Diversos partidos de izquierda y centro de Brasil presentaron una «superpetición» de «impeachment» contra el presidente Jair Bolsonaro, llamada así porque agrega los argumentos presentados en momentos anteriores y reúne a más fuerzas políticas y entidades que nunca.
La petición fue presentada en la tarde de este 30 de junio ante la Cámara de Diputados; su presidente, Arthur Lira, un aliado de Bolsonaro, es quien tiene la potestad para llevar a votación la petición, pero hasta ahora ignoró las más de 100 solicitudes presentadas para iniciar un proceso de destitución del mandatario.
La denuncia fue presentada por siete partidos con representación en el Congreso Nacional de Brasil (PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Rede y Cidadania), todo ellos de izquierda, centro-izquierda o centro.
También lo suscriben decenas de organizaciones y movimientos sociales, como la Central de Movimiento Populares (CMP), el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE), la Coalición Negra por Derechos o la Marcha Mundial de Mujeres.
Además, también cuenta con el apoyo, a título personal, de antiguos aliados del presidente Bolsonaro, como los diputados conservadores Alexandre Frota (PSDB) y Joice Hasselmann (PSL).
Aunque esta petición es la más unitaria presentada hasta la fecha, no cuenta con el apoyo de grandes partidos de centro y centroderecha, como el PSDB, el PMDB y el PSD.
Los propios impulsores de la petición reconocen que en estos momentos no cuentan con los votos necesarios en la Cámara de Diputados para aprobar el inicio de un proceso de impeachment.
No obstante, la estrategia de la oposición es aumentar el desgaste del Gobierno para presionar a los parlamentarios que aún están indecisos.
En este sentido, el 3 de julio se celebrarán manifestaciones en todo el país pidiendo la salida de Bolsonaro, la tercera convocatoria en poco más de un mes.
La petición de impeachment presentada este 30 de junio acusa a Bolsonaro de haber cometido 23 «crímenes de responsabilidad», el requisito que exige la Constitución para abrir el proceso.
La acusación más reciente es la de delito de prevaricación en el caso del contrato de compra de las vacunas Covaxin contra el COVID-19.
En los últimos días, el diputado federal Luis Miranda y su hermano, Luis Ricardo Miranda, funcionario del Ministerio de Salud, afirmaron a la comisión del Senado que investiga la gestión de la pandemia que el pasado mes de marzo avisaron a Bolsonaro de que había indicios de corrupción en la compra organizada por el ministerio.
(Sputnik)
