Juan Guaidó, exparlamentario que bajo la venia de Estados Unidos mantiene el control de la estatal Monómeros Colombo Venezolanos desde 2019, aseguró este jueves que era su «deber proteger los activos» de la República «y no encubrir a ningún funcionario», ello en referencia a la supuesta investigación que realiza un grupo de exdiputados de la anterior legislatura.

En un hilo de Twitter publicado este jueves, el dirigente indicó que su grupo no podía «evitar una manzana podrida», pero que sí era responsable de «establecer responsabilidades y aplicar justicia con transparencia», a pesar de que fue él quien designó a los sucesivos pseudofuncionarios que llevaron a la compañía a la ruina y que facilitaron su intervención por parte de Supersociedades Colombia el pasado septiembre.

Sobre esto último, Guaidó aseguró que la situación demandaba acciones inmediatas y manifestó que contaba «con el acompañamiento de la institucionalidad colombiana para avanzar en una investigación contundente».

Empero, pesquisas realizadas por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla apuntan hacia el interés que tendría Colombia en «debilitar» a la otrora lucrativa compañía por medio de «maniobras» ejecutadas a través tres empresas –Lionstreets Ventures, Nitroferts y Daabon–, de las que «han participado activamente los gerentes venezolanos impuestos por los partidos del G4».

Siguiendo a esa fuente, el propósito de Colombia siempre fue hacerse de la petroquímica. Los dos primeros intentos se ejecutaron por medio de empresas extranjeras «opacas» (Lionstreets Ventures y Nitroferts) y ante el fracaso de estas tentativas, el propio gobierno habría tomado cartas en el asunto a través del grupo Daabon, un conglomerado ligado al uribismo gobernante y al paramilitarismo.

Sin embargo, la intervención de Monómeros por parte de Supersociedades –que según el medio especializado «formaba parte del plan»–, habría avivado diferencias internas entre los pseudodirectivos designados por Guaidó.

Así, por ejemplo, La Tabla refiere que Carmen Elisa Hernández, nombrada «presidenta» de Monómeros en 2019, «manejaba directamente» la relación de Nitrofert, la filial colombiana de Nitron Group LLLC, una trasnacional con sede en Connecticut que «busca apoderarse del mercado de fertilizantes aprovechando a Monómeros como plataforma».

Por ello, cuando se anunció la intervención, en su renuncia, Hernández replicó indignada que estaba «en total desacuerdo» con lo expresado por los gerentes en un comunicado, en el que aseguraban que enfrentarían la medida que se pretendía ejecutar a través de Supersociedades, porque se hacía «evidente un enfrentamiento contra el Estado colombiano quien (sic) ha brindado apoyo incondicional al gobierno interino».

Una fuente cercana a Monómeros que habló con La Tabla bajo condición de anonimato, explicó que «para ejecutar el plan, necesitaba demostrar que la empresa no era viable financieramente y así los acreedores serían protegidos. El primero en la cola sería Nitron por ser el principal acreedor».

De acuerdo con este informe, la deuda ascendió en julio de 2021 –momento en el que Supersociedades levantó la información, de cara a la intervención– a 60 millones de dólares.

A pesar de que estos datos en los que la implicación de sus pseudofuncionarios y del Estado colombiano es evidente, Guaidó insistió en su propuesta de «reestructuración de la directiva en funciones y garantizar una auditoría profunda e imparcial», anunciando que presentará nuevamente ante el grupo de exdiputados que le secunda –que carece de posibilidad real de avanzar investigaciones y de promover causas penales– «el decreto #38 que contempla acciones urgentes, cuya aprobación fue diferida».

(LaIguana.TV)

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