En una publicación hecha el año pasado, el portal de investigación La Tabla ofreció detalles sobre el bufete de abogados británico-estadounidense Hogan Lovells, que según Rafael Ramírez habría respaldado la contratación del financiamiento en bolívares con la Administradora Atlantic 17.107 C.A., en marzo de 2012.

De acuerdo a los datos aportados por La Tabla, dicho despacho legal se habría puesto en 2019 al servicio del pseudointerinato de Juan Guaidó.

Pese a que en mayo de 2018 el bufete anunció el cierre de su oficina en Caracas, los asuntos de Venezuela habrían quedado a cargo del abogado Luis Enrique Bottaro, recoge La Tabla. El despacho del letrado, según la publicación hecha en 2021, estaba ubicado en la Torre Copérnico del Centro San Ignacio, en Chacao.

“En esa sede, donde son atendidos clientes potenciales interesados en realizar inversiones en Venezuela, se encuentran los documentos propiedad de la República y retenidos indebidamente por el bufete multinacional, según información suministrada a La Tabla por una fuente experta”, añade el portal.

Como sus operadores en y para el país suramericano, Hogan Lovells también habría tenido a los abogados venezolanos Bruno Ciuffetelli, Juan Carlos Pondal, Gonzalo Rodríguez-Matos, así como al CEO mundial del consorcio legal, Miguel Zaldívar.

Sobre el despacho, además, La Tabla menciona que previamente asesoró a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la emisión de bonos (noviembre 2011 y mayo 2012, entre otras), así como en la contratación de financiamiento con el banco ruso Gazprom para la compañía mixta Petrozamora, y con el chino ICBC para proyecto conversión profunda en refinería Puerto La Cruz.

No obstante, la publicación menciona que «la contratación más llamativa» con Hogan Lovells fue hecha a finales de 2014 por la embajada de Caracas en Washington “con el fin de que asesorara e hiciera lobby ante las primeras medidas sancionatorias del gobierno de Obama contra el de Maduro”.

Según el contrato citado por La Tabla, el bufete “debía llegar a gente en las ramas legislativa y ejecutiva de EEUU sobre cuestiones ‘relativas a cualquier asunto referido a las relaciones que pudiera afectar a los gobiernos’”.

Este martes, vale acotar, el ministro para el Petróleo, Tareck El Aissami, reveló una nueva trama de corrupción, que implica a Ramírez y a otros exfuncionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el desfalco de 4.850 millones de dólares entre febrero de 2012 y marzo de 2013.

En un intento por desmentir la versión de El Assami, quien presentó pruebas de la trama, Ramírez señaló en Twitter que los préstamos contaron con “la opinión favorable” de los auditores KPMG y de Hogan and Lovells.

“Lo dicho por Tareck El Aissami es absolutamente falso, los préstamos en bolívares, necesarios para responder a los trabajadores y a la industria, se pagaron con descuentos del 50% a favor de Pdvsa”, señaló.

(LaIguana.TV)

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