Un día como hoy, pero de 2019, el entonces casi desconocido diputado Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino de Venezuela, figura jurídica no consagrada en la Carta Magna vigente, ante un puñado de seguidores en la plaza Juan Pablo II, ubicada al este de Caracas.

Entonces, juró frente a la pequeña masa de simpatizantes que asumiría «formalmente las competencias del Ejecutivo nacional, como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres», amparado en su condición de presidente de la Asamblea Nacional (AN), cargo en el que había sido designado por sus colegas parlamentarios pocos días atrás.

Aún sostiene que su autojuramentación se basa en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución, que, bajo la particular interpretación de la mayoría opositora que controló el Legislativo venezolano entre el 5 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2021, le habilitaría a ocupar temporalmente el Ejecutivo y convocar a elecciones en un plazo de 30 días.

La razón esgrimida para justificar la presunta «falta absoluta» del jefe de Estado es que, según Washington, la Unión Europea y otros países bajo su égida, los comicios presidenciales de 2018 en los que resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro eran «ilegítimos» porque un sector de la oposición decidió boicotearlos y Maduro era, por tanto, un «usurpador» y un «dictador ilegítimo».

Armados de este guion y con el respaldo de la administración Trump, los dirigentes de la oposición empezaron a ejecutar un plan cuyo fin declarado era conseguir un cambio de régimen en Venezuela y que, dos años después, lejos de alcanzar su propósito, ha traído dolorosas consecuencias para el país.

En un trabajo publicado por The New York Times a propósito de la autojuramentación de Guaidó, se precisa que el exparlamentario prometió que «encabezaría un gobierno interino enfocado en la distribución de ayuda humanitaria, la implementación de medidas para cambiar por completo el rumbo de la economía y la organización de elecciones libres y democráticas».

Salvo las elecciones libres y democráticas, nada de eso ha sucedido y en la actualidad, el autojuramentado se mantiene atrincherado en su condición de diputado, de presunto presidente de la AN y de «presidente interino», con base en un Estatuto para la Transición carente de todo soporte constitucional, que fue aprobado a fines de diciembre bajo opacas condiciones y sin el respaldo de dos fuerzas políticas que hasta el momento le habían acompañado sin titubeos: Acción Democrática y Vente Venezuela.

El inventario de pérdidas más importante no es el de Guaidó, sino el del país, pues además de actuar al margen de la ley desde el punto de vista político, su presidencia usurpadora ha sido, con mucho, la más lesiva de los intereses nacionales de toda la historia republicana.

A continuación, una lista de las acciones emprendidas por este grupo y de sus consecuencias para el país, tras la autoproclamación de Juan Guaidó:

–Imposición creciente de medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos, que le han impedido a Venezuela comerciar con petróleo, adquirir maquinarias y aditivos asociados a la producción de hidrocarburos e incluso, comprar mercancías esenciales como alimentos y medicinas, aún en medio de una pandemia, con el subsecuente sufrimiento de la población, debido al deterioro de sus condiciones de vida.

Pérdida de activos del Estado venezolano en el extranjero: según estimaciones del Gobierno Bolivariano, Guaidó y su círculo cercano se han apropiado de activos públicos por un valor estimado de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares, además de haberle otorgado al gobierno estadounidense el control de cuentas venezolanas en bancos de ese país, haber sido colaboradores necesarios en la pérdida de Citgo Petroleum y Monómeros, las dos principales compañías de Venezuela fuera de sus fronteras e impedir la adquisición de insumos médicos y vacunas, con cargo al oro venezolano depositado en Inglaterra y con complicidad del gobierno de ese país.

De otro lado, el gobierno venezolano ha denunciado reiteradamente y con las debidas pruebas, que el grupo de operadores políticos en torno a Juan Guaidó ha operado y opera como una red delincuencial, desviando recursos del patrimonio nacional e inclusive, el que reciben de organismos y gobiernos extranjeros para financiar actividades sediciosas, para usos estrictamente personales, señalamientos de los que en los últimos meses se han hecho eco medios nada afectos al gobierno de Maduro, como El Nuevo Herald o The Washington Post.

El escándalo más reciente lo constituye la pretensión de condonación del 50% de la deuda de 350 millones de dólares y el 100% de los intereses que tiene el gobierno de Paraguay con Venezuela, a cambio de una comisión en efectivo, según reveló el Post, pero no es de ninguna manera el único.

El intento de apropiación de las 31 toneladas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra y las actuaciones del pseudoprocurador José Ignacio Hernández, exempleado de la canadiense Crystallex, en el caso de esa compañía contra Citgo, son dos ejemplos de los graves daños que le han causado al país el grupo de Guaidó.

–Desde el punto de vista político, si bien desde el 23 de enero de 2019 Juan Guaidó manifestó explícitamente su intención de derrocar al Gobierno Bolivariano y en ese sentido se puede asegurar que sus esfuerzos han sido continuados, hay tres acciones que no pueden dejar de reseñarse.

En primer lugar está el intento de invasión a través de Colombia, bajo el disfraz de la introducción de ayuda humanitaria al país, hecho sucedido apenas un mes después de la autoproclamación. En ese momento, Guaidó cruzó hacia el vecino país acompañado por miembros de la banda paramilitar Los Rastrojos y desde Cúcuta pretendió dirigir unas guarimbas, con las cuales se camuflaría el ingreso de militares desertores venezolanos y paramilitares colombianos. El intento fue frenado por Venezuela.

En segundo término, el fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2019. Su evidente desorganización y ausencia de respaldo hacen creer que más que una acción para derrocar a Maduro, parece haber sido la excusa para organizar la fuga de Leopoldo López, figura en la sombra del «gobierno» usurpador de Guaidó.

Por último, está la fallida invasión militar del pasado 3 de mayo: amparados en un contrato que Juan Guaidó, el también entonces diputado Sergio Vergara y el «asesor» Juan José «J.J.» Rendón suscribieran con Silvercorp, una contratista de mercenarios estadounidenses, dos exmarines lideraron una operación anfibia con la que se pretendía tomar puntos estratégicos de Caracas y sus alrededores, asesinar al presidente de la República y a otros altos personeros del Gobierno Bolivariano e instalar un régimen tutelado por Washington, en el que los mercenarios tendrían carta blanca para actuar por encima de las leyes y autoridades del país.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y miembros de la milicia neutralizaron a los paramilitares y lograron capturar a los cabecillas y a la mayoría de los participantes. Según su testimonio –que fue corroborado con lo contemplado en el contrato que fuera divulgado por medios estadounidenses, a pocas horas del hecho– recibieron entrenamiento en Colombia, país desde donde partieron para atacar a Venezuela.

(LaIguana.TV)

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