El 4 de agosto de 2018, en horas de la tarde, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue víctima de un magnicidio en grado de frustración perpetrado por sectores de la oposición con el respaldo de autoridades de Estados Unidos y Colombia, según determinaron las investigaciones.

 

Hasta la fecha están detenidas 31 personas, entre civiles y militares involucradas en este hecho terrorista, informó el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Se determinó que entre los cabecillas del plan figuran los diputados a la Asamblea Nacional en desacato, Juan Requesens y Julio Borges.

 

Requesens se encuentra detenido, mientras que Borges, protegido del Gobierno colombiano, es solicitado con código rojo internacional.

 

Como autores materiales fueron señalados: “Yanin Fabiana Pernía Coronel, conocida como ‘María’; Brayan de Jesús Oropeza Ruiz, alias ‘Poeta’; Emilendris Carolina Benítez Rosales, Yolmer José Escalona Torrealba, Alberto José Bracho Rozquez, alias ‘Porto’, y José Miguel Estrada González, “Zamurito”; Henrybergth Enmanuel Vivas, alias ‘Morfeo’; Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, apodada ‘la Perrera’, presidenta de Funda Animal; así como el coronel en situación de retiro Mon Santiago García, conocido como ‘Coro’, todos se encuentran detenidos.

 

Como jefe operacional del ataque fue identificado el S/M retirado de la GNB llamado Juan Carlos Monasterios, alias ‘Bons’, conocido ya por su participación en el levantamiento militar en el Fuerte Paramacay en 2017.

 

También fue capturado el exjefe de Comunicaciones de la Guardia de Honor Presidencia, Ovidio Carrasco Mosquera, quien de acuerdo a su propio testimonio fue quien le suministro la información al dirigente de Primero Justicia, Julio Borges, de que el jefe de Estado estaría ese sábado en la avenida Bolívar de Caracas encabezando los actos por el aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Otro involucrados es el coronel retirado Oswaldo Valentín García Palomo.

 

Los siguientes ciudadanos tienen orden de captura internacional: “Osman Alexis Delgado Tabosky (planificador y financista), Rayder Alexander Russo Márquez (planificador y financista), Yilber Alberto Escalona Torrealba (explosivista), Gregorio José Yaguas Monje (explosivista)”, así como José Rivas, dueño de la tienda Stand Electronics, a quien se señaló por facilitar pagos para los involucrados en el presunto atentado; y David Beaumont, sería el responsable de alquilar la oficina en el Centro Empresarial Cipreces, desde donde lanzaron uno de los drones.

 

Ese sábado dos drones (UAV de multicolor) cargados con explosivos C-4, sobrevolaron frente a la tribuna presencial. Uno explotó a pocos metros de donde se encontraba Maduro y todas las autoridades de las instituciones del Estado; mientras que un segundo dron estalló en un edificio aledaño. No lograron consumar su objetivo ya que fueron neutralizados por los servicios de inteligencia venezolanos. Por este atentado resultaron heridos siete efectivos de la GNB.

 

“Exactamente a las 5:41 minutos de la tarde se escucharon unas detonaciones que correspondían a artefactos voladores de tipo dron que contenían cargas explosivos (…) Las investigaciones llevadas a cabo señalan que se trata de un atentado contra nuestro presidente Nicolás Maduro, que para tranquilidad de todos se encuentra ileso”, informó al país el ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez.

 

“El nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado, no tengo dudas, la saña asesina de la oligarquía venezolana, y estoy seguro de que aparecerán todas las pruebas (…) ¡Justicia!, ¡máximo castigo! Y no va a haber perdón, los que se han atrevido a ir hasta el atentado personal que se olviden de perdón, los perseguiremos y los capturaremos a donde se vayan a esconder ¡Lo juro!”, fueron las palabras posteriormente de Maduro en cadena nacional.

 

El grupo de ultraderecha Soldados de Franela se atribuyó el atentado y así lo comunicaron en sus redes sociales: “La operación era sobrevolar 2 drones cargados con (explosivo) C4; el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo”.

 

Por su parte, el exdirector de la Policía Municipal de San Diego, Salvatores Luchesse, se atribuyó la responsabilidad del hecho y aseguró que los equipos fueron comprados vía internet y enviados a Colombia donde fueron probados y preparados.

 

(LaIguana.TV)