«En Estados Unidos Julian Assange corre un riesgo muy real de ser objeto de violaciones de derechos humanos, como condiciones de reclusión contrarias a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, o ser sometido a un juicio injusto seguido de posible ejecución, debido a su trabajo en Wikileaks».
La afirmación, que describe perfectamente a un país tiránico, parece haber salido de la boca de un radical antiestadounidense, pero no, fue pronunciada por Massimo Moratti, un directivo en Europa de Amnistía Internacional.
Este pronunciamiento merece un cuidadoso análisis. En primer lugar porque tardó casi medio día en ser difundido por la ONG de derechos humanos, luego del vergonzoso episodio de la incursión de la policía británica en la embajada de Ecuador, con la anuencia del presidente de este país, Lenin Moreno.
La larga espera -en una época en la que las ONG emiten declaraciones en tiempo real y no pocas veces sobre rumores y fake news– hace pensar en que hubo un intenso debate interno y que algunos factores trataron de impedir que Amnistía Internacional fijara posición. Es un dato revelador del comportamiento de las ONG cuando los implicados no son gobiernos estigmatizados como dictaduras, sino las naciones que se presentan a sí mismas como ejemplos de democracia y respeto a la integridad de las personas, naciones cuyos gobiernos –valga decirlo- financian a dichas ONG.
Algunos conocedores de Moratti creen que fue por su iniciativa que se produjo esta declaración, no necesariamente compartida por otros directivos.
Más allá de lo que tardó, lo que dice esa declaración sobre EEUU es lo mismo que podría decir acerca de una de las oscuras dictaduras militares que asolaron el Cono Sur o Centroamérica en los años 70 y 80, bajo los auspicios de Washington, dicho sea como acotación. Eso no es poca cosa, tratándose del país imperial que pretende dictar cátedra de derechos humanos a todos los demás del planeta.
Pero, si lo revisamos con cuidado, es algo aún peor porque se trata de un superpoder global que viola los derechos con absoluta impunidad y con el respaldo de una gran maquinaria diplomática, política, comunicacional y cultural.
Cuando se dice que «Assange corre un riesgo muy real de ser objeto de violaciones de derechos humanos, como condiciones de reclusión contrarias a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos», no se trata de una opinión sino del producto del conocimiento de una larga serie de hechos debidamente constatados, entre ellos los que han ocurrido en cárceles formales como Guantánamo y en las cárceles secretas que han operado en numerosos países. Si alguien tiene alguna duda, que revise por qué le dicen «la Sangrienta» a Gina Haspel, directora actual de la Agencia Central de Inteligencia.
Por otro lado, cuando el directivo de Amnistía Internacional dice que Assange puede ser «sometido a un juicio injusto seguido de posible ejecución», no está exagerando en absoluto. Basta con buscar en Internet lo que ha sido la aplicación de la legislación antiespionaje de EEUU, que data de 1917, para confirmar que este país ha aplicado la pena de muerte o prolongadas condenas en cárceles de máxima seguridad a numerosos acusados de entregar o difundir información clasificada. Uno de los más célebres es el caso del matrimonio formado por Ethel y Julius Rosenberg, ultimados en la silla eléctrica luego de ser declarados culpables de entregar secretos nucleares a la Unión Soviética. La entrada de Wikipedia acerca de este tema dice: «Aún hoy, se considera que el juicio a que ambos se vieron sometidos distó mucho de haber sido justo. Ciertas o no las acusaciones de espionaje, ambos fueron ejecutados».
Bajo esa ley no solo se ha juzgado a supuestos colaboradores de la otrora superpotencia comunista. También ha habido casos más parecidos al de Assange. Por ejemplo, Daniel Ellsberg, el analista que filtró los llamados Papeles del Pentágono (relacionados con la guerra de Vietnam) fue imputado por cargos que acumulaban 110 años de prisión, pero la presión de los medios que publicaron los documentos fue tan fuerte que se le absolvió.
No queda mucho margen de duda sobre la pena que podría recibir Assange si se considera la que fue aplicada a Bradley Manning, el soldado y analista que habría filtrado a Wikileaks los archivos que se hicieron públicos. En 2013, un tribunal militar condenó a Manning a 35 años de cárcel. Barack Obama, justo antes de dejar el poder, indultó al soldado que luego se declaró mujer transgénero y pasó a llamarse Chelsea Manning. El mes pasado, fue de nuevo privada de libertad, tras ser presionada para declarar sobre el asunto por el que ya fue juzgada y condenada.
La presunción de que Assange será torturado y posiblemente condenado a muerte en EEUU tiene un fundamento adicional: la clase política que lo va a juzgar es la misma que quedó al descubierto con la revelación de los documentos de Wikileaks. Se trata del típico asunto sobre el cual ambas alas del bipartidismo estadounidense están plenamente de acuerdo o quizá sea más preciso decir que son cómplices. Esa es la razón por la cual Hillary Clinton, con una gran sonrisa, se mostró feliz con el apresamiento de Assange y dijo que el acusado tiene que responder por lo que hizo. No podía ser de otra manera porque buena parte de los crímenes que se hicieron públicos a través de Wikileaks fueron responsabilidad de ella como secretaria de Estado.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
