Este viernes 8 de mayo, el filósofo y analista político venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela dedicó la edición número 86 de su programa Desde Donde Sea a analizar las implicaciones del contrato suscrito por Juan Guaidó, Juan José «J.J.» Rendón y Sergio Vergara, con Silvercorp –una empresa de tercerización de la guerra propiedad del exsoldado élite estadounidense, Jordan Goudreau–, al calor de la Filosofía Política y la Teoría del Estado Moderno.
En tal sentido, el filósofo recordó que en las ediciones pasadas de Desde Donde Sea, una vez la periodista opositora Patricia Poleo divulgara parcialmente su contenido, había afirmado que con el acuerdo se pretendía llenar de sangre a Venezuela, pero aunque esto es estrictamente cierto, su valoración se quedó corta, porque, luego de la publicación del documento completo por el diario estadounidense The Washington Post, se reveló su verdadero alcance: eliminar el Estado venezolano, de la República –en tanto concepto civil– Bolivariana de Venezuela, tal y como la conocemos.
De allí que para comprender la gravedad de lo que implica el mentado acuerdo, en su criterio, es indispensable ponerlo bajo el lente de la Filosofía Política y de la Teoría del Estado, en tanto lo firmado se habría traducido, de haber triunfado la invasión, en una entrega del poder del Estado a una contratista de guerra extranjera, Silvercorp.
En su parecer, al anular todo el poder y todas las competencias del Estado y entregárselas a una contratista de guerra, se estaría privatizando el monopolio de la violencia, que, recordando al sociólogo alemán Max Weber, debe recaer ineluctablemente en el Estado.
Un ejemplo concreto de cómo se evidencia esto en el contrato suscrito entre Guaidó y Groudeau, es que en este se propone «la eliminación de un derecho fundamental, derecho a la vida», en tanto se pone precio a la eliminación de personas; muy en consonancia con lo que ya hizo la Administración Trump: fijar tarifa por la cabeza del presidente Nicolas Maduro y de otros representantes del Gobierno Bolivariano.
Otro de los aspectos trascendentes del acuerdo es que se eliminan los límites de la República y su soberanía, y se supedita el poder de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a fuerzas extranjeras.
En este punto, Pérez Pirela recordó los tres elementos que definen a un Estado Moderno, a saber: fronteras comunes, legítimas, manifiestas y aceptadas; Fuerzas Armadas comunes y cabeza común a los límites y a las Fuerzas Armadas.
De modo tal que si, como se prevé e el contrato se imponen límites sobre la soberanía del Estado, se establece la existencia de distintas Fuerzas Armadas dentro del mismo Estado –lo que significa que habría tantos Estados como Fuerzas Armadas Existan–, ya se estaría avanzando hacia la consolidación de un para-Estado.
Por otro lado, explicó que la cabeza común en torno a la cual se cohesiona el Estado –que dependiendo del tipo de gobierno presente, puede tomar la forma de un presidente, un primer ministro o un rey–, tiene la beligerancia sobre las fronteras y sobre las armas, lo que le permite salvaguardar y proteger a su nación, en caso de que sea necesario.
Por esa razón, continuó, en la República Bolivariana de Venezuela, el presidente de la República es el Comandante en Jefe de la FANB, pues se trata de la figura que es capaz de controlar el territorio y dirigir el uso de la violencia a través de las armas con fines defensivos.
Al revisar las cláusulas contempladas en el contrato, se concluye sin dudas que estas tres características que definen a todo Estado Moderno, «fueron eliminadas de un plumazo y delegadas a una contratista de la guerra estadounidense».
Ahondando en la reflexión, el experto trajo a colación lo desarrollado por filósofo político renacentista Jean Bodin, quien en su libro «Los seis libros de la República«, que data de 1575, desarrolla los fundamentos del Estado Moderno. Específicamente, mencionó el alcance del concepto de soberanía propuesto por Bodin, quien la define como «ilimitada e indivisible», por lo que es imposible delegarla.
La soberanía, que en la Filosofía, antes de ser un concepto territorial está asociada con el cuerpo, incluyendo el cuerpo físico, permite derivar un concepto subsidiario pero no menos importante en este debate: autodefensa.
Entonces, en el parecer de Miguel Ángel Pérez Pirela, análogamente a lo que se establece para el cuerpo, puede decirse para el Estado; que ha de ser respetado en su cuerpo, en sus límites. Esto explica por qué aquél que pretende vulnerar sus límites, recibe una respuesta contundente de sus Fuerzas Armadas.
Por lo antes expuesto, al ser la autonomía una característica fundamental de la soberanía, permite que un Estado con límites, Fuerzas Armadas y liderazgo común, pueda crear sus propias leyes. En caso contrario, precisó, estaríamos en presencia de un Estado que no es soberano.
De ahí que la eliminación de la soberanía, de la FANB y la cesión de liderazgo que contempla el acuerdo entre Juan Guaidó y Jordan Goudreau, implique ceder el Derecho Público a los intereses de particulares, algo que el también director de LaIguana.TV valoró como una hipoteca del país, de la seguridad y defensa y muy especialmente, de la paz de la nación.
«La soberanía es inalienable, imprescindible, perpetua y no está sujeta a prescripción. No depende de otros y establece la diferencia entre el Derecho Privado y el Público», puntualizó para aclarar el punto previo.
Siguiendo a Sabine en su libro «La Crisis del Estado», el analista comentó que la soberanía como poder supremo, no está sometido a leyes particulares, porque se trata de un poder perpetuo, lo que la hace superior a «cualquier contrato que pueda firmar cualquiera que se diga presidente».
Por eso, resulta abominable lo que hizo Juan Guaidó, porque se atribuyó los derechos del pueblo venezolano y se los entregó a un tercero, una contratista de guerra extranjera, que, a su vez, está supeditada a un tercer Estado: los Estados Unidos de América bajo el gobierno de Donald Trump.
A su juicio, esa compuerta para la institucionalización de relaciones asimétricas entre Estados que pretendió abrir el contrato firmado por Juan Guaidó, parte de un principio falaz: que algunos Estados son más soberanos que otros; imposible si, como mencionó anteriormente, la soberanía puede definirse solamente como absoluto.
En síntesis, el acuerdo «da luz verde a la injerencia, a la creación de un Estado superior al nuestro o a la creación de un para-Estado».
Peor todavía resulta el hecho de que Juan Guaidó y J.J. Rendón acordaran cancelar 16 millones de dólares adicionales a los 212 previsto, por la captura/detención y eliminación del presidente Nicolás Maduro. Con ello, indicó el analista «están colocándole precio a uno de los tres factores fundacionales del Estado, que es, en este caso, la presidencia de la República».
A la ya larga lista de barbaries e irregularidades se suma que Silvercorp fue autorizada por Juan Guaidó para «seguir con su trabajo», aún en caso de que no se concretara el derrocamiento del Gobierno Bolivariano. Analizando este aspecto bajo el lente de la Teoría del Estado, Pérez Pirela concluyó que «se le está poniendo fecha de vencimiento al Estado, porque se está colocando por encima de él una fuerza de intervención que llaman en el contrato ‘grupo táctico o comité estratégico'».
Tampoco debería obviarse el papel de los inversionistas. En este caso, para el filósofo el propio monto del contrato implica que Juan Guaidó y J.J. Rendón fijaron un precio para la paz, la soberanía y la propia integridad de la República Bolivariana de Venezuela: 212 millones de dólares.
Bajo ese orden de las cosas, los mercenarios –que son mencionados en el contrato con el eufemismo «grupos de tareas», pasarían a controlar lo que Marx Weber llama el monopolio legítimo de la violencia y la FANB -así como el resto de las instituciones– estaría sometida a los dictámenes de la contratista de guerra. Es decir, de Jordan Goudreau, un exmarine que –formalmente– solo debería rendir cuentas a Juan Guaidó.
Sin embargo, en el supuesto de que el plan tuviera éxito, Pérez Pirela considera improbable que Guaidó hubiera podido controlar a un ejército mercenario liderado por un soldado de élite de la Armada estadounidense. A su parecer, lo que ocurriría es que el Ejército norteamericano llegaría a tomar el poder y en las primeras de cambio, el político extremista sería dejado fuera del juego, acaso eliminado.
Lo antes descrito le permitió concluir que, en última instancia, se estaría institucionalizando, legalizando «el fascismo como ley de la República o del sub-Estado y todo quedaría en manos de estos ‘grupos de tarea’, que tendrían luz verde para asesinar a quien fuere, sin responsabilidad penal, puesto que se le estarían entregando las armas de la República a una contratista estadounidense, con absoluto poder de fuego.
Los mercenarios también contaban con autorización plena para ejecutar asesinatos selectivos y destruir de edificios. Más precisamente, el experto refirió que «incluso el contrato es tan pormenorizado en lo macabro e inefable, que llega al detalle de las armas que se habrían de utilizar», incluso minas antipersona, hoy prohibidas en muchos lugares del mundo, lo que sumiría a la República en un escenario similar a los que hoy se aprecian en naciones como Irak, Siria o Afganistán.
Conforme al marco de violación de todos los derechos fundamentales, el contrato de la barbarie también autoriza a los invasores a ejecutar detenciones sin autorización de un juez así como el uso de la fuerza letal, algo que podrían hacer con absoluta impunidad, toda vez que la legislación posterior se elaboraría conforme a los límites de la violencia impuesta por la contratista de guerra estadounidense.
En última instancia, el contrato, establecido entre particulares, estaría por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro propio contrato social, «que fue escrita, firmada y refrendada a través del voto por la mayoría de los venezolanos y las venezolanas en elecciones libres y secretas».
Esta ausencia de soberanía y de marco jurídico real, le permitiría a los mercenarios entrar y salir de Venezuela sin necesidad de pasaporte, porque el único documento que se les exige, según el documento firmado entre Guaidó y Silvercorp, es precisamente el carnet de la compañía.
«Esto es una locura, una aberración. Es inédito. Contribuiría mucho a las nuevas teorías del Estado. Esto está poniendo por encima del Estado, a una empresa privada. Él contrató la destrucción total de Venezuela, así como la conocemos», valoró el comunicador.
Más todavía: la sujeción es tal, que de ocurrirle algo a los contratistas, Guaidó se vería en la obligación de indemnizar a sus familias con 450.000 dólares.
El contrato también preveía una «cadena de mando«, en la que figuraba Juan Guaidó como Comandante en Jefe, seguido de Sergio Vergara como Supervisor de Proyectos y de J.J. Rendón como Supervisor de Estrategias. Un cuarto cargo, el de «Comandante en el sitio», estaba aún sin determinar, pero de acuerdo con el ministro Jorge Rodríguez, se habrían barajado los nombres de Clíver Alcalá e Iván Simonovis.
«Se trata de un hecho inaudito, inédito, imposible de encontrar e los anales de la RBV desde su creación en el siglo XIX. Venezolanos como Guaidó y JJ Rendón puedan orquestar, pensar, imaginar o pensar un contrato privado con una contratista gringa en el cual se firme la destrucción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es el contrato social que nos pone de acuerdo entre venezolanos; y la destrucción del Estado-Nación venezolano, que contempla: límites territoriales que serían destruidos, (…), la destrucción del liderazgo común (…) y la destrucción de la FANB, que estaría por debajo de una contratista y de los Estados Unidos», argumentó.
Ya casi al cierre, Pérez Pirela hizo un llamado a los sectores de la derecha venezolana que aún no se pronuncian sobre el tema, puesto que se trata de algo que atañe a todos los venezolanos, que toca al Estado y sobrepasa las parcialidades políticas.
«Lo odioso, lo grave del contrato, seguramente quedará como ejemplo, como paradigma absurdo en las teorías del Estado Moderno, porque algo así no se había visto», porque «representa la destrucción del Estado venezolano, (…), «la formalización de la sustitución del Estado por una empresa» y la institucionalización de que ‘todo se puede contratar’ (…). Estaríamos frente a una clase política dirigente de la derecha que está institucionalizando y legalizando el fascismo en Venezuela», concluyó.
Libro del día
A tono con los temas desarrollados en el programa, recomendó la lectura de «Escritos de Filosofía y Política», de la autoría del intelectual venezolano Alfredo Maneiro.
(LaIguana.TV)
