A propósito de la visita del mandatario colombiano, Iván Duque, a la ciudad fronteriza Cúcuta (Norte de Santander) este 15 de abril, el portal de investigación venezolano La Tabla divulgó una pesquisa que da cuenta de la creciente expansión del paramilitarismo en la zona, realidad que las autoridades del vecino país se empeñan en negar, a pesar de que existe suficiente evidencia documentada al respecto.

Según datos recabados en la investigación periodística, el Clan del Golfo y Los Rastrojos –vinculados con el exdiputado Juan Guaidó y otros miembros de su grupo– se aliaron para impedir el avance del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y desde diciembre de 2020 controlan Cúcuta y Puerto Santander.

En un artículo publicado por el diario La Opinión antes de la visita de Duque, se explica que «a finales de noviembre de 2020 se selló el acuerdo entre las dos bandas y a mediados de diciembre llegaron desde el Urabá antioqueño hasta la zona rural de Cúcuta más de 50 paramilitares».

La versión manejada por este medio refiere que la misión de estas bandas criminales sería «recobrar hegemonía que Los Rastrojos tuvieron casi 12 años en más de 20 kilómetros de frontera (Guaramito, Agua Clara, Buena Esperanza, Puerto León, Banco de Arena, Palmarito, Vigilancia, La Punta, La Silla, El 25 y Puerto Santander)», sintetiza La Tabla.

El despliegue fue denunciado oportunamente por la Fundación Progresar, pero el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, el comandante de la Policía Metropolitana, coronel José Luis Palomino, y el comandante de la Trigésima Brigada del Ejército, coronel Ilvar Orlando González Villamil, negaron la presencia de estos grupos irregulares.

De otra parte, la investigación periodística adelantada desde Venezuela, arrojó que el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) controla buena parte de los negocios asociados al narcotráfico, el contrabando y las extorsiones en la zona, actividades ilícitas que les permiten movilizar «cerca de tres millones de dólares mensuales».

Como parte de la alianza, Los Rastrojos, cuya fortaleza son las operaciones paramilitares, les «dotó de fusiles, pistolas, granadas y municiones para hacer frente al ELN y al Ejército colombiano que tiene 14 pelotones –alrededor de 600 hombres– y la Policía tiene un grupo del Escuadrón Móvil de Carabineros», detalla el portal venezolano.

Esta fuente asevera que el pasado 14 de diciembre, la Defensoría del Pueblo de Colombia, presionada por grupos y líderes sociales, «denunció la presencia paramilitar» y desde entonces, «militares y policías de la zona han sostenido combates con miembros de esta organización ilegal y se ha incautado material de guerra».

Medios locales han informado que los criminales amenazan a la población para que les deje alojarse en sus propiedades. Del lado colombiano, controlan los pasos irregulares por donde se trasiegan drogas, armas, mercancías y hasta personas. Han impuesto un régimen de terror, en el que quienes osen a no «colaborarles», tendrán por seguro la muerte, el destierro o la desaparición.

Además, sostienen que los irregulares suelen instalar sus campamentos cerca del río, para que en caso de ser perseguidos, puedan huir hacia Venezuela.

A lo antes dicho se añade que en la zona rural de Cúcuta hay sembradíos de coca. El Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU estima que tendrían una extensión aproximada de 360 hectáreas, aunque las autoridades locales han reconocido que podrían ser más de 700. Para La Tabla, esta sería la razón por la cual «carteles mexicanos financian estos grupos e instalan laboratorios de cocaína».

Para terminar de esbozar el complejo panorama, el portal especializado indica que pese a que en la zona se cometió más de medio centenar de homicidios en 2020, aún «no se conoce la captura del primer responsable directo de estos hechos». En su lugar, las autoridades han reportado la «la detención de presuntos cabecillas» que sindican al paramilitarismo de ser responsable de los crímenes.

(LaIguana.TV)

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