“Toda lucha contra la corrupción debe ser apoyada, acompañada, aupada, siempre y cuando no se convierta en una cacería de brujas”, expresó Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea, en el que también clamó porque la aplicación estricta de las leyes abarque también a los dirigentes opositores que han devorado miles de millones de dólares del patrimonio público.
“Esta lucha debe darse con la mayor honestidad, lealtad y justicia posibles. No debe ser una lucha por un político o un partido, sino por la República Bolivariana de Venezuela, un país donde tantos niños carecen de lo más elemental, donde los maestros sobreviven con sueldos que no son dignos, un país bloqueado y sancionado que se encuentra, además, frente a estos hechos gravísimos. Hay que encontrar a los reales causantes de esta debacle y sancionarlos porque la víctima, al final de todo, es la misma: el pueblo”, dijo el comunicador político y filósofo.
Empleando la frase bíblica “el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, invitó a quienes se encuentren en esa condición a ser jueces justos y tratar de encontrar la verdad detrás de este escándalo de corrupción. “Cuidado y deviene en una cacería de brujas en un ajuste de cuentas. Por eso nosotros acá hemos investigado con honestidad, respeto y un cuidado milimétrico. Hemos utilizado solo fuentes oficiales, nada de chismes ni datos extraoficiales porque el tema amerita la metodología más perfecta posible. Debe ser una reflexión a la altura de la muy difícil coyuntura que vive Venezuela”, subrayó.
Precisó que en el programa se pasaría revista no solo de los casos que hoy sacuden al país y encabezan titulares en grandes medios –que también han aprovechado la coyuntura para publicar especies no verificadas–, sino también de los expolios que ha sufrido la República en los últimos años, cuyo monto acumulado está en el orden de las decenas de miles de millones de dólares robados.
Pérez Pirela comentó que es necesario mantener la coherencia. “Vemos personas que luego de haber exigido durante años la lucha contra la corrupción, ahora dicen que no es el momento, que no es algo serio”.
Los hechos
En las últimas jornadas, la Policía Nacional Contra la Corrupción en Venezuela ha detenido a cerca de una veintena de personas, incluyendo a funcionarios de alto nivel, por su aparente participación en tramas de corrupción administrativa y malversación de fondos públicos.
De momento ha trascendido que los ilícitos se habrían perpetrado en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), algunas alcaldías y el Poder Judicial.
Indicó que el presidente Nicolás Maduro informó que él ha encabezado las pesquisas junto a los órganos de investigación del Estado, en el marco de lo que se ha denominado «Operación Especial Anticorrupción».
Aunque no es la única entidad involucrada, los focos se han posado nuevamente sobre PDVSA, principal fuente de ingresos del país, en un contexto de sanciones y bloqueos que han impactado significativamente en todas las esferas de la vida nacional, particularmente entre los más vulnerables.
Entretanto, la prensa hegemónica ha tratado de presentar estos eventos –hasta ahora, sin prueba alguna que respalde su versión– como una especie de «purga» en el seno del chavismo, en la víspera de un año electoral en el que las fuerzas opositoras están en su peor momento en más de dos décadas.
Presentó, a modo de editorial, el Iguanazo, caricatura de Iván Lira exclusiva para LaIguana.TV en la que aparecen dos sujetos gordos y malencarados. Uno dice: “No hay diferencias entre los corruptos de izquierda y los de derecha”, y el otro agrega: “Somos un ejemplo de concordia y unidad”.
Punto de partida
El pasado 17 de marzo, un comunicado de la para nada mediática Policía Nacional Contra la Corrupción en el que se solicitaba al Ministerio Público la apertura de investigaciones formales en contra de funcionarios adscritos a PDVSA, algunas alcaldías y al Poder Judicial, hizo que presagiar que se revelarían nuevos escándalos de corrupción de alta envergadura.
El titular de LaIguana.TV sobre este tema fue: “Caiga quien caiga: Investigan a varios funcionarios en el país por presunta corrupción”.
La nota indicó que la Policía Nacional Contra la Corrupción solicitó al Ministerio Público el «encauzamiento judicial de una serie de individuos» que ejercían funciones en el Poder Judicial, la industria petrolera y algunas alcaldías por su presunta implicación en actos de corrupción y malversación de fondos.
Según se lee en un comunicado difundido el pasado viernes por el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, la solicitud es la resulta «de una investigación profunda, realizada por meses» y que apuntó directamente a estas personas.
El organismo enfatizó que tiene «la instrucción expresa» –no se indicó de quién– de llevar la investigación «hasta las últimas consecuencias, sean quienes sean y caiga quien caiga».
Aunque en el reporte no se ofrecieron precisiones sobre la ubicación de los presuntos responsables de esos delitos, rápidamente comenzaron a circular versiones mediáticas que apuntaban directamente al Circuito Judicial de Caracas –el más relevante del país, en términos de casos atendidos–, a PDVSA, a la Asamblea Nacional y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Dos días más tarde, la Policía Nacional Contra la Corrupción reveló a la opinión pública los nombres de los primeros aprehendidos en la megaoperación. En la lista figuraron los nombres del jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), del presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y del juez 4° de Control en casos de Terrorismo.
Adicionalmente se comunicó sobre la aprehensión del alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua (Las Tejerías), quien fue acusado de mantener nexos con el grupo de delincuencia organizada liderado por Carlos Enrique Gómez Rodríguez, alias «El Conejo«.
Presentó un video de la sección Tienes que verlo en el que se señalan los nombres y apellidos de los primeros detenidos en la operación anticorrupción en el país. Estos fueron: Joselit Ramírez (superintendente de Criptoactivos), Cristóbal Cornieles Perre (presidente del Circuito Judicial Penal), José Macsimino Márquez (juez de Control) y Pedro Hernández (alcalde de Las Tejerías).
Por su parte, el Ministerio Público anunció la designación de cinco fiscales nacionales «para investigar los graves hechos de corrupción que vinculan a funcionarios públicos en graves tramas delictivas».
Venta de sentencias
En relación con las detenciones en el Poder Judicial, el diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, avanzó en una rueda de prensa los motivos tras la detención de estos personajes de alto perfil.
El «cobro de sentencias» sería la razón por la que la Policía Nacional Anticorrupción ha detenido en las últimas jornadas a varios miembros del Poder Judicial, aseguró Cabello.
El dirigente también atribuyó estas capturas a la detección de irregularidades durante el desarrollo de la Revolución Judicial, como se denominaron las acciones de revisión integral del funcionamiento del sistema de justicia en el país que encomendara el presidente Nicolás Maduro al Parlamento en 2022.
Este relato fue refrendado posteriormente por el presidente Maduro, quien aportó detalles sobre el desarrollo de las pesquisas y reveló que él mismo las encabezaba, con asistencia de los organismos de investigación del Estado venezolano.
Maduro detalló que entre octubre y noviembre de 2022 se produjeron «los resultados preliminares de las primeras averiguaciones que se hicieron, los primeros descubrimientos que fueron arrojando pistas importantes del funcionamiento de estas mafias» relacionadas con los casos que salieron a la luz en las últimas jornadas.
Entre todos, aludió al «caso de ventas de sentencias para favorecer a narcotraficantes, a delincuentes, a paramilitares, por parte de jueces con importantes y altos cargos en la dirección del Poder Judicial» en la capital.
“Se hace necesaria, imprescindible, urgente una reestructuración del Poder Judicial y de todo el sistema judicial porque es evidente que la corrupción de los está comiendo -aseveró el moderador del programa-. Se escapa de vista la gravedad de todo esto”.
Frente a este panorama, el mandatario demandó a los órganos administradores de justicia que revelaran la verdad y la anunciaran al pueblo venezolano, al tiempo que advirtió a las personas que están incurriendo en estas prácticas dolosas que caería sobre ellas todo el peso de la ley, independientemente de dónde se encontraran.
Aunque la mayoría de la gente no estaba al cabo de saberlo, a inicios de febrero, Maduro ya había dado un campanazo sobre lo que se les avecinaba a funcionarios, empresarios y otros personeros implicados en manejos dolosos de la cosa pública.
En una intervención televisada criticó duramente estas prácticas y advirtió que quienes estaban incursos en ellas no se saldrían con la suya, fueran quienes fueran y estuvieran donde estuvieran.
“Esto fue una primera advertencia, en febrero, pero los señores corruptos siguieron con su fiesta”, comentó el moderador del programa.
Mostró un fragmento de esa alocución y luego acotó que es impresionante ver que algunos de los que aplaudían de pie esas expresiones del mandatario, ahora se encuentran tras las rejas por la investigación realizada.
En sus reflexiones de este lunes a propósito de la Operación Especial Anticorrupción, Maduro confesó que tras haber pronunciado esas palabras, se cuestionó sobre su pertinencia porque podría alertar a los funcionarios que estaban incursos en ilícitos, pero, contrariamente, el discurso no pareció tener el más mínimo efecto en estas personas.
«No, siguieron con su bandidaje, con sus vidas de nuevos ricos, de mafiosos, con sus gastos, con sus cosas, con sus extravagancias; con una forma de vida de multimillonarios, una forma de vida que no tiene nada que ver con la forma de vida de un funcionario humilde, trabajador y honesto», señaló.
Además de exigir justicia en los casos de corrupción, malversación de fondos y «antivalores» en los que estén implicados funcionarios en ejercicio, el presidente venezolano demandó a las autoridades aplicar el mismo criterio a los dirigentes de la ultraderecha local, cuyas actuaciones derivaron en daños sobre el patrimonio del Estado y a los que se sindica de malversación de fondos públicos, empezando por el exdiputado Juan Guaidó.
Riesgo de división del chavismo
Sobre este último aspecto, Pérez Pirela opinó que “si terminan presos funcionarios corruptos del gobierno, también deberían terminar presos personas como Guaidó y otros que ahora andan rodando por el país, buscando votos para las primarias, en medio de la mayor impunidad”.
Advirtió que esto podría crear una grandísima decepción en el chavismo. “Yo aúpo a las autoridades a tomar en serio las denuncias que se han planteado de manera pública, notoria y comunicacional. Está muy bien que chavistas corruptos sean privados de libertad, pero se debe hacer lo mismo con los corruptos opositores. Si no hay justicia, el chavismo se dividirá”, vaticinó.
Varios apoyos
La determinación del gobierno para luchar contra la corrupción bajo la premisa «caiga quien caiga», ha sido respaldada por la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
En un comunicado publicado este martes, la FANB admitió que hay efectivos castrenses implicados en actos de corrupción en la industria petrolera, si bien no se precisaron nombres ni los casos en los que se habrían producido los ilícitos.
(LaIguana.TV)
