Las masivas manifestaciones y la brutal represión que sufrió el pueblo chileno durante el fin de semana dejaron expuestas las costuras de un país que ya no pinta tanto de parecerse a «La Suiza de Latinoamérica» sino más bien refleja la dura realidad de un pueblo sometido a cruentas desigualdades económicas, sociales y políticas.
Bastó que se decretara el aumento del pasaje del metro para hacer implosionar a la sociedad chilena. La violencia tomó las calles con protestas masivas que evidenciaban mucho resentimiento y hastío contra un régimen liberal -encabezado por Sebastián Piñera– que tildó de «guerra» el reclamo popular en las calles.
Piñera decretó toque de queda y soltó a las calles al Ejército para enfrentar la mencionada «guerra» contra su propio pueblo, una «amenaza» que según él y su equipo de Gobierno tiene detrás al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Sin embargo, tal argumento se desvanece cuando la falsa imagen creada de la «estabilidad chilena» y su «gobierno democrático» quedaron en evidencia al destaparse la tremenda inequidad social del país, una situación que para Piñera pone en riesgo su futuro político y el rumbo de la nación.
El turbulento fin de semana de protestas dejó un saldo de 11 personas asesinadas por los cuerpos de seguridad de Piñera así como centenares de heridos y violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, eso sin tomar en cuenta las cuantiosas pérdidas materiales por los saqueos e incendios en las estaciones del sistema subterráneo de transporte.
Las protestas continuaron el lunes en varias ciudades del interior de la nación suramericana, incluso en la patagonia chilena, el descontento social hizo eco en la colectividad.
A pesar de que Piñera y el senado frenaran el incremento del pasaje del metro, las manifestaciones y el descontento abrió cancha en una maltratada sociedad que aún guarda malos recuerdos de la dictadura militar de Augusto Pinochet que también calificaba de «guerras» las sublevaciones populares y en las que se persiguió, torturó, mutiló, desapareció y asesinó a millones de chilenos contrarios al régimen dictatorial que a pesar de haber culminado en 1990 sigue de alguna manera vivo en la Constitución de la República.
La sociedad chilena protesta por las brechas de desigualdad, precariedad y mala calidad de los servicios de salud y educación pública -privatizados al 100%-, así como las bajas pensiones y los insuficientes salarios en gran parte de la población.
“Esto no es una simple protesta por el alza del Metro, esto es un desahogo por los años de opresión que han tenido principalmente los más pobres”, dijo Karina Sepúlveda, una estudiante de antropología, mientras golpeaba un sartén durante la protesta del domingo, citada en un trabajo de la agencia Reuters.
La declaración de esta chilena se contextualiza con un estudio publicado en 2016 del Banco Mundial, donde se advertía para entonces que Chile estaba entre los 10 países más desiguales del mundo, con un modelo económico neoliberal heredado de la dictadura de Pinochet que aún sigue vigente.
De hecho, hasta el propio Gobierno de Chile en una encuesta presentada en 2018 mostró que el ingreso de los ricos fue 13,6 veces mayor al de los pobres y que el coeficiente Gini que mide la desigualdad casi no tuvo cambios en una década.
El gobierno chileno presume de tener «sólidas cifras macroeconómicas» sin embargo «la prosperidad» no llega a toda la sociedad, lo que deja claro que las manifestaciones son producto de un estallido espontáneo más que algo organizado.
Por ahora a Piñera le queda buscar una manera de controlar la implosión social desatada en su país, sobre todo porque el 16 y 17 de noviembre de 2019, Santiago sera la sede de la cumbre de líderes de Asia-Pacífico (APEC) en la que se presume asista el presidente estadounidense, Donald Trump, y jefe de Estado de China, Xi Jinping, entre otros mandatarios y cancilleres.
(LaIguana.TV)
