Lo están haciendo de nuevo: personalidades de la oposición han sufrido un grave traspié político y nadie se hace responsable. Es que son así, no hay manera de que cambien.

Me refiero al hecho de haber rechazado el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE) a sus primarias para terminar pidiéndole ayuda a falta de menos de un mes para la consulta. Y lo más grave es, insisto, que nadie asume la culpa ni admite que esa primera actitud fue un error.

Es impresionante como esta característica recorre el ancho espectro del antichavismo de banda a banda. Líderes de partidos, periodistas, influencers, expertos, jurisconsultos, encuestólogos, dirigentes de segunda y tercera línea y hasta militantes silvestres… todas y todos reaccionan más o menos igual. No hay casi nadie que diga “¡oye vale, pusimos la del pato macho!”.

Revisando este episodio en particular hay que afirmar que ha sido no un error, sino una cadena de ellos. Si hubiesen decidido desde un principio que el CNE prestaría apoyo, todo habría comenzado a fluir hace meses, con la directiva anterior del organismo electoral. Pero, cuando ya parecía estar todo listo para ello, se impuso el punto de vista de los radicales anti-CNE y se decretó que las primarias serían “autogestionadas”, notable palabra que terminó significando “pirateadas por nosotros mismos”.

Esa decisión fue un error de varias capas. La más superficial fue el enorme riesgo de que todo saliera mal, que las primarias fueran un rotundo fracaso o que –como ha ocurrido- tuvieran que arrepentirse a mitad de camino, cambiar de caballo en medio del río.

Pero la capa profunda es más seria aún. Al aceptar la tesis de las elecciones sin CNE se le dio de nuevo aliento a las perversas campañas contra la vía electoral de los años anteriores, lo que luce como un tremendo contrasentido para un sector opositor que ha decidido volver a participar en los comicios presidenciales pautados constitucionalmente para 2024.

Había costado lo suyo empezar apenas a salir de esas arenas movedizas. Varios dirigentes de primer nivel tuvieron que tragarse largas ristras de sus propias palabras, borrar viejos tuits, fingir demencia ante las remembranzas de sus bravatas contra el Poder Electoral.

La tarea de reingeniería tan solo estaba comenzando, pues en algunos casos se trata de organizaciones e individualidades que habían roto con la vía del sufragio desde hace al menos seis años. Le habían remachado con tanta fuerza a sus seguidores la convicción de que “dictadura no sale con votos” que la labor de convencerlos de lo contrario estaba resultando harto compleja. Y en ese trance se encontraban enfrascados cuando “volvió el perro arrepentido”, es decir, se impuso de nuevo la tesis de no querer nada con el CNE.

Ponerse en el lugar del opositor común respecto a este tema puede proyectar luz acerca de los efectos desconcertantes de los cambios de opinión del liderazgo. Se había hecho un trabajo para restaurar la fe en el voto (demolida por la misma oposición, como bien se sabe) y cuando se avanzaba en ese terreno tan difícil, reaparecieron las oscuras golondrinas y convencieron a la Comisión Nacional de Primarias (CNdP) de que era mejor ir sin apoyo del malvado CNE.

Una matriz profunda

No olvidemos que la matriz de opinión adversa al voto es ya mayor de edad. Comenzó a gestarse en 2003, luego del fracaso sucesivo del golpe de Estado, el circo de la plaza Altamira y el paro-sabotaje petrolero y patronal. Fue la época del nacimiento político de María Corina Machado, quien apareció en la escena (tras haber firmado, ella y su señora mamá) el decreto de Pedro Carmona, con la ONG Súmate, que de inmediato intentó posicionarse como un CNE paralelo.

Ese año y 2004 fueron los de la recolección de firmas para el referendo revocatorio presidencial, un empeño en el que la oposición incurrió en probadas irregularidades, siendo la más recordada de ellas la de las llamadas «firmas planas», en las que una sola persona escribió decenas o centenares de nombres para abultar la cantidad de solicitantes.

Cuando se subsanaron los errores e irregularidades y se procedió al referendo, el alto mando de la coalición opositora, entonces llamada Coordinadora Democrática, denuncio que habían sido víctimas de una trampa y ofreció pruebas para las siguientes horas, pero nunca las consignó. El vocero de ese alarido de fraude, Henry Ramos Allup, es el mismo que acaba de aparecer bailando pachanga, feliz por la nueva directiva del CNE, en la que figura Juan Carlos Delpino, ficha suya, según lenguas buenas y malas.

En aquel tiempo surgió una de las “poderosas razones” de la oposición para descalificar la ruta electoral: la Lista de Tascón, que en realidad fue la “Lista de Súmate”, en la que se identifica a quienes firmaron la solicitud de referendo. Se dijo entonces que aquello era un mecanismo para segregar a los opositores, negarles derechos y tenerlos ubicados. La realidad es que firmantes contra Chávez siguieron en sus cargos en la administración pública y algunos hasta han llegado a ser ministros.

Una nueva vuelta de tuerca, tal vez la más deformante hasta ese momento, ocurrió en 2005. Cuando todo estaba listo para las elecciones parlamentarias y el antichavismo tenía firmes posibilidades de obtener un buen número de escaños, la dirigencia de la coalición opositora anunció que se retiraba en masa de las elecciones porque iban a ser fraudulentas.

Aquí vuelve a aparecer la figura de Ramos Allup [¿qué sería de la picaresca política venezolana de los últimos 40 años sin el concurso socarrón de ese señor? Pero ese es otro tema], pues unos años después habría de soltar la siguiente infidencia: Todo estaba listo para ir a las elecciones cuando los dueños de medios de comunicación citaron al liderazgo político y le ordenaron que se retiraran. Incluso lanzó al pajón a su concuñado, Eladio Lárez (están casados con hermanas gemelas, dicho sea en tono de chisme), por entonces presidente de RCTV, que esa vez no preguntó quién quiere ser millonario, sino algo así como “a ver quién se atreve a llevarnos la contraria”.

En fin, muy obedientes, los líderes de los partidos hicieron lo que los barones mediáticos le ordenaron hacer, demostrando así cuán dependientes de la maquinaria comunicacional eran, un detalle ultravergonzoso que no amerita más comentarios.

[En rigor, las órdenes venían del norte, pero los dueños de medios actuaban como los office boys]

El fracaso de la estrategia de hacerle un vacío a Chávez para demostrar su ilegitimidad fue evidente en el hecho de que la Asamblea Nacional roja-rojita avanzó en diversos campos, tanto coyunturales como estructurales, estos últimos relacionados con el control político de los otros poderes públicos, que son designados por el Parlamento: Tribunal Supremo de Justicia, Contraloría General, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Consejo Nacional Electoral. La unilateralidad fue consecuencia de la derrota por forfeit de la oposición, digan lo que digan los líderes y sus jefes mediáticos.

Ante tamaño descalabro, la oposición decidió volver al redil de la pugna electoral en 2006, con la candidatura presidencial de Manuel Rosales. El pueblo opositor, enseñando nobleza, acudió a las urnas, dejando de lado varios años de prédicas de descrédito a cargo de sus dirigentes. Rosales perdió, pero la oposición demostró que seguía teniendo un segmento nada despreciable del espectro electoral.

Todavía mejor les fue en 2007, en el referendo de la reforma constitucional, en el que la contrarrevolución obtuvo una cerrada victoria, que abortó los profundos cambios propuestos por el comandante Chávez en la ruta hacia el socialismo del siglo XXI, pero también echó por tierra la campaña de infamias contra el CNE. Y es que, si fuese cierto que el Poder Electoral estaba al servicio del “rrrégimen”, ¿qué hubiera impedido perpetrar un fraude en una consulta electoral clave para la Revolución?

Ese éxito hizo que la oposición “cogiera mínimo” respecto al tema, lo que nunca implicó un cese de los ataques al CNE y a sus principales figuras. En 2009, en el referendo que aprobó la enmienda constitucional, el chavismo se impuso y la oposición no se puso tan dramática como en ocasiones anteriores.

En 2010, corrigiendo el despropósito de 2005, los partidos de la derecha concurrieron a las parlamentarias y lograron una representación considerable. En 2012 realizaron sus elecciones primarias y luego fueron a las presidenciales con la candidatura de Henrique Capriles Radonski, derrotado por un Chávez que libraba su último combate, en más de un sentido. La oposición admitió la derrota a regañadientes y quedó a la espera de que la enfermedad fatal del comandante les hiciera el favor de sacarlo del juego.

Contra el voto, en la era post-Chávez

Como en tantos otros aspectos, 2013 fue un parteaguas. La oposición creyó que, tras la muerte de Chávez, había llegado su momento y con ese ánimo entró a las elecciones sobrevenidas de abril. Al perder, por una diferencia sustancial, aunque no tan holgada como la que había logrado Chávez apenas medio año antes, el candidato derrotado desempolvó el expediente del fraude y llamó a las masas opositoras a “descargar la calentera” (o una palabra parecida), preludio de una nueva oleada de violencia a cargo del ala pirómana propiamente dicha, en 2014.

Por cierto, Capriles, sosteniendo aún la versión del fraude (que no logró probar en forma alguna) quiso darle a las elecciones municipales de diciembre de 2013 el carácter de un plebiscito contra el presidente Maduro, pero le salió el tiro por la culata porque el chavismo logró recuperarse en ese proceso y ganar la mayoría de los municipios.

Desinflada la burbuja de las llamadas “guarimbas”, la oposición continuó con sus oscilaciones entre elecciones y violencia. El regreso al camino del voto fue muy auspicioso, evidenciando una vez más que el opositor promedio prefiere ese rumbo. La gran victoria en las parlamentarias de 2015, cuando la oposición ganó la mayoría absoluta en la AN, fue un tremendo nocaut para el PSUV y el gobierno. A la vez fue una prueba irrefutable de que la autoridad electoral venezolana actúa imparcialmente. ¿En qué universo dictatorial, un ente electoral dominado por el gobierno iba a certificar tamaña paliza?

En enero de 2016, el panorama de la derecha para una ruta de retorno al poder lucía más claro que nunca antes. Bastaba con utilizar con inteligencia estratégica la mayoría lograda en el Parlamento y consolidar un liderazgo nacional capaz de llegar a las elecciones de 2018 con la fuerza electoral acumulada. Pero nada de eso ocurrió. Ramos Allup (¡y dale con el veterano acciondemocratista!) pareció emborracharse del poder recibido. Comenzó su gestión expulsando del Palacio Legislativo no solo el retrato de Chávez (lo que hubiese podido entenderse, aunque tampoco era necesario), sino también el de Bolívar, y en este último caso apeló a un argumento de cotilleo en peluquería: no le gustaba porque es “demasiado amulatado”. También se puso en onda de perdonavidas a anunciar que en seis meses, utilizando el Poder Legislativo, sacaría de Miraflores a Maduro.

Conducir a la AN por la vía del conflicto permanente con el gobierno derivó en que muchas de las decisiones  sobre leyes y otras materias de trascendencia nacional fuesen a parar a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, degenerando en la inédita situación de desacato. El país pagó las consecuencias del enfrentamiento permanente de los dos poderes. En el año 2019, cuando le tocó el turno de asumir la presidencia de la AN a los pirómanos de Voluntad Popular, pusieron en marcha la estratagema imperial de que el diputado electo para este fin, Juan Guaidó (un absoluto desconocido hasta entonces), se autoproclamara presidente interino.

Esa autojuramentación fue, de por sí, un gesto de absoluto desprecio al voto popular, que había reelecto a Maduro en 2018, elecciones a las que nuevamente, los mayores partidos de oposición se negaron a concurrir.  Pero, para quienes no quedaron satisfechos, los envalentonados dirigentes del interinato intentaron ese mismo año una “invasión humanitaria con concierto incorporado”, un golpe de Estado con plátanos verdes y una revuelta popular por apagones a gran escala. Previamente, en agosto de 2018, habían intentado matar al presidente y a buena parte del alto mando político y militar. Lo que no lograron con votos, quisieron conseguirlo con drones.

Mientras duró el asunto del gobierno interino, casi toda la oposición que ahora se ubica bajo el paraguas de la Plataforma Unitaria (PU) fue rabiosamente antivoto. A cada paso reiteraban que la dictadura no iba a ser depuesta en las urnas electorales, sino mediante la intervención extranjera o el alzamiento militar interno. Se pasaban los días hablando de la Responsabilidad de Proteger (R2P) y de sacar del congelador al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Para las elecciones parlamentarias de 2020, con una monumental perseverancia en el error, volvieron a intentar el boicot, dejando el camino allanado al PSUV y sus aliados para controlar una cómoda mayoría. También cedieron espacios para organizaciones partidistas que no se sumaron a la jugada y ahora constituyen la bancada minoritaria de la AN.

Esa posición de dominio le permite, una vez más, al chavismo tener la sartén por el mango a la hora de las designaciones de funcionarios clave de los poderes Electoral, Ciudadano y Judicial. Los partidos que se negaron a participar en las elecciones legislativas se quejan, pero ¿de quién es la culpa, ah?

Y así, luego de este largo e intenso recorrido por la historia de las idas y venidas de la oposición respecto al voto, nos encontramos en este tramo final de 2023, con los partidos que se negaron a aceptar el apoyo del CNE formando ahora comisiones  mixtas con ese organismo para “sacar las patas del barro”.

Y, sin nadie que, con valentía cívica, reconozca que estaban equivocados.  Es que así son. No hay manera de que cambien.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)