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Con lujos y detalles toda la verdad del premio que Lilian Tintori recibió en la haya
sábado, 10 de septiembre 2016
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Al menos los dos principales directivos de una fundación establecida en La Haya que otorgó un premió a la política venezolana Lilian Tintori han sido o aún son funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), de acuerdo con una revisión de sus perfiles.

 

La organización, fundada en enero de este año con la denominación Peace, Justice and Security Foundation, tiene como su presidenta a Florence Olara y como secretario a Mark Patrick Dillon.

 

Olara es la oficial de información pública del fiscal de la Corte Penal Internacional, mientras que Dillon es el jefe de Información y Evidencias del propio tribunal, según lo precisan sus perfiles publicados en la red social-profesional Linkedin.

 

Tal duplicidad de funciones, con posiciones de decisión en la Corte y en la Fundación, llama la atención en virtud de que sus posturas y actuaciones pudieran ser determinantes en cuanto a la respuesta del órgano judicial internacional a la “denuncia” que contra el presidente Nicolás Maduro dice haber presentado Lilian Tintori el martes pasado en La Haya.

 

Este hecho ocurrió prácticamente junto con la entrega de un premio de la fundación que reconoce y avala la supuesta lucha de Tintori por los derechos humanos de la cual forman parte las acusaciones que presentó en la Corte.

 

Es decir, estos funcionarios de la instancia judicial ya expresaron su posición favorable a los planteamientos de la venezolana, lo que sería equivalente a la existencia de una causal de inhibición, conforme a normas procesales universalmente aceptadas.

 

EL “CASO” VENEZUELA

 

La de esta semana es la segunda comparecencia que han realizado activistas del partido Voluntad Popular ante la fachada de la Corte Penal Internacional.

 

La primera fue el 11 de noviembre de 2015, cuando el abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez y el dirigente nacional de VP, Carlos Vecchio (fugitivo de la justicia de Venezuela) se tomaron una foto frente a la sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya (Países Bajos), diciendo que habían presentado una solicitud de investigación ante el fiscal del tribunal internacional contra el presidente Nicolás Maduro.

 

Este martes 6 de septiembre Gutiérrez volvió a tomarse la foto en el mismo sitio, pero acompañado ahora por Lilian Tintori, diciendo casi exactamente lo mismo.

 

La novedad fue que ahora le agregaron la masacre paramilitar de Tumeremo a la lista de acusaciones contra el mandatario venezolano.

 

Lo que queda claro de la gestión pretendidamente jurídica es que la CPI no les ha hecho caso en 10 meses que ha tenido el fiscal para investigar los hechos planteados.

 

Sin embargo han tenido éxito al posicionar en la agenda pública que las actuaciones del Estado venezolano en defensa de la institucionalidad y la paz tienen carácter criminal.

 

Cabe precisar que solamente podrán remitir casos ante la Corte los Estados parte, el Consejo de Seguridad y la Fiscalía de la Corte.

 

Ni las organizaciones internacionales ni las organizaciones no gubernamentales tienen esa facultad, tal como quedó establecido en el Estatuto de Roma que regula el proceso jurisdiccional de la CPI.

 

Y tampoco lo pueden hacer los particulares como es el caso de Gutiérrez, Vecchio o Tintori.

 

Estos últimos tienen únicamente la posibilidad de remitirle información al fiscal, para que (de oficio) lo someta a la jurisdicción de la Corte, lo cual evidentemente no ha hecho.

 

Si esa llegara a ser eventualmente su decisión, la medida debe ser sometida a una especie de supervisión de la actuación del fiscal por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, la cual se encargaría de autorizar toda investigación de oficio motivada por el fiscal.

 

Pese a esas garantías que ofrece el sistema de justicia penal internacional no sería descartable que los vínculos y las relaciones con estos u otros funcionarios de la institución puedan permitir una admisión de los señalamientos contra el Gobierno venezolano.

 

GEOPOLÍTICA Y BUROCRACIA DE DDHH

 

Tanto Florence Olara como Mark Dillon pertenecen a una capa de burócratas que se ha articulado en torno a las agendas de los derechos humanos y la sanción de los crímenes de guerra.

 

Olara además tiene un perfil decididamente emblemático ya que es originaria de Uganda, donde se convirtió en una niña refugiada como consecuencia de las acciones bélicas del llamado Ejército de Resistencia del Señor, en Uganda.

 

Su líder es un fanático cristiano, Joseph Kony, que intenta imponer un Estado teocrático y que se hizo famoso por un video viral llamado Kony 2012, y que impulsó una campaña para su captura ante de 2013.

 

En realidad tal intento de posicionamiento era parte de una jugada geopolítica en África para respaldar la independencia de Sudán del Sur y cercar a Sudán con el fin de que EEUU tuviera acceso a los recursos energéticos de la región.

 

Además el caso de Kony fue el proceso con el cual se inauguró la Fiscalía de la CPI, que emitió sus primeras órdenes de captura contra los jefes del grupo armado.

 

El argentino Luis Moreno Ocampo estuvo a cargo del proceso como primer fiscal del Tribunal y junto a él desde 2005 estuvo la ugandesa Olara.

 

Parte de su trabajo se tradujo en un documental sobre Ocampo, Prosecutor, que lo presentaba con un aura de héroe cinematográfico en lucha por la justicia.

 

Como oficial de prensa de la Fiscalía, Olara ha tenido un rol político que supera las funciones habituales de un relacionista.

 

En 2011 ofreció declaraciones sobre la orden de captura del depuesto líder libio, Moammar Gaddafi, que pudieron haber estimulado la agresiva persecución que acabó con su muerte.

 

Mientras que a lo largo de este año ha impulsado contenidos de prensa que respalda la tesis de una crisis humanitaria en Venezuela.

 

(Ciudad Ccs)

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