El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante un tribunal de control del estado Miranda a 11 efectivos del Ejército por su presunta responsabilidad en la muerte de 12 personas, cuyos cuerpos fueron hallados este viernes 25 y sábado 26 de noviembre en zonas montañosas del municipio Acevedo de esa jurisdicción.
En tal sentido, la Fiscalía 62º nacional con competencia en materia de Derechos Fundamentales imputará al Teniente Coronel José Ángel Rojas Córdova, quien desde agosto de 2015 se desempeña como comandante de la unidad táctica 323 batallón Caribes “José Camacaro Rojas”, y a otros 10 soldados profesionales.
Por su parte en un comunicado de la FANB, firmado por el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, se informó abiertamente que los efectivos militares “incurrieron en el asesinato de varios ciudadanos” y confirmó la detención del oficial superior y de los otros integrantes de la unidad de combate.
El grupo de efectivos del batallón se encontraban desde mediados de octubre haciendo labores de patrullaje en varias poblaciones del municipio Acevedo, a unos 50 kilómetros al este de Caracas, en virtud de denuncias sobre graves actuaciones de delincuentes que hostigaban a productores campesinos y realizaban secuestros en el sector.
Asimismo, serán imputados los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón. el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; además de los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel.
Los mencionados militares están adscritos al Batallón 323 Caribe con sede en Maturín, y están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café.
Previamente el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, había anunciado la detención de ocho militares presuntamente implicados en el asesinato de 12 personas que se encontraban desaparecidas desde el pasado 15 de octubre cuando se realizó una Operación de Liberación del Pueblo en el municipio Acevedo del estado Miranda, cuyos cuerpos fueron localizados en un sector montañoso en la región de Barlovento.
El ministro explicó que la investigación se inició luego de las reiteradas denuncias formuladas por los familiares de varias personas que se encontraban desaparecidas, quienes acudieron ante la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público.
Reverol detalló que como parte de la operación antidelictiva iniciada el 15 de octubre “se practicaron detenciones preventivas para verificación y chequeo, en poblados del municipio Acevedo”, en los pueblos de Capaya, Yaguapa, El Café, Cambural y Aramina.
La denuncia había sido formulada por familiares con el respaldo de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, luego de la desaparición de Eliézer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena y otras dos personas cuyos cuerpos no habían sido identificadas.
El ministro calificó los hechos de “acciones unilaterales e individuales que no representan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.
A los funcionarios aprehendidos, el Ministerio Público les atribuirá varios delitos, todos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales.
Es importante resaltar que expertos de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público trabajan en el levantamiento y la autopsia de los cuerpos, y efectúan las diligencias necesarias orientadas a su identificación.
Vale señalar que dos de las víctimas fueron localizadas el viernes 25 de noviembre en el sector El Café del citado municipio; mientras que las 10 restantes fueron encontradas este sábado 26 en el sector Aragüita vía a Guatopo.
Por otra parte, el Ministerio Público pidió medidas de protección para los testigos del hecho.
La investigación del caso se inició una vez que los familiares de las víctimas acudieron al Ministerio Público y denunciaron su desaparición ocurrida entre el pasado 16 y 19 de octubre. Estas fueron detenidas por los militares durante un operativo de seguridad; posteriormente, fueron trasladadas a un punto de control ubicado en el sector El Café.
De inmediato el Ministerio Público comisionó a la mencionada fiscalía para investigar el hecho, la cual, actuando conjuntamente con funcionarios de la Unidad Criminalística, practicó una serie de diligencias que permitieron establecer que efectivamente los 12 ciudadanos fueron detenidos por efectivos militares, sin que mediara en su contra ni el supuesto de flagrancia ni una orden judicial de aprehensión.
Se debe recordar que para la aprehensión de una persona, por razones constitucionales, debe mediar una orden judicial, a menos que sea sorprendida en la comisión de un delito flagrante.
Igualmente, la autoridad debe identificarse plenamente y notificar al Ministerio Público de dicho procedimiento para que el detenido sea conducido ante un juez de control en un lapso no superior a las 48 horas.
Adicionalmente, el ordenamiento jurídico venezolano prohíbe expresamente los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene como principio de actuación del Estado, la preservación de la vida y de la dignidad de las personas.
Durante varios días continuaron las pesquisas que permitieron identificar a los presuntos autores y los sitios en los que pudieron perpetrarse los hechos, los cuales fueron abordados por expertos del Ministerio Público y de la División Contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), organismo comisionado para coadyuvar con la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del suceso.
Posteriormente, los militares fueron detenidos por el Cicpc, por su presunta responsabilidad en el caso.
