro video en el que el presidente Maduro señala que “ha sido un paso de avance en las relaciones de complementariedad positiva entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la CPI. Hay diferencias de criterio en torno a lo ocurrido en la fase de examen preliminar porque no se le permitió al Estado acceder a los recaudos que se evaluaban. Estuvimos ciegos en esa etapa. El fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase. Respetamos su decisión, pero no la compartimos y en ese marco hemos firmado un acuerdo que garantice, ahora sí y de manera efectiva, la cooperación”.  

Indicó también que el Estado es el primer interesado en que se sepa la verdad y que se disipen todas las dudas existentes sobre este tema, que atribuyó en buena medida a “campañas mediáticas”.   

“De este documento que hemos firmado, yo como jefe de Estado y de Gobierno, a nombre de la sociedad venezolana y usted como fiscal de la CPI, emerge una gran verdad: Venezuela garantiza la justicia con instituciones que están dispuestas a mejorar, a perfeccionarse, a avanzar. Soy el primero que quiere saber la verdad y hacer justicia. Que se salga de las dudas que se pudieran haber creado, de las campañas mediáticas y de redes sociales. Soy un hombre de Dios, un creyente profundo, y en nombre de Dios pido la verdad, pido la justicia para nuestro país”, dijo Maduro en un video de Venezolana de Televisión.  

El primer encuentro entre Kahn y el jefe de Estado se produjo el pasado 1 de noviembre y en él debatieron temas relacionados con los derechos humanos. En este primer acercamiento también participó el canciller Félix Plasencia.   

Un titular de LaIguana.TV reza que la Reunión oficial en Miraflores: Así fue el encuentro entre Maduro y el fiscal de la CPI 

En el cuerpo de la noticia se detalla que Kahn viajó acompañado del asesor legal Thomas Edward Lynch, la asistente jurídica María Eugenia Valenzuela y la asesora adjunta de Relaciones Exteriores Nuria Vehils.   

Tras la firma del memorándum, Maduro detalló que en las reuniones, el Estado venezolano en diálogo franco, constructivo e interactivo, presentó sus alegatos en relación con el examen preliminar asociado a la causa Venezuela I.   

Una pregunta surge: ¿qué habló Maduro con el fiscal de la CPI en las tres reuniones sostenidas en Venezuela? La respuesta está en otro video en el que el mandatario dice:  

“Agradezco que haya aceptado de manera inmediata la invitación que el Estado venezolano le formuló para una visita de trabajo, en función de iniciar una nueva de etapa de relación y complementariedad positiva. En estos tres días, las instituciones han demostrado su fortaleza jurídica, doctrinada y constitucional. Hemos tenido tres jornadas, una más larga que la otra. El lunes fueron dos horas de trabajo; el martes, tres horas; y el miércoles, casi cuatro horas y media para poder ventilar por primera vez, poder expresar todas las preocupaciones y la visión que el Estado tiene sobre el llamado examen preliminar de la causa número 1. No habíamos tenido la oportunidad de un diálogo interactivo”.  

El fiscal Kahn resaltó que la instancia que encabeza está guiada por los principios del derecho internacional y rechazó cualquier intento de politización de su trabajo, lo que, según Pérez Pirela, fue una respuesta directa a Guevara y al ala opositora que este encarna.  

Su despacho, dijo, operará de conformidad con el Estatuto de Roma y enfatizó que está comprometido en trabajar de forma «colaborativa e independiente» con el Gobierno de Venezuela, sus instituciones y su pueblo, en el marco de la complementariedad positiva.   

«Estoy plenamente consciente de las fallas en Venezuela, pero no somos políticos», dijo el fiscal.  

Presentó un video con las palabras de Kahn: “Estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa, independiente y con pleno respeto del principio de complementariedad positiva. A quienes están mirando les digo que mi despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma. Soy plenamente consciente de las fallas que existen en Venezuela, derivadas de las divisiones geopolíticas. Nosotros no somos políticos. Nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho”.  

La posición del Ministerio Público  

Resaltó Pérez Pirela que la respuesta de Venezuela ha sido de Estado, es decir, no es solo del Ejecutivo. En ese sentido, presentó las declaraciones del fiscal general de la República, Tarek William Saab, desde el Poder Ciudadano  

Una vez se firmó el Memorándum, Saab ofreció detalles acerca de las razones que soportan el rechazo de Venezuela a la conclusión de la fase de examen preliminar y el inicio de la fase de investigación en el caso Venezuela I.   

Una nota de LaIguana.TV dice que “No se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma”: El Ministerio Público se pronuncia sobre investigación de la CPI a Venezuela.  

En su encuentro con el fiscal de la CPI y su delegación, el Ministerio Público puso al corriente a la CPI sobre los casos de violaciones a los derechos humanos que están bajo investigación o ya fueron sancionados.   

El funcionario informó que fue comunicado directamente por Kahn de la decisión de su despacho de dar por concluida la fase de examen preliminar y abrir formalmente una investigación “para determinar la verdad”.  

El Ministerio Público estima que no se cumplieron los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma para cerrar la fase preliminar.  

El fiscal Saab expresó que: “En la reunión que sostuvimos el lunes, explicamos la estructura y funcionamiento del Ministerio Público, le informamos sobre nuestra actividad en la presidencia de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública desde junio de 2018 y pusimos a su disposición todas las investigaciones realizadas por nuestros fiscales en los casos de derechos humanos desde 2017. El fiscal Kahn dijo que se consideró la existencia de méritos para pasar a la siguiente fase, a pesar de que no se identificó a ningún sospechoso al que se le pudieran imputar cargos. Por ello, el MP considera que no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma para justificar el paso de examen preliminar a las fases de investigación”.  

 Saab alegó que, desde noviembre de 2020, su despacho consignó a la Fiscalía de la CPI ocho informes con más de 3.000 folios con las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos que avanzan los fiscales del Ministerio Público.   

Pese a ello, indicó, durante la gestión de la anterior titular, Fatou Bensouda, nunca se produjo un intercambio de información con esa instancia, sino que el Estado venezolano únicamente recibió acuses de recibo de los documentos consignados, en clara violación a lo que contempla el principio de complementariedad positiva.   

Otro fragmento de las declaraciones de Saab señala que con el material entregado es posible individualizar y procesar a responsables de la violación a los derechos humanos. “Desde noviembre de 2020, luego de una reunión con la fiscal Bensouda, el Estado venezolano fue entregando, paso a paso, informes, anexos y alcances. Se hizo un compromiso de intercambio de información, sin embargo, durante todo ese período Venezuela solo recibió acuses de recibo de los documentos sin que hubiese intercambio de información, como lo establecen las reglas del examen preliminar. Hubo un total silencio durante la gestión de la fiscal Bensouda. Eso se lo explicamos al fiscal Kahn”.  

No obstante, los señalamientos previos, el fiscal Saab destacó que el Memorándum rubricado por el presidente Nicolás Maduro y el fiscal de la CPI, Karim Kahn “apunta a acabar con el silencio de la Fiscalía de la CPI”.   

Esto permitirá también hacer valer el principio de complementariedad positiva, que obliga a la CPI a cooperar activamente con el Estado venezolano.    

Más declaraciones del fiscal Saab indican que “cuando se habla de complementariedad positiva nos referimos a que la Fiscalía de la CPI está obligada a cooperar activamente, acompañando al Estado venezolano en todo lo que requiera para investigar y sancionar. La investigación se hará en Venezuela, por las instituciones venezolanas en el marco de esa complementariedad positiva”.  

Una porción significativa de las denuncias fueron presentadas por el Grupo de Lima (integrado por presidentes derechistas neoliberales, acusados de corrupción y de violaciones de derechos humanos) y por la Organización de Estados Americanos (OEA, enemiga jurada de Venezuela) obviaron los protocolos jurídicos, pues no fueron denunciadas oportunamente ante los órganos competentes.  

“En esto hay que estar alertas: las fuentes que las soportan las acusaciones no son sólidas. Son notas de prensa aparecidas en medios digitales de derecha, denuncias interpuestas en el extranjero sin que las instituciones venezolanas conocieran del caso y un par de documentos sustentados en más de cuatro millones de tuits, que evidentemente fueron pagados, cuyo fin era criminalizar al Estado venezolano”, remarcó Pérez Pirela.   

Según Saab, “la gran mayoría de las denuncias que llegaron a la CPI no cumplieron con la formalidad de haber sido presentadas en territorio nacional ante los órganos competentes. Han sido formateadas a través de la prensa o del bombardeo de tuits con el que se abrió el camino de la estigmatización y criminalización del Estado venezolano. La justicia debe cumplir sus trámites en la jurisdicción nacional. Eso es lo que está firmado en el Memorándum de Entendimiento”.  

Saab enfatizó que el último punto del Memorándum de Entendimiento pretende reparar la vulneración al principio de complementariedad positiva que caracterizó las relaciones de Venezuela con la CPI con Bensouda y manifestó su confianza en que la situación cambie después de la visita de Kahn a Venezuela.   

“Este punto es muy importante para nosotros, como Ministerio Público, como titular de la acción penal, como institución ganada a la defensa y protección de los derechos humanos, pues hasta ahora no ha habido ningún diálogo significativo con la Fiscalía de la Corte y el principio complementariedad se ha visto vulnerado porque no se ha valorado la información envidada por nuestra institución bajo el mandato de la anterior fiscal”, insistió Saab.  

Un usuario comentó que EEUU, que está detrás de esta maniobra, no reconoce la jurisdicción de la CPI cuando se trata de casos estadounidenses. Pérez Pirela añadió que, incluso, han llegado a sancionar a fiscales y otros funcionarios de la CPI por abrir juicios contra ellos.  

Los casos de 2017  

“Una pregunta nos convoca: ¿qué ha hecho el Estado para investigar y sancionar a los responsables de las muertes en las guarimbas de 2017? –planteó el presentador de Desde Donde Sea–. En la fase de investigación que recién comienza, la Fiscalía de la CPI está obligada a informar al Estado venezolano cuáles son los casos específicos que investiga y precisar qué información posee acerca de los procedimientos penales asociados que se están realizando en el país”.   

Saab especificó que esto es de particular interés para decantar aquellos casos formulados por denunciantes anónimos o que han cursado fuera de las instituciones venezolanas, pues la omisión de este paso, en términos formales implica que ni las víctimas ni sus deudos han sido reconocidos como tales por el Estado.   

Recordó, asimismo, que en el contexto de violencia sediciosa del año 2017 perdieron la vida cerca 155 personas, de las cuales 65 (42%) son atribuibles a la acción de manifestantes violentos y 42 casos (28%) a la acción de miembros de la fuerza pública.  

“Estos son datos importantes y acaso silenciados”, dijo Pérez Pirela.  

El fiscal general también se refirió al fallecimiento de dos personas debido a problemas de salud preexistentes, a los 16 casos (10%) en los que aún no se ha establecido la causa de la muerte y a los 29 casos que se produjeron por la acción de “civiles no identificados”.   

Sobre esto último, puntualizó que estos decesos se produjeron a consecuencia de la colocación de guayas en la vía pública e incluso a la quema de personas por portar franelas rojas o por su color de piel.    

Saab dijo que en el caso de los homicidios responsabilidad de manifestantes se observó saña en el uso de las armas convencionales y no convencionales. Con respecto a los atribuidos a civiles no identificados, fueron crímenes de odio que alcanzaron su nivel más insólito durante esos meses lamentables entre abril y julio de 2017.  

Pérez Pirela reiteró cómo fue el modus operandi: “La extrema derecha pagada por la USAID y otros agentes desestabilizadores de EEUU y Europa, creó la zozobra y terror, y luego acudió a la CPI a convertirse de victimarios a víctimas”.   

Frente a la narrativa predominante, que asegura que en Venezuela reina la impunidad y no se sanciona a los violadores de los derechos humanos, Saab apuntó que en el país se investigan 780 causas por presuntas violaciones a los derechos humanos, tanto en las protestas violentas de 2017 como en otros hechos ocurridos con posterioridad.   

En total, refirió, han sido acusados 1.061 funcionarios y 150 civiles que habrían estado implicados en crímenes de derechos humanos, han sido imputados 770 funcionarios de seguridad del Estado; privados de libertad 555 funcionarios y 31 particulares y ya han sido condenados 196 funcionarios.   

El fiscal general aseveró que estas cifras fueron comunicadas a la Fiscalía de la CPI y que la documentación que las soporta, incluyendo los expedientes individuales, podrán ser consultadas por la oficina de Kahn, si así lo desea.   

Con respecto al trabajo conjunto que realiza su despacho con la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, apuntó que producto del diálogo entre las dos instancias se han acelerado más de 100 causas relacionadas con muertes en manifestaciones, tratos crueles e inhumanos y privaciones ilegítimas de libertad.   

Señaló que con la Alta Comisionada también se firmó un memorándum de entendimiento que creó una oficina en el país. “El MP tiene una comunicación permanente con esa oficina para darle impulso procesal a casos sugeridos por ese ente. No tenemos absolutamente nada que ocultar”, dijo Saab.  

Sigue la impunidad de Guaidó   

“Mientras el Estado venezolano debe defenderse de las acusaciones ante la CPI, en Narnia continúa el robo de Guaidó y él sigue libre. El nuevo escándalo es que se autopagó 1,9 millones de dólares”, apuntó Pérez Pirela, abordando otra arista de la situación política nacional.   

El pasado 4 de noviembre, el medio británico The Canary dejó al descubierto los manejos turbios con los dineros de Venezuela que ha hecho el pseudogobierno de usurpación de Juan Guaidó en los últimos meses.  

La noticia de LaIguana.TV dice: Lo admiten ellos mismos: Guaidó y su combo se han robado una millonada en los últimos meses.  

La información la difundió el periodista John McEvoy, quien el pasado agosto también reveló las millonarias cifras que ese sector político pagó a bufetes de abogados ligados a lobbies estadounidenses para hacerse con el control del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra.   

“La pregunta es cuándo van a condenar a Guaidó que ha atentado contra los derechos humanos de todas y todos y también sigue robándose el dinero de las venezolanas y los venezolanos. Se siguen robando nuestra plata y nadie los toca. Son multimillonarios en dólares y nadie los toca, mientras el Estado se ve obligado a defenderse ante la CPI de las acusaciones presentadas por los mismos ladrones. Todo al revés, el mundo patas arriba No entiendo nada”, acotó el presentador.  

En esta ocasión, con base en datos difundidos por la pseudojunta directiva del Banco Central de Venezuela, McEvoy precisó que el exdiputado se autocanceló más de 1,9 millones de dólares procedentes de fondos del Estado venezolano.  

El investigador refirió que solamente este año se han erogado “2,6 millones de dólares a la falsa ‘presidencia’” provenientes de dineros venezolanos confiscados por Estados Unidos y manejados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.  

“Pero eso no es todo –recalcó Pérez Pirela-, pues el economista opositor Francisco Rodríguez indicó que entre enero de 2019 y septiembre de 2021, el así llamado gobierno interino ha gastado 121,9 millones de dólares con cargo al fondo para la liberación de Venezuela”.  

El hilo de tuits de Francisco Rodríguez habla por sí solo:  

-“Según datos publicados por la Junta Ad Hoc del BCV, el gobierno interino ha gastado hasta hoy $121,9 millones con cargo al Fondo para la Liberación de Venezuela. Solo en septiembre se desembolsaron $1,9 millones para presidencia, $3,6 millones para cancillería, y $4,6 millones para la AN.  

-Entre los montos más relevantes destacan $27,9 millones para Atención Humanitaria, $20,7 millones para el Programa de Héroes de la Salud y $16,7 millones para el Fondo para la Defensa de la Democracia. 

-Este último concepto es bastante llamativo, dado que incluye el pago de bonos como parte de un “plan de incentivo temporal” destinado a activistas de los partidos de oposición que respaldan al gobierno interino. 

-De acuerdo con un reportaje publicado por Maru Morales en Crónica Uno, el Fondo para la Defensa de la Democracia transfirió montos de entre 50 y 300 dólares mensuales a 16.290 militantes de los partidos opositores. 

-De acuerdo con el Comisionado Alejandro Plaz, las estructuras partidistas recibieron montos “para facilitar transporte y estadías fuera de sus casas (hotel y comidas) para que puedan hacer su labor organizativa en sus regiones y/o áreas de influencia” 

-“El uso de fondos públicos para financiar la actividad partidista es una violación a la ley denunciada reiteradamente por la oposición y ONG. Lamentablemente, el gobierno interino pareciera haber imitado algunas de las peores prácticas del chavismo”. 

El moderador del programa puntualizó que a pesar de este desangre a las arcas públicas, el grupo solicitó el viernes pasado más “ayuda humanitaria”, usando como pretexto la ausencia de insumos médicos y fármacos en los centros de salud.   

Esto quedó registrado en otro titular de LaIguana.TV: Descaro de alto nivel: Banda de Guaidó vuelve a pedir plata para “ayuda humanitaria”. En esa nota se indica que Luis Somaza, quien hace las veces de «director de despacho» de Guaidó, advirtió en Twitter que “cientos de venezolanos están en riesgo de perder la vida” por la crisis hospitalaria. El declarante dice esto a pesar de que es su sector político el que ha solicitado, impulsado y respaldado la imposición de medidas coercitivas unilaterales.    

Asimismo, el exparlamentario exhortó al reinicio de las conversaciones entre el Gobierno bolivariano y la Plataforma Unitaria, dejando entrever que ese sería el mecanismo a través del cual podría ingresar la ayuda humanitaria.   

 De cara a las elecciones  

La parte final del programa la dedicó a las ya muy cercanas elecciones municipales y regionales. Subrayó la falta de acuerdo entre figuras opositoras, como ocurre en el caso emblemático de la gobernación de Miranda, con la guerra a muerte entre los políticos opositores Carlos Ocariz y David Uzcátegui.  

Desde hace meses, Ocariz (respaldado por Guaidó) y Uzcátegui (de la organización Fuerza Vecinal), protagonizan una polémica en las redes sociales y los medios de comunicación, pues ambos se atribuyen las preferencias del electorado en el estado Miranda y sostienen que ganarían frente al actual gobernador y candidato a la reelección, Héctor Rodríguez.   

Uno de esos momentos lo reseña un titular de LaIguana.TV que dice: Pelea de Uzcátegui y Ocariz por candidatura en Miranda sigue al rojo vivo: acá el nuevo toma y dame   

En el último altercado, Uzcátegui tildó a Ocariz de «mentiroso» y lo acusó de «abandonar» a los mirandinos hace cuatro años, cuando el ala extremista de la oposición decidió no participar en los comicios de ese año.   

Previamente, Ocariz había tachado a su rival de oportunista y «ambicioso», pues pretendía ser gobernador habiendo ejercido solamente como concejal. También lo fustigó por presuntamente dejarlo plantado en reuniones previamente acordadas y por negarse a respaldar su candidatura.  

La periodista Madelein García resumió la pugna en un video donde aparecen ambos cuestionando al rival. Luego de presentar este material audiovisual, Pérez Pirela suscribió la crítica de Uzcátegui respecto a que Ocariz hasta hace poco llamaba a la abstención y ahora convoca a votar. Igualmente comentó acerca del aspecto físico del exalcalde de Sucre, utilizando la expresión popular “a ese caucho lo rodaron vacío”.  

Añadió que el caso de Miranda no es el único. La oposición está hiperfragmentada y se expone a un grave debacle electoral, debido a la dispersión de votos, tras lo cual seguramente acusarán al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de fraude.   

CNE investiga transgresiones   

En la misma onda de las elecciones, destacó el anuncio hecho por el Consejo Nacional Electoral de que abrirá investigaciones administrativas a cuatro candidatos por violar el Reglamento de campaña definido para las megaelecciones regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. Los investigados serán:  

-David Uzcátegui, candidato a la gobernación de Miranda, por usar niños en sus cuñas  

-Luis Eduardo Martínez, que aspira a la gobernación de Aragua, por emplear símbolos regionales  

-Héctor Rodríguez, actual gobernador de Miranda y candidato a la reelección por el chavismo, por mezclar su gestión con actos proselitistas de campaña.   

-Gustavo Duque, actual alcalde y candidato a la reelección en el municipio Chacao (Miranda), por el presunto uso de fondos públicos para financiar su campaña.   

Abrams admite errores   

Complementando el cuadro político preelectoral, citó las declaraciones de Elliott Abrams, ex enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, quien recomendó al Gobierno estadounidense y a otros países que respalden las conversaciones que sostienen las oposiciones agrupadas en la Plataforma Unitaria con el Gobierno de Venezuela.   

“Este señor ordenó y apoyó todas las acciones, comunicacionales, económicas y terroristas contra Venezuela para derrocar a su gobierno, y ahora sale con esto”, deploró Pérez Pirela.  

Según Abrams eso «debilitó la oportunidad» para que el grupo al que apoyan –el de Guaidó– alcanzara sus objetivos.   

«El hecho de que Estados Unidos no participe en las negociaciones o no las apoye de alguna manera socava a la oposición, porque reduce el incentivo del régimen para negociar compromisos reales», advirtió Abrams en el texto.   

Asimismo, reconoció el fracaso de la agresiva política de sanciones emprendida por Washington para «desalojar» del poder al presidente Nicolás Maduro. En su opinión esto se debe a que las «sanciones económicas amplias que no afecten directamente a las élites gobernantes, no cambiarán su conducta».  

El alerta de Cabello  

Al cierre del programa, volvió con el tema de la injerencia extranjera, abordado en el primer tramo, para comentar el alerta lanzado por Diosdado Cabello sobre la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. La nota de LaIguana.TV en relación a este tema dice:  

El diputado y primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pidió tener cuidado con la misión de la Unión Europea que se encuentra en Venezuela, pues denunció que no está para hacer observación electoral de los comicios del 21 de noviembre.  

“Tengan cuidado con esa gente, esa gente no vino a Venezuela a hacer observación de ningún tipo, ellos todavía se creen imperio y creen que nosotros somos colonia andan tratando de meter la nariz donde no deben meterla”, indicó cabello durante un acto de campaña electoral en el estado Anzoátegui.  

“Las comisiones de observaciones no son jueces, no son árbitros, vienen a ver, y ojalá aprendan a hacer elecciones. (…) son los mismos que están gritando desde Europa que las elecciones en Nicaragua no fue elección”, comentó Cabello.  

Durante el programa, Pérez Pirela ofreció respaldo al Grupo de Alumnos de Desde donde sea que se ha formado alrededor del programa para analizar y debatir la realidad nacional y global y las clases de filosofía de los jueves.  

(LaIguana.TV) 

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