La Justicia boliviana determinó la detención preventiva por cuatro meses para el gobernador del departamento de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, en la cárcel de Chonchocoro en La Paz, en el caso de investigación del Golpe de Estado de 2019.
«Se dispone la aplicación de la detención preventiva para el imputado Luis Fernando Camacho, por cuatro meses en la cárcel de Chonchocoro, en el caso Golpe de Estado», dictaminó el juez Sergio Pacheco, del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz.
La situación jurídica del gobernador Camacho se determinó en una audiencia de más de nueve horas, en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en la ciudad de La Paz, bajo fuertes medidas de seguridad.
En la audiencia, el abogado defensor Martin Camacho presentó el recurso de incidente de aprehensión ilegal, por considerar que no se expuso la orden de aprehensión a la hora de la detención.
Sin embargo, la Fiscalía argumentó que el acusado conocía la existencia del documento y también lo firmó. Además, dijo que existe el riesgo de fuga de Camacho y obstaculización del proceso de investigación.
El juez boliviano tomó en cuenta el riesgo de obstaculización en la investigación, tomando en cuenta la ola de vandalismo que se desencadenó el 28 de diciembre en Santa Cruz, con la quema de al menos siete edificios de instituciones públicas como la Fiscalía regional.
El gobernador Camacho, que también es el máximo opositor político al Gobierno de Luis Arce, fue aprehendido el miércoles por la tarde por la Policía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en cumplimiento de una orden de la Fiscalía boliviana, por no presentarse a declarar voluntariamente en la investigación del caso Golpe de Estado de 2019.
Fuera de los estados judiciales, como medida de presión para exigir la liberación del gobernador Camacho, el Comité pro Santa Cruz, una organización que defiende los intereses de la región, determinó un paro de 24 horas para este 30 de diciembre, con bloqueos de carreteras.
El líder opositor es acusado de terrorismo por organizar movilizaciones sociales y promover la rebelión de las fuerzas armadas en noviembre de 2019, que presionaron al expresidente Evo Morales (2006-2019) a renunciar al cargo, con el argumento de que se cometió fraude en las elecciones generales del 20 de octubre de ese mismo año.
El delito de terrorismo en Bolivia se castiga con penas de cárcel de entre 15 y 20 años, según el Código Penal.
(sputniknews)
