El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó este martes a las autoridades de Argentina incautar el Boeing 737, propiedad de la estatal venezolana Emtrasur, sobre la base de un presunto incumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre la iraní Mahan Air, compañía que vendió la aeronave al Estado venezolano, así como del lado de Conviasa, casa matriz de Emtrasur.

Según consta en un comunicado publicado en su portal, el tribunal distrital del Distrito de Columbia despachó una orden de incautación el pasado 19 de julio en la que se «alega que el avión fabricado en Estados Unidos está sujeto a decomiso debido a violaciones de las leyes de control de exportaciones de Estados relacionadas con la transferencia no autorizada del avión de Mahan Air, una aerolínea iraní afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria-Fuerza Qods (IRGC-QF)», calificada por Washington como «terrorista», así como a la Empresa de Transporte Aereocargo del Sur, SA (Emtrasur), una aerolínea venezolana de carga y subsidiaria del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, SA (Conviasa), una empresa estatal venezolana».

En decir del gobierno estadounidense, desde 2008 el Departamento de Comercio prohibió a Mahan Air «cualquier transacción que involucre cualquier producto exportado de los Estados Unidos que esté sujeto a las Regulaciones de Administración de Exportaciones», una disposición que, a su juicio, habría sido violentada en octubre de 2021 cuando la iraní «transfirió la custodia y el control de la aeronave Boeing a Emtrasur sin la autorización del gobierno de Estados Unidos».

Adicionalmente se mencionan «violaciones adicionales» de las sanciones unilaterales que se habrían cometido «entre febrero y mayo de 2022 cuando Emtrasur reexportó la aeronave entre Caracas, Venezuela; Teherán, Irán; y Moscú, Rusia», sin contar con «autorización» de la Casa Blanca.

Se añade, asimismo, que el capitán de la aeronave «fue identificado como un excomandante del IRGC y accionista y miembro de la junta directiva de la aerolínea iraní Qeshm Fars Air».

Siempre siguiendo esta versión, las autoridades de Argentina habrían determinado que el Boeing 747 venezolano habría volado a Teherán en abril de 2022, con base en los registros de vuelo encontrados al interior de la aeronave.

Aún cuando en aquel momento ya el avión pertenecía al Estado venezolano, desde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se alega que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó en 2011 Mahan Air «por brindar apoyo material al IRGC-QF», medida similar que se extendió a Qeshm Fars Air en 2019, por supuestamente «estar controlada por Mahan Air y por brindar apoyo material al IRGC-QF».

En una línea semejante se refiere que sobre Conviasa, empresa matriz de Emtrasur, pesan medidas coercitivas unilaterales desde 2020, si bien «su flota fue bloqueada conforme a una Orden Ejecutiva en 2019».

Sobre la base de estos asuntos, el Departamento de Comercio «emitió una Orden de Denegación Temporal» fechada este 2 de agosto, con el que se suspenden «los privilegios de exportación de Emtrasur por 180 días, con posibilidad de renovación».

El secretario auxiliar del Departamento de Justicia, Matthew G. Olsen, justificó la resolución asegurando que su papel era vigilar que los países sancionados no violaran las «sanciones y leyes de exportación» impuestas por su gobierno y amenazó con no dar «cuartel a los gobiernos y entidades patrocinadas por el Estado que buscan evadir nuestras sanciones y regímenes de control de exportaciones al servicio de sus actividades malignas».

Por su lado, el fiscal federal Mattew Graves, adscrito al Distrito de Columbia, donde se dictó este nuevo fallo, indicó que «la incautación de este avión demuestra nuestra determinación de responsabilizar a aquellos que buscan violar las sanciones y las leyes de control de exportaciones de los Estados Unidos».

Según se deduce de otras declaraciones, en esta operación sancionatoria participaron los departamentos del Tesoro, de Comercio y de Justicia, así como tribunales federales y el Buró Federal de Investigación.

El caso está bajo investigación del Departamento de Comercio, el FBI, la oficina del fiscal federal del Distrito de Columbia, la fiscalía auxiliar del Distrito del Sur de la Florida y diversos profesionales ligados a la administración Biden.

Además se señaló que «la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa en el trabajo con las autoridades argentinas«.

(LaIguana.TV)

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