La constituyente María Alejandra Díaz considera que el informe elaborado por un comité de expertos de la ONU es poco riguroso en su metodología, sesgado en las fuentes utilizadas, y falso en cuanto a que sus autores pretenden hacer creer que estuvieron en Venezuela.
En su opinión, el informe es parte del plan para presentar al país como violador sistemático de derechos humanos y justificar así una “invasión humanitaria” al estilo de la que destruyó a Libia.
En entrevista exclusiva en el programa Cara a cara de LaIguana.TV, la abogada constitucionalista también opinó que la impunidad con la que ha actuado hasta ahora el diputado Juan Guaidó ha debilitado el Estado de derecho y la credibilidad de la opinión pública.
-Como abogada especialista en estas materias, ¿cuáles serían las tres principales objeciones que se le pueden presentar al informe que ha sido divulgado como si fuera la opinión de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Venezuela?
-La primera de ellas es la falta de rigurosidad metodológica en la investigación. No hubo datos pudieran contrastarse con los datos oficiales. No se puede levantar un informe para acusar a un Estado de la comisión de crímenes de lesa humanidad si no acudes a la fuente oficial al menos para contrastar la información que estás obteniendo de los informes-sombra que presentan las ONG. La segunda objeción, que además debilita y sesga la investigación, son las fuentes que utilizaron, que en un 97% son de medios de comunicación opositores al gobierno venezolano y de ONG que, claramente, a partir del año 2002, cuando se produjo el golpe contra el comandante Chávez, se han puesto de parte de los intereses foráneos de potencias hostiles y, además, están siendo financiadas por esas potencias. La debilidad más resaltante es pretender hacer creer que estuvieron en Venezuela, que hicieron lo que se llama una visita in loco, es decir, presencial, en el sitio, que pudieron entrevistar a las personas que dicen haber entrevistado y que contrastaron la información. Nada de eso se hizo. Es un informe-sombra para tratar de dibujar a Venezuela como un Estado fallido y llevarla ante la Corte Penal Internacional, que es la finalidad. Además, es un informe pagado. Se erogaron cerca de 2 millones 764 mil dólares para pagarle a unos expertos. Algunos de esos expertos estaban en Panamá. Fue un informe alimentado con datos que Luisa Ortega Díaz y Manuel Cristopher Figuera facilitaron incluso de sus propias gestiones (como fiscal general y director del Servicio Bolivariano de Investigación Nacional), je, je, je… ¿Qué autoridad puede tener Ortega Díaz si hemos denunciado que en su tiempo como fiscal se abrieron más de 16 mil investigaciones a ciudadanos, chavistas y no chavistas, sin expediente y sin atención al debido proceso. Ella ahora es una de las informantes privilegiadas en ese informe. Por eso decimos que no es más que una burda propaganda para tratar de justificar que Venezuela es un Estado fallido.
-¿Cómo se explica que las autoridades jerárquicas de la ONU no salgan de inmediato a aclarar que no es una comisión oficial, sino que, por el contrario, el secretario general, António Guterres, haya recomendado “hacerle caso” al informe?
-Porque la ONU es hoy en día la cara moral de los intereses corporativos. No responde ya a los intereses de los Estados-nación, sino a los de las corporaciones. Lo más grave es que la conformación de esa comisión deriva de una maniobra realizada en el seno de la ONU. El año pasado, más de 120 países votaron a favor de que se elaborara un informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, en virtud de la medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, porque es evidente que eso ha dañado y desmejorado la situación de los derechos humanos en el país. Una vez que se aprobó esa resolución, al día siguiente, se reunió otro grupo, que no llega a ser la mayoría de los 47 miembros de la Comisión de Derechos Humanos y aprueban esta otra comisión “independiente”. La conformación interna de la comisión les permitió aprobar esto sin tener mayoría. Por eso es un informe-sombra, cuyos autores actuaron paralelamente a la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, que está trabajando en Venezuela oficialmente desde hace más de un año. Esa jugada, con EEUU por detrás, solo pretende decirle al mundo que Venezuela es violadora de derechos humanos y hay que aplicarle la teoría de la Responsabilidad de Proteger. Es parte de un guion, y por eso vemos al señor Guaidó (y digo señor por educación, porque así me enseñaron en mi casa), pidiendo que se aplique la Responsabilidad de Proteger.
-Esa opción ha sido planteada antes, pero esta vez tiene mayor peso específico porque lo ha hecho “formalmente” Guaidó, la persona a la que estos países reconocen como presidente encargado. ¿Qué tanto es ese peso adicional?
-Él es el representante principal de este gobierno-sombra, una de las tantas doctrinas que se le aplica a Venezuela para destruirla. Ese gobierno-sombra es reconocido por EEUU y sus acólitos, sus satélites. Por eso tiene un peso adicional porque gracias a ese mismo reconocimiento ya han hecho cosas concretas como apropiarse de bienes del Estado venezolano, como Citgo, como Monómeros, como el oro; han solicitado sanciones y se las han dado; están solicitando ahora sanciones para evitar que tengamos combustible diésel y así paralizar el transporte público y de alimentos. Es decir, si alguien ha dañado a Venezuela es ese “señor”. Por supuesto que tiene un peso porque siguen preparando el terreno para que, cuando decidan dar el zarpazo, aquí tienen un presidente que es quien va a quedar al mando, sin haber ido a elecciones ni haber obtenido un voto. Es parte del plan de debilitamiento, estigmatización y descrédito de Venezuela ante las instancias internacionales.
-Se han tomado medidas judiciales contra los segundos, los cómplices, pero no contra Juan Guaidó. ¿Qué es lo que pasa?
-En algún momento, el lenguaje político se agota en la política. Y este ha sido uno de los momentos más terribles para el Estado de Derecho, desde mi punto de vista, como abogada constitucionalista, porque han privado las decisiones políticas de no tocarlo, sino de tratar más bien de acorralarlo. No sé por qué ha ocurrido eso porque no soy quien ha tomado esas decisiones. Si me preguntan en términos personales, creo que es un síntoma de debilidad institucional, del Estado de Derecho, del Estado constitucional. Más allá de la política, llega un momento en el que ese discurso no alcanza y hay que ejercer la autoridad o, simple y llanamente, se pierde. Es como la persona que amenaza y no cumple, y cuando va a actuar ya perdió la credibilidad. La tesis que ha imperado es dejarlo correr, que se cueza en su propia salsa, que se debilite, incluso inventándose teorías absolutamente irracionales y fuera de todo conocimiento constitucional, como por ejemplo que pueden, a través de la tesis de la continuidad administrativa, seguir presidiendo la Asamblea Nacional. Eso (no actuar en su contra) es una muestra de lo que ocurre cuando debilitas la institucionalidad, el Estado de Derecho, la constitucionalidad por tomar unas medidas políticas. Nos debilita y, frente a la opinión pública, nos resta credibilidad.
-El informe de la ONU se presenta a pocas semanas de las elecciones presidenciales de EEUU y de las parlamentarias venezolanas. ¿Esa oportunidad es parte del plan?
-Absolutamente. Pero esta es una campaña sistemática desde 2003. Cuando no logran derrocar a Hugo Chávez en 2002, comenzaron los informes sesgados desde la Organización de Estados Americanos. Esa es la razón fundamental por la que el comandante Chávez decide retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, luego, el presidente Maduro resuelve retirarse de la OEA. Era demasiado grosero el tratamiento sesgado contra Venezuela. Llegó un momento, en 2016, que de 384 denuncias que había contra países de América, solo 60 eran contra Venezuela. Sin embargo, Venezuela aparecía en lo que ellos lograron denominar el capítulo 4, es decir, países que debían estar bajo observación por ser violadores sistemáticos de derechos humanos. Lo que hicieron ahora, en vista de que Venezuela se retiró de la OEA, es trasladar ese mismo guion para la ONU y ahora es la ONU, con un peso específico, con un Consejo de Seguridad en el que, si logran que alguno de los países que tienen poder de veto, no se opongan, pase una resolución para una “invasión humanitaria”, como la que hicieron en Libia. Ese es el peligro, la espada de Damocles que tenemos permanentemente encima con esta situación. Efectivamente es parte de un plan.
-Ya se ha dicho que la Asamblea Nacional Constituyente cerrará sus funciones en diciembre y que no derivará en un proyecto de Constitución para ser sometido a referendo. Entendemos que las comisiones han generado mucho material jurídico. ¿Será posible aprovecharlo, trasladándolo a la nueva Asamblea Nacional, que entrará en funciones el 5 de enero?
-Yo esperaría que sí. Pero desde lo personal lamento profundamente no completar la tarea porque la promesa a nuestro pueblo fue constitucionalizar las misiones para que nadie pudiera vulnerar el Estado social y de justicia y, por el contrario, profundizarlo, y fortalecer los mecanismos de defensa de la propia Constitución. Desafortunadamente, la decisión es otra. Lo lamento profundamente. Sin embargo creo que como trabajamos muchísimo con propuestas novedosas y profundas para mejorar nuestro sistema constitucional, valdría la pena que un vez instalada la AN, se tomaran de allí algunas directrices, algunas leyes que profundicen nuestro modelo, blindarlo, y cumplirle la palabra a nuestro pueblo de una Asamblea que esté de cara a las necesidades de los más vulnerables y que nos permita hacer irreversible ese modelo constitucional que es tan incómodo para las élites globalistas mundiales.
-La gente se pregunta por qué María Alejandra Díaz no es candidata a la AN…
-Esa pregunta no es para mí, sino para quienes decidieron las listas de candidatos a la AN. Definitivamente no tengo la respuesta.
-Aunque, de tus respuestas anteriores, el público tal vez pueda entender por qué quienes hicieron las listas no te incorporaron.
-Sabes que mis posiciones son absolutamente verticales. Ante todo tengo un deber conmigo misma, en virtud de mis principios y valores, de la defensa absoluta e irrestricta del Estado constitucional venezolano, de la Constitución y del legado del comandante Chávez. Eso a alguna gente como que le molesta o le pica. Pero, bueno, entre un principio y un amigo, me quedo con el principio. Siempre.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
