Documentos judiciales revelados este viernes por The Associated Press (AP) vinculan a Javier Alvarado, exviceministro de Energía durante la gestión del exministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez Carreño, con la entrega de información a las autoridades de los Estados Unidos sobre presuntos casos de corrupción perpetrados en la estatal Petróleos de Venezuela.

Según se lee en un extracto del expediente publicado por el periodista Joshua Goodman en su cuenta de Twitter, Alvarado «reportó sus hallazgos a la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, con la que él previamente había colaborado y expuso la corrupción interna en Pdvsa».

Siempre siguiendo esta versión, «desde 2010 hasta 2015» el exfuncionario «participó en una intensa operación con la embajada, pasando tanto información como documentos relacionados con el Ministerio de Energía Eléctrica, Corpoelec y Pdvsa/Bariven, siempre en respuesta a los requerimientos del señor Richard T. Yonoeka, entonces ministro consejero para Asuntos Económicos del embajador».

Del mismo modo se indica que Alvarado «también asistió al gobierno de los Estados Unidos varios años después, proveyendo información y documentos al Departamento de Justicia en Washington DC, a la Oficina del Fiscal General del Distrito Sur de Nueva York (…) y la Oficina del Distrito Sur de Texas (…). Estos envíos incluyen docenas de grabaciones relacionadas con la corrupción vinculadas con las compañías Rincón y Sierra».

Aunque el dato no figura en el material publicado por AP, Goodman sostiene que entre esos registros hay «detalles de un contrato sin licitación de 250 millones de dólares para una planta de energía firmado por el ex zar del petróleo Rafael Ramírez«.

No obstante, el registro judicial subraya que «las copias oficiales de documentos de Pdvsa proporcionadas por Alvarado al gobierno de los Estados Unidos incluyen registros que exponen actividades ilegales, incluyendo (…) «coimas directas del ministro y presidente de Pdvsa [Rafael Ramírez] a Orbán, una compañía de Rincón».

Un reporte de El País fechado el 28 de enero de 2021 ofrece una visión mucho menos honesta de Javier Alvarado, al que se señala de recurrir a «una alambicada madeja societaria en paraísos fiscales para adquirir inmuebles en Cartagena de Indias (Colombia), Madrid y Miami, y desviar 15 millones de dólares (12,4 millones de euros) a Suiza, Luxemburgo y Dominica», con base en pesquisas realizadas por el propio diario.

En el trabajo periodístico se sostiene que la policía de Andorra que el dinero desviado procedía de las arcas de Pdvsa, al tiempo que se apunta que el exfuncionario está en el banquillo desde septiembre de 2018 junto a otras 28 personas «por participar en el supuesto expolio de 2.000 millones de euros de la petrolera venezolana».

En particular, se le acusa de blanqueo de capitales y de formar parte de «una red que cobró comisiones a empresas entre 2007 y 2012 a cambio de adjudicaciones de la energética».

En Venezuela, las autoridades han solicitado a Italia la extradición de Ramírez en razón de su aparente relación directa con nueve tramas de corrupción dentro de Petróleos de Venezuela, que derivaron en cuantiosas pérdidas para la República.

En 2021, la Corte de Apelaciones italiana falló en favor del exministro alegando una supuesta falta de garantías jurídicas para el indiciado, si bien el Ministerio Público informó hace pocas jornadas que está en curso un segundo procedimiento de extradición.

A mediados de 2020, un juez del Distrito Sur de Texas declaró improcedente una sentencia de 2019, que obligaba al exministro a pagar 1.400 millones de dólares por incumplimiento de una demanda por soborno interpuesta por Harvest Natural Resources Inc y HNR Energia BV, que les habría ocasionado daño patrimonial por el orden de los 472 millones de dólares.

Ramírez logró imponerse en la corte estadounidense alegando que no fue notificado apropiadamente de la demanda y, en consecuencia, no pudo ejercer su defensa.

Empero, el juzgado anunció un nuevo proceso, que de acuerdo al fallo, iría al fondo de la cuestión, que es la acusación por sobornos. No han trascendido detalles sobre el estatus de este proceso.

(LaIguana.TV)

 

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