Inconsistencias en las declaraciones ofrecidas por buena parte de los entrevistados por el caso de la desaparición del profesor Carlos Lanz detectadas a través del polígrafo, alertaron a la Fiscalía de que entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana del sábado 8 de agosto de 2020 se había producido «un vacío» porque ninguno pudo dar cuenta de lo que hizo en ese lapso sin caer en «grandes contradicciones».
«Utilizamos el polígrafo, donde casi todos quedaron siempre, para describirlo de manera coloquial, como mentirosos, como ocultadores de información», refirió el fiscal general, Tarek William Saab, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles para revelar detalles de lo que resultó ser un estremecedor crimen.
Saab enfatizó, que una vez avanzadas las investigaciones y repasado lo ocurrido el funesto día, «siempre la conclusión era que Carlos Lanz había sido sacado de su casa de manera pacífica, por alguien de su extrema confianza», en virtud de su personalidad y larga trayectoria de militancia revolucionaria, que empezó en las filas de la guerrilla y se vio atravesada por cerca de una década de prisión.
«Todos podíamos coincidir que él no iba a salir en plena cuarentena radical, pandemia, con cualquier pelagatos que le ofreciera una cola: tenía que salir con alguien de extrema confianza de él, como en efecto pasó», indicó.
En las pesquisas del Ministerio Público se encontró suficiente evidencia para sindicar a Maxiorisol Cumare, esposa de Lanz, como principal sospechosa de planear su secuestro, asesinato y posterior desaparición.
Con base en la información revelada por Glenn Castellanos, pareja extramarital de larga data de Cumare, el funcionario refirió que a través de un pran de la cárcel de Tocorón (Aragua), contrató a dos sicarios para asesinar al docente y desaparecer su cuerpo. Los perpetradores cobraron 5.000 dólares estadounidenses y él recibió 3.000 por hacer de mediador.
Asimismo, Tito Viloria, un dirigente sindical, antiguo militante de la izquierda revolucionaria y persona de confianza de Lanz, habría sido quien condujo al educador a la emboscada en la que encontraría la muerte.
Cumare habría ordenado el asesinato de su esposo por «estar cansada» de que este se opusiera a actos de corrupción en los que habría participado como funcionaria adscrita al Inces de la ciudad de Maracay. Según la Fiscalía, a partir de estas transas ilícitas, presuntamente adquirió diversas propiedades que figuraban bajo el nombre de Viloria.
Asimismo, miembros del círculo más próximo a la pareja revelaron que Cumare abusaba verbal y físicamente del reconocido dirigente y las discusiones habrían sido frecuentes. Sin embargo, esta información, que luego fue fundamental para que la investigación se encausara en la dirección correcta, no fue comunicada inicialmente a las autoridades.
Por el caso fueron privadas de libertad siete personas y otras seis fueron imputadas, aunque la investigación continúa y el Ministerio Público no descarta que se produzcan otras detenciones.
(LaIguana.TV)
