El gobierno de facto de Bolivia — encabezado por la autoproclamada «presidente interina» Jeanine Áñez — expulsó este lunes a la embajadora de México en el país andino, María Teresa Mercado; y a los diplomáticos de España Cristina Borreguero (encargada de negocios) y a Álvaro Fernández (cónsul de España).

 

«Bolivia ha decidido declarar personas nos gratas a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia Álvaro Fernández y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados», expresó Áñez en una rueda de prensa, citado por medios internacionales.

 

Los diplomáticos españoles y a la embajadora mexicana un lapso de 72 horas para que abandonen la nación.

 

Durante la rueda de prensa, Áñez señaló que la decisión fue tomada debido a «la conducta hostil, intentando ingresar de forma subrepticia y clandestina a la residencia de México en Bolivia», de los supuestos encapuchados que escoltaban a la encargada de negocios de España en Bolivia, son hechos que no se pueden «dejar pasar».

 

No obstante, la ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de facto, Karen Longaric, enfatizó la decisión no implica la ruptura de relaciones entre ambas naciones.

 

«Declarar personas no gratas a diplomáticos de España y México, no implica ruptura de relaciones. Se exige que acrediten nuevos funcionarios para reemplazar a éstos que violaron la soberanía e irrespetaron normas bolivianas», aclaró Longaric.

 

Por su parte, el gobierno de México ordenó a su embajadora regresar al país con el fin de «garantizar su seguridad», por lo que la sede diplomática en Bolivia estará a cargo de la jefe de Cancillería de la Misión, Ana Luisa Vallejo; refiere el portal ruso Actualidad RT.

 

El pasado viernes 27 de diciembre, Bolivia denunció la presencia de presuntos encapuchados de la misión diplomática de España, que habrían intentado ingresar a la Embajada de México en La Paz.

 

Ante este hecho, España informó que abriría una investigación tras la denuncia presentada por el gobierno de facto.

 

(AVN)