Presuntas mafias que operan dentro del Poder Judicial estarían “saboteando” la recuperación del negocio petrolero en el país.
Así lo denunció el abogado Alejandro Terán Martínez al periodista Eligio Rojas del diario Últimas Noticias.
En este sentido, el abogado describió lo ocurrido con ICM Proyectos 2001, empresa que le presta servicios a Petromonagas, Petropiar y Petrocedeño, entre otras estatales.
“Terán Martínez señaló directamente a la jueza Alice Hernández y al exfiscal Renny Amundarain de haber utilizado la justicia penal como un instrumento de terror contra empresas privadas e incluso estratégicas para el sector petrolero nacional”, escribió el comunicador.
Para dar curso a su denuncia, Terán Martínez consignó el pasado lunes 19 de febrero ante la Dirección General contra la Corrupción del Ministerio Público un documento en el que señala “que todo fue coordinado desde las oficinas de Carlos Vecchio en Estados Unidos, quien se presentaba como embajador de Venezuela en esa nación”.
De acuerdo con el abogado, “Vecchio actuó en conjunto con su socio Jesús Pérez para la toma de ICM con la firme intención de atentar contra la producción petrolera nacional”.
El abogado denunciante explicó que los procesos “tienen un mismo patrón”. Es decir, señaló, “un fiscal permanente, un juez permanente actuando fuera de su jurisdicción, una materia de interés nacional que permita imponer sanciones y terror a los involucrados para después buscar un acuerdo reparatorio a cambio de sumas importantes de dinero”
(LaIguana.TV)
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