Desde hace un tiempo, Polonia se encuentra violando la orden de reformar su sistema judicial emitida por la Comisión Europea (CE), lo cual ha implicado unas sanciones considerables. A pesar de que Varsovia solicitó que se dejaran de cobrar todas las multas, dicha petición fue rechazada y deberán pagar montos diarios de un millón de euros.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había impuesto una medida cautelar contra el país, dado que la corte polaca ha estado cometiendo algunas violaciones a las normas de la organización.
Es por ello, que las autoridades de Polonia podrían verse obligadas a desembolsar la enorme suma de 150 millones de euros por los días de multa que lleva acumulados durante unos cinco meses, dijo la periodista Katarzyna Szymanska-Borginon, de la emisora de radio RMF FM citando a un funcionario de la CE.
En vista de que Varsovia envió una carta a la Comisión el 3 de noviembre de 2022, solicitando que se tomen en consideración sus argumentos, el organismo suspendió temporalmente el envío de las solicitudes de pago de las multas durante las deliberaciones. En ese sentido, Christian Wiegand, representante del organismo, sostuvo para RMF, que el congelamiento de la demanda en estos casos es una práctica común, dado que se necesita un tiempo para analizar la propuesta del solicitante.
Es por ello, que Wiegand aseguró que al considerar la CE que todavía hay una violación a sus estatutos, los reclamos se pueden reanudar en cualquier momento.
«La Comisión ya ha rechazado la petición de las autoridades polacas en lo que se refiere a las sanciones (…), ya que, el país europeo aún no ha implementado completamente la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE», manifestó Wiegand.
De esta manera, el Comisionado de Justicia, Didier Reynders, informó oficialmente a Varsovia durante la semana pasada por medio de una carta que las notificaciones de pago comenzarán a llegar nuevamente al país.
Polonia quería detener la acumulación de multas
Las autoridades polacas argumentaron su postura por el hecho de que a mediados de julio entró en vigor una modificación a la ley sobre el Tribunal Supremo, a partir de la cual se suprimió a la entonces Cámara Disciplinaria y en su lugar se creó la Cámara de Responsabilidad Profesional.
Sin embargo, en julio del año pasado, la jefa de la CE, Ursula von der Leyen, declaró en una entrevista que «la nueva ley no garantiza que los jueces puedan impugnar la condición de otro juez sin riesgo de ser sancionados disciplinariamente».
Dado que la Comisión Europea condonó por última vez una multa por el periodo comprendido entre el 30 de agosto y el 28 de octubre de 2022, ahora, el nuevo indulto abarcará el periodo que da comienzo a partir del 29 de octubre. En caso de que la CE contabilice la deuda hasta finales de marzo, su cuantía podría ascender a los 150 millones de euros.
Informalmente, la reportera de RM FFM fue informada de que la CE había estado posponiendo una respuesta negativa a la carta polaca porque esperaba que entretanto entrará en vigor en el país europeo una nueva ley sobre el Tribunal Supremo (la que debería desbloquear el acceso a los fondos del Plan Nacional de Recuperación). Sin embargo, como aun la ley está atascada en el Tribunal Constitucional, Bruselas decidió no esperar más.
Por su parte, Polonia, con respecto a la imposición de multas por parte de la Comisión, ha presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, pero es probable que no se dicte sentencia hasta dentro de unos meses, afirmó la corresponsal.
En julio de 2021, el Tribunal de Justicia de la UE había ordenado a Varsovia que suspendiera inmediatamente la aplicación de las leyes relativas a las competencias de la Cámara Disciplinaria —no reconocida— del Tribunal Supremo, lo que implicaba, en particular, el levantamiento de la inmunidad de los jueces.
Por no hacerlo, el Tribunal impuso a Polonia una multa de un millón de euros al día, a partir del 3 de noviembre de 2021. Pero, como Varsovia no paga las multas, Bruselas descuenta regularmente la deuda de los fondos externos del país. Es por ello, que las autoridades polacas argumentan que los beneficiarios directos de esto no pierden nada con ello, pues sus facturas ya han sido pagadas y que el perjuicio se causa al presupuesto del Estado, por consiguiente, piden a la CE que se compense esta pérdida.
(Sputnik)
