El pasado 25 de febrero, a propósito de la presentación de su informe de gestión ante la Asamblea Nacional, el fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, informó que desde agosto de 2017 hasta esa fecha, el Ministerio Público (MP) había develado más de 28 tramas de corrupción dentro de la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), lo que había permitido «individualizar la participación de 194 personas (…), de las cuales han sido judicializadas 103».

Empero, los tentáculos de la corrupción parecen haberse instalado hondo dentro de la compañía petrolera, pues desde entonces Saab ha expuesto otros casos, que por un lado dan cuenta de la extensión del fenómeno y, por otro, de las acciones emprendidas por el Estado venezolano para poner fin a esa práctica, que ha derivado en cuantiosas pérdidas para la República.

PDVSA Gas Comunal y el sobreprecio en las bombonas de uso doméstico

En el llamado caso «PDVSA-Gas Comunal», la detención de Adán Contreras, propietario de un galpón en el que se despachaban cilindros de gas doméstico en divisas, destapó una mafia de corrupción dirigida por el propio presidente de la filial, Jacob Grey.

Según detalló el Fiscal General en una rueda de prensa, este funcionario y los gerentes de planta Yohandry Guevara, Oriana Betancourt y Edgar Dugarte usaban la infraestructura del Estado para cobrar 10 dólares por una bombona de gas pequeña y 40 por una grande, lo que les permitió amasar miles de dólares en un lapso muy breve, pues, como apuntara el portal La Tabla en una investigación periodística, vendían los cilindros con un sobreprecio del 50.000%.

Como parte de la misma mafia, Katherine Esté, directora de articulación institucional y política de la presidencia de Gas Comunal bajo la gestión de Grey, cobraba 1.000 dólares por cisterna a las empresas privadas de distribución de gas del estado Mérida.

El presidente Nicolás Maduro aseguró en una transmisión televisada que en ese período, «más de 66% de la producción de PDVSA Gas Comunal fue desviado por la red de corrupción», lo que equivale a un tráfico en el orden de los 10.000 barriles diarios de gas licuado.

Las cinco personas se encuentran bajo custodia de las autoridades y, según precisó Saab, a todas les fueron imputados los delitos de corrupción propia agravada, peculado de uso, concierto de funcionario con contratista, usurpación de funciones y asociación.

Turbinas robadas, falsa chatarra y presunta corrupción en Carabobo

El 22 de abril, el Fiscal General se dirigió nuevamente a la nación para ofrecer detalles relacionados con el hurto de dos turbinas convertidoras de calor pertenecientes a PDVSA que se encontraban almacenadas en la ciudad de Puerto Cabello (Carabobo). El propósito de esta sustracción, según explicó, habría sido convertirlas en chatarra, para luego comercializarlas en el extranjero.

Para ello, los funcionarios implicados en esta trama habrían movilizado las turbinas hacia la compañía Fercos y Asociados, asentada en Carabobo, fingiendo que las trasladarían hacia la empresa CACDA, una filial de PDVSA con sede en el estado Cojedes.

Por estos eventos fueron privados de libertad Johanna González de Urbina y José Gutiérrez Díaz, funcionarios de PDVSA Agrícola; Manuel David Hernández Infante, de la empresa Main C.A.; Nemrond Naftuin Durán García, intermediario dedicado a la administración de chatarra y Junior Alexander Rojas, analista administrativo de la empresa Fercos y Asociados, a quienes se les imputará por la presunta comisión de peculado doloso impropio, tráfico de influencias, expedición de certificación de documentos falsos para justificar decisión que cause daño en patrimonio público, tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y asociación.

Adicionalmente, el MP emitió órdenes de aprehensión contra los ciudadanos Alberto Joaquín De La Torre Ramos, Serge Lepinoux Chupeau, propietario de la TMV Almacenadora C.A. y Loren Yamin Chinchilla Franco, de la empresa Almacenadora Matriz Carabobo, Almaca C.A.

A propósito de Chinchilla, el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla compartió pesquisas que apuntan hacia el papel estelar que habría jugado este funcionario, en su calidad de encargado de Almaca, pues desde esa posición se encargó de autorizar la guía de movilización del material estratégico.

En virtud de lo señalado por Saab, el medio venezolano aseguró que Loren Chinchilla cobraba una coima de 10 dólares por cada tonelada de material calificado como chatarra, un dinero que, según su investigación, iría a parar a la gobernación del estado Carabobo.

«La gobernación –a través de Almaca– cobra 10 dólares por cada tonelada para otorgar una guía de traslado de materiales estratégicos (o chatarra), ganando un porcentaje de su exportación. Estos mecanismos no controlan la posibilidad del saqueo sino que lo estimulan», detalló La Tabla.

De su lado, el periodista carabobeño José Marval aseveró que Almaca no está facultada «para otorgar guías de movilización de desechos y residuos sólidos», en tanto esto es competencia de la Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (Corpoez), adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva.

En un cálculo rápido, Marval precisó que si por cada tonelada de chatarra se cobraba un soborno de 10 dólares y por el puerto de Puerto circulan unas 100.000 toneladas de chatarra al año, «esto daría una jugosa ganancia promedio de un millón de dólares anuales».

No es la primera vez que el nombre de Chinchilla aparece vinculado con actividades ilícitas. En su investigación, La Tabla puntualizó que en 2015 se le acusó «de forjamiento de documento, defraudación, aprovechamiento de vehículo automotor y asociación para delinquir», aunque luego recibió una medida sustitutiva de libertad.

El exfuncionario tampoco habría hecho esfuerzos por ocultar sus inexplicables ingresos, pues él y sus allegados ostentaban su lujoso estilo de vida en las redes sociales y, pese a todo esto, ejercía una función de responsabilidad dentro del gobierno regional de Carabobo.

El desvío de la gasolina en la Planta de Bajo Grande

Este 29 de abril, el Fiscal General comunicó sobre la detención de 10 funcionarios de la estatal PDVSA, presuntamente implicados en el desvío de diésel y gasolina ‘premium’ en la Planta de Distribución de Bajo Grande, ubicada en la ciudad de Maracaibo (Zulia), causa esta de la escasez de combustible registrada en el Occidente del país.

Saab explicó que estas detenciones se suceden a la investigación realizada por el MP, tras recibir una denuncia del Gerente de Seguridad Integral de Operaciones y Mercado Internacional de Comercio y Suministro, en la que se determinó que desaparecía una porción importante del volumen destinado al abastecimiento del Occidente del país.

«Se constató una pérdida de aproximada de 1.931. 373 litros de gasolina ‘premium’ –equivalentes a 50 cisternas– y 1.087.878 litros de diésel –unas 28 cisternas–, lo que afectó el despacho de combustible hacia Zulia, Mérida, Trujillo y Táchira», detalló el funcionario.

Adicionalmente, precisó que por el caso ya fue detenida una decena de personas, entre gerentes y operadores, por la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado, peculado doloso, terrorismo y asociación.

(LaIguana.TV)

Comentarios Facebook