En la más reciente emisión del programa de entrevistas Cara a Cara, la abogada constitucionalista Ana Cristina Bracho explicó en qué consiste la denominada Responsabilidad para Proteger (R2P), actualmente promovida por la Organización de Estados Americanos (OEA), con miras a aplicarse contra Venezuela.

Este mecanismo, en principio entendido como un compromiso global impulsado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tendría como objetivo prevenir el genocidio, los crímenes de guerra, las limpiezas étnicas y los crímenes de lesa humanidad.

“La Responsabilidad para Proteger es un concepto que nace en los 90. Nace debido al fracaso de las Naciones Unidas para evitar los conflictos y lograr la paz”, indicó la abogada.

“Los años 90, en especial después de la situación que ocurrió en Ruanda con el genocidio, dejan en evidencia que en las Naciones Unidas no fueron capaces de prevenir las grandes perturbaciones que se produjeron en la esfera internacional y, en específico, esta organización no estaba dotada de instrumentos para prevenir las acciones nacionales que significan violaciones masivas de los derechos humanos”, acotó.

Explicó que este mecanismo buscaba romper con las limitaciones que por lo general impone el derecho internacional. Un ejemplo de ello es el respeto a la soberanía.

Según la abogada, el R2P establece que la soberanía también tiene un límite, específicamente cuando se cometen los cuatro delitos previamente mencionados: el genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad.

Ante esa situación, hay una visión que dice que la soberanía ha de detenerse en el país que está cometiendo estas prácticas. Y la soberanía de los otros países de la comunidad internacional debe ampliarse. Entonces se da lugar a un proceso de intervención”, recalcó la jurista.

“Este proceso de intervención va a buscar presionar al país, ir a un proceso en el cual comienza la aplicación de llamados, informes, advertencias. Después comienza un proceso de sanciones, según el capítulo 4 de las Naciones Unidas, para posteriormente ir a esto que ahora están llamando estos voceros, que es un proceso de intervención en teoría seguido por un proceso de reconstrucción”, detalló.

Bracho aseguró que la Responsabilidad para Proteger es un concepto altamente criticado, pues rompe las bases con las cuales los Estados estuvieron de acuerdo cuando decidieron ir a un sistema internacional. Señaló además que las veces que ha sido aplicado nunca se ha cumplido el principio de reconstrucción. También rompería el principio según el cual el Estado tiene la capacidad de autodeterminarse, de autocorregirse y de proveer mecanismos para garantizar los derechos de sus ciudadanos y sus ciudadanas.

La analista comentó además que los países en los que ha sido aplicado el R2P cumplen con ciertas características: en primer lugar han sido países sureños y petroleros. Cuando se aplicó en Sudán, indicó, esta nación terminó partida en dos.

La Responsabilidad para Proteger es una falacia, porque significa sacar de la asfixia estrangulando. Porque si yo tengo un país que sufre problemas de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, procesos de limpieza étnica o incluso genocidios, no es por la vía militar y armada que la situación va a mejorar”, aseveró.

Las guerras son, en sí mismas, un proceso masivo de violación de derechos humanos y de colapso de las prerrogativas de los derechos humanos. Entonces ahí entra ese juego: ¿es esta una vía para proteger derechos humanos o es una vía neocolonial de redistribuir el tablero internacional?”, concluyó.

Recordemos que el pasado sábado 10 de octubre el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, designó al abogado estadounidense Jared Genser como asesor especial sobre la Responsabilidad de Proteger (R2P). Su trabajo consistirá en “analizar, estudiar y debatir cómo desarrollar mecanismos para que dicha organización prevenga y responda ante los crímenes contra los derechos humanos en la región”.

De acuerdo con el portal La Tabla, este ciudadano escribió en junio de 2017 para el New York Times un artículo en el que aseguraba que Venezuela necesitaba de una intervención internacional. Genser, además, tendría entre sus clientes al dirigente ultraderechista Leopoldo López. Según el referido portal, también habría respaldado el golpe del 30 de abril de 2019.

Actualmente este abogado estaría actuando en alianza con el ala ultraderechista de la oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, para promover la aplicación de este mecanismo en nuestro país.

(LaIguana.TV)

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