Un tribunal de apelaciones en los Estados Unidos bloqueó temporalmente las pretensiones de seis supuestos acreedores de cobrarse deudas con Petróleos de Venezuela a partir del remate de acciones de Citgo Petroleum, recoge Reuters.
«Desde marzo, los acreedores, incluida una unidad de OI Glass, Huntington Ingalls Industries, ACL1 Investments, Koch Minerals y las empresas mineras Rusoro Mining y Gold Reserve, han recibido derechos para apoderarse de acciones en la matriz de la refinería de propiedad venezolana Citgo, PDV Holding», se detalla en el trabajo periodístico.
Estas compañías habrían ganado «embargos condicionales» en el marco de un caso federal en el que se aprobó la subasta de acciones de la refinadora venezolana para hacer cumplir una sentencia que obliga al Estado venezolano a cancelar 970 millones de dólares a la minera canadiense Crystallex.
De acuerdo con la agencia especializada, las seis empresas «tienen laudos o sentencias de arbitraje por un total de alrededor de 2.600 millones de dólares y querían que esos laudos se incluyeran en la subasta«, pero el pasado viernes, el tribunal puso en suspenso los embargos hasta el próximo mes de junio, cuando se constituirá un panel que escuchará a representantes de Caracas y de las empresas.
Sin embargo, no se espera que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pueda ejercer su derecho a defender legítimamente su lucrativo activo –valorado en unos 13.000 millones de dólares, según cifras oficiales–, pues desde 2019 está bajo el control de una pretendida junta administradora designada por el pseudo gobierno interino de Juan Guaidó.
«La moción suspende, bajo una solicitud de emergencia, los embargos que las seis compañías adicionales habían ganado para ser parte de la subasta hasta que presentemos una apelación en las próximas semanas», dijo a Reuters Horacio Medina, presidente de esa instancia irregular.
El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito Judicial de Estados Unidos dio plazo a la junta paralela hasta el venidero 19 de mayo para presentar una apelación. Medina avanzó que la decisión final sobre los embargos impuestos a Citgo se anuncie en el tercer trimestre del año en curso.
Estas maniobras de expolio se vieron posibilitadas luego de que el Departamento del Tesoro anunciara que adoptará una política de sanciones «favorable» a los acreedores y de que una corte en el estado de Delaware presidida por el juez Leonard Stark, equiparara jurídicamente a Citgo con su casa matriz PDV Holding, en razón de manejos dolosos por parte del así llamado interinato.
Mientras tanto, desde Caracas, las autoridades de Venezuela han exigido la devolución inmediata de Citgo a manos del Estado, al tiempo que han denunciado que Washington usó a agentes políticos locales para desguazar la refinadora, que en su día reportó utilidades anuales superiores a los 700 millones de dólares.
Advirtió asimismo que no reconocerá ninguna decisión o transa basada en la Licencia General Nº42, con la que la Casa Blanca autorizó a exdiputados de la Plataforma Unitaria a negociar el devenir de la compañía.
«Pdvsa advierte que todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a Pdvsa y/o cualquier entidad en la que Pdvsa tenga participación tenga participación accionaria, que sea negociado, celebrado y/o ejecutado con fundamento en la Licencia General 42 emitida en fecha 1 de mayo de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, o en cualquier otra licencia específica, o decisión derivada de cualquier órgano o entidad extranjera, o Poder Público extranjero, es nulo o ilegal bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Derecho Internacional. Por lo que no será reconocido, ni tenido como válido por Pdvsa o sus filiales», se lee en un comunicado publicado por la estatal petrolera.
Desde 2020, el Gobierno Bolivariano ha presentado pruebas fehacientes de la participación de miembros de la Plataforma Unitaria en este esquema de remate en cortes judiciales, una estrategia que fue definida por el abogado José Ignacio Hernández, antiguo asesor jurídico de Crystallex que hizo las veces de procurador en el pseudogobierno de Guaidó.
Sus acciones lesivas causaron pérdidas milmillonarias al Estado venezolano –que nunca pudo defenderse apropiadamente– y fueron aprovechadas por Estados Unidos y las trasnacionales para despojar a Venezuela de su empresa, mediante la aplicación extraterritorial de la justicia y francas violaciones a lo contemplado en el derecho internacional público y privado.
Reuters apunta que la sentencia de la Corte de Apelaciones promulgada el pasado 5 de mayo «es independiente del progreso del caso Crystallex original, en el que el productor de petróleo estadounidense ConocoPhillips también recibió un beneficio por un reclamo de 1.300 millones de dólares».
Por su parte, Medina admitió que el fallo judicial «es solo un salvavidas temporal» y que el grupo –cuyas acciones carecen de legitimidad en Venezuela– continúa en conversaciones sobre «arreglos de pago con varios acreedores».
La última licencia del Tesoro en la que se prohíbe usar Citgo para honrar deudas de Pdvsa vence el próximo 20 de julio y todo parece indicar que no será renovada.
(LaIguana.TV)
