Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, Haití vuelve a sumirse en una crisis política relacionada con la sucesión de mando, pues este viernes, una tercera parte del Senado designó a su presidente, Joseph Lambert, como presidente provisional, en claro desconocimiento del primer ministro en funciones, Claude Joseph, quien había asumido las riendas del gobierno tras el magnicidio.  

Según reseña EFE, la decisión la tomaron ocho de los 30 senadores que componen la Cámara Alta, en la que solamente permanecen activos 10, pues Moïse disolvió el Parlamento el 13 enero de 2020, a pesar de que los comicios en los que debía elegirse a los representantes previstos para octubre de 2019, no pudieron realizarse a consecuencia de las protestas antigubernamentales que sacudían al país, precisa un trabajo de Bárbara Ester par el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG). 

Los ciudadanos se volcaron a las calles para demandar respuestas al gobierno por el creciente incremento de los secuestros y la violencia generada por pandillas locales, particularmente en Puerto Príncipe, así como el deterioro de las ya frágiles condiciones de vida. No tardaron en exigir la renuncia del mandatario.  

Las manifestaciones fueron reprimidas con dureza, fracasaron los intentos de diálogo entre el gobierno y la oposición y en febrero de 2020, el país tenía ocho meses sin primer ministro, pues en el Congreso haitiano fueron incapaces de alcanzar un acuerdo.  

La causa de la crisis política sería el tiempo que Jovenel Moïse debía permanecer en el poder, pues de acuerdo con lo que reza la Carta Magna haitiana, los períodos presidenciales empiezan el 7 de febrero y culminan en la misma fecha, cinco años después, independientemente del momento en el que se haya asumido el cargo.  

Moïse se opuso tenazmente a esa interpretación defendida por la oposición, alegando que si bien venció en la primera vuelta de los comicios de noviembre de 2015 –aunque sin mayoría absoluta–, estos fueron anulados bajo acusaciones de fraude y se repitieron en 2016, lo que ocasionó que él acabara jurando el 7 de febrero de 2017 y, por tanto, según él, su período culminaría el 7 de febrero de 2022.  

Su respuesta para enfrentar la disputa, fue cesar el Parlamento y gobernar por decreto durante más de un año. En ese lapso, no convocó a nuevas elecciones legislativas aduciendo la ausencia de condiciones y, antes bien, anunció un referéndum para modificar la Constitución, cuyo propósito habría sido presentarse a la reelección, si bien el texto impide a cualquier gobernante beneficiarse de las reformas aprobadas en su gestión.  

En marzo de 2020, Moïse designó como primer ministro a Joseph Jouthe y el 14 de abril de 2021, a Claude Joseph, quien ejerció como ministro de Asuntos Exteriores en el gabinete de Jouthe.    

Los nombramientos realizados después del pasado 7 de febrero han sido puestos en cuestión por los distintos sectores que conformaban la oposición, pues desde su punto de vista, el mandatario estaría usurpando funciones después de esa fecha, un argumento que también vale para la designación de Lambert como presidente interino por parte de una porción minoritaria de un Senado ya disuelto.  

Para hacer todavía más complicada la situación, dos días antes de ser asesinado, el gobernante anunció que Ariel Henry sucedería a Joseph en el cargo, pero el sobrevenido crimen impidió que Ariel formara gobierno y Joseph se posicionó, con el respaldo de Washington como «primer ministro interino», asegurando, además, que contaba con el respaldo del Ejército y la Policía.  

Fue el encargado de anunciar al mundo el crimen, ofreció los primeros detalles sobre el asalto y el estado de salud de la primera dama, Martine Moïse, y rápidamente estableció comunicación con funcionarios del gobierno de Joe Biden.  

Oficialmente, según reconoció el departamento de Estado, los contactos estarían destinados a esclarecer el magnicidio, pero la noche de este viernes, el gobierno dirigido por Joseph anunció que había solicitado a Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas que desplegaran tropas en el país para proteger infraestructura considerada «clave» y conseguir que el país se estabilice antes de que se realicen las elecciones presidenciales, que están fijadas para septiembre.  

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró el jueves que su gobierno estaba dispuesto a recibir «una solicitud formal» de ayuda de Puerto Príncipe, aunque no precisó quiénes debían ser los encargados de presentarla, ni tampoco en qué consistiría concretamente esta ayuda.  

De su lado, Mathias Pierre, ministro encargado de Elecciones de Haití y vocero de los asuntos relacionados con el magnicidio, defendió la intervención extranjera en su país, alegando que la policía local no tiene cómo hacer frente a la situación.  

«¿Qué hacemos? ¿Dejamos que el país caiga en el caos? ¿Propiedades privadas destruidas? ¿Gente asesinada tras el asesinato del presidente? ¿O, como gobierno, prevenimos? » dijo en una entrevista concedida a The Associated Press (AP) el sábado. «No estamos pidiendo la ocupación del país. Estamos pidiendo tropas pequeñas para ayudarnos y ayudarnos (…). Mientras seamos débiles, creo que necesitaremos a nuestros vecinos «, añadió. 

El viernes en la noche, Claude Joseph aseguró a la AP en una entrevista telefónica que «definitivamente» su país necesitaba «ayuda» y por eso la había pedido a sus «socios internacionales». «Creemos que nuestros socios pueden ayudar a la Policía Nacional a resolver la situación», enfatizó. 

De momento, la administración Biden solamente se ha comprometido a enviar funcionarios del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) para apoyar en la investigación del magnicidio y no se ha pronunciado sobre la demanda de Haití.  

Mientras tanto, los ocho legisladores desafiaron a que designaron al hasta entonces primer ministro en funciones, designado no solamente a Joseph Lambert como presidente provisional, sino que reconocieron a Ariel Henry como primer ministro, bajo el alegato que había sido designado por Moïse antes de su deceso.  

Rosemond Pradel, uno de los senadores que respaldó los nombramientos, aseguró a AP que Joseph «no está calificado ni tiene el derecho legal» para asumir las riendas del país. 

La facción encabezada por Joseph tampoco se ha quedado de brazos cruzados. Además de intentar afianzar su posición ante Washington conversando directamente con el secretario de Estado, Antony Blinken, también ha contactado con el presidente colombiano, Iván Duque, un firme aliado de Estados Unidos en la región, en virtud de que 26 de los 28 mercenarios capturados son oriundos de Colombia.  

Asimismo, tras conocer el movimiento avanzado en el Parlamento, lamentó que el magnicidio se usara para obtener prebendas políticas y sostuvo que no estaba «interesado en una lucha por el poder».  

«Solo hay una forma en que la gente puede convertirse en presidente en Haití. Y eso es a través de elecciones», enfatizó. 

(LaIguana.TV) 

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