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Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que excluye al Reino Unido como parte beligerante en la controversia territorial por la Guayana Esequiba, el gobierno de Venezuela ratificó ante el organismo que el Acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966, es el único mecanismo válido para dirimir el diferendo que enfrenta a Caracas con Georgetown.

«Venezuela celebra que la sentencia incidental de la Corte el día de hoy valide nuestros argumentos. En primer lugar, al reconocer que puede revisarse la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido de Gran Bretaña y, en segundo lugar, porque deja clara la existencia y la vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial», manifestó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en una comparecencia ante la prensa.

La funcionaria leyó un comunicado en el que se resalta que Venezuela no comparte que el caso sea dirimido en la CIJ porque viola lo estipulado en el Acuerdo de Ginebra, que contempla la solución pacífica y negociada del conflicto territorial.

En el documento se recuerda que en sus comparecencias de julio y noviembre de 2022 ante el Tribunal, «Venezuela demostró con documentación rigurosa, contundente y abundante, los mecanismos fraudulentos utilizados por el Reino Unido de Gran Bretaña para arrebatarle su territorio«.

«El Reino Unido de Gran Bretaña fue el Estado que desde 1840 forjó mapas y montó una estratagema para perpetrar el fraudulento arbitraje contra Venezuela en París, en 1899; el Reino Unido fue, finalmente, quien firmó y se comprometió en el Acuerdo de Ginebra de 1966, para encontrar una solución práctica y mutuamente satisfactoria a la controversia territorial», reza otro fragmento del pronunciamiento oficial.

Del mismo modo, las autoridades venezolanas consideraron que la sentencia da pie a que se juzgue el despojo territorial perpetrado por el Reino Unido en contra de Venezuela, cuyo cénit fue el Laudo Arbitral de París de 1899.

«En la sentencia emitida sobre las objeciones preliminares el día de hoy de esta Corte, en los párrafos 106 y 107 señala: incluso si el Tribunal en su sentencia sobre el fondo (…) tuviera que pronunciarse sobre ciertos comportamientos imputables al Reino Unido (…) que no pueden determinarse en la actualidad, ello no impedirá al Tribunal ejercer su competencia, justamente para revisar la conducta ilícita y fraudulenta del Reino Unido, que es lo que ha venido señalando Venezuela», detalló la vicepresidenta.

No es el derecho territorial, es el petróleo

Rodríguez aprovechó su intervención para puntualizar las razones por las que Guyana abandonó unilateralmente el Acuerdo de Ginebra y la figura del buen oficiante de las Naciones Unidas, para emprender una batalla legal por un territorio al que jurídicamente no tiene derecho.

A ese respecto recordó que Venezuela nació «como República con el territorio de la Guayana Esequiba» y el Reino Unido jamás tuvo título de propiedad sobre esas tierras, por lo que mal podría habérselas «heredado» a la República Cooperativa de Guyana tras el fin de la colonización.

En su decir, la recuperación de Laudo de París como instrumento de demarcación de límites entre los dos países por parte del gobierno guyanés, está «impulsada por intereses mercenarios de las grandes trasnacionales del petróleo«.

Como prueba de sus aseveraciones, la vicepresidenta ejecutiva señaló que «trece empresas están ilícitamente explotando ese territorio, por concesiones de la República Cooperativa de Guyana».

Así, las trasnacionales han obtenido ganancias estrambóticas, a cambio de financiar a «los abogados de Guyana en el caso ante la Corte Penal Internacional de Justicia», lo que las convierte en las verdaderas artífices de la «conducta ilícita» exhibida por Georgetown.

Los hechos respaldan los alegatos de Venezuela. En diciembre de 2021, el presidente guyanés, Irfaan Alí, aseguró en una conferencia dictada en la Universidad de Harvard que su país aspiraba que las incipientes operaciones de explotación de gas y petróleo redundaran en un beneficio neto de 3.500 millones de dólares en 2025.

Entonces, medios guyaneses reseñaron que Ali dijo a los académicos estadounidenses que en la exploración guyanesa costa afuera –una parte de ella realizada por trasnacionales estadounidenses en aguas territoriales reclamadas por Venezuela– se han encontrado 26 yacimientos, lo que supone una tasa de éxito del 80%.

Un año más tarde, el 5 de enero de 2022, Exxon Mobile anunció que había realizado dos nuevos descubrimientos de crudo en la costa guyanesa, con lo que la cantidad de petróleo potencialmente explotable en ese país asciende a 100.000 millones de barriles.

Por si ello no bastara, en abril de 2022, Guyana comunicó que había vendido a Exxon Mobile de su primer cargamento de un millón de barriles extraído de aguas territoriales disputadas por Venezuela, en lo que, subrayaron, fue una licitación competitiva de la que participaron otras empresas petroleras.

Para aquel momento, la trasnacional estadounidense estimaba que para 2027, todas sus operaciones en Guyana deberían aportar al mercado energético mundial 850.000 barriles por día.

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en 2023, el Producto Interno Bruto guyanés se expandirá 25,2 %, en razón de la explotación petrolera.

Antes de los hallazgos de crudo en las aguas territoriales disputadas con Venezuela, Guyana era considerado el segundo país más pobre de todo el hemisferio occidental, superado solo por Haití.

(LaIguana.TV)