Operación Venezuela: Bloqueo, robo, saqueo y caso Orlando Figuera

Este viernes 4 de diciembre fue presentado al público el cuarto capítulo de Operación Venezuela, el trabajo documental realizado por profesionales independientes de España, Chile, Argentina y Venezuela, en el que se describe detalladamente el proceso de cerco que ha sufrido el país tras el deceso del presidente Hugo Chávez. 

 

En la nueva entrega, intitulada: «Bloqueo, robo y saqueo», se ofrece, en primer término, un recorrido en el que se recuperan testimonios relacionadas con las acciones terroristas desplegadas por la oposición durante 2017, que incluyeron la quema de personas vivas, el ataque a instalaciones públicas e incluso, el intento de «borrar», literalmente, al chavismo de Venezuela, aunque para ello hubiera que asesinarse a sangre fría a decenas de venezolanos.

 

 

Entre los relatos recopilados, destaca particularmente el de Inés Esparragoza, madre de Orlando Figuera, un joven que fue golpeado, apuñalado y quemado vivo en las inmediaciones de la Plaza Altamira, un enclave opositor ubicado al este de Caracas y foco tradicional de sus acciones, solamente por ser chavista. 

 

Pese a que han transcurrido más de tres años desde que su hijo fue cruelmente asesinado por otros jóvenes como él, contratados por dirigentes de la oposición para ejecutar actos terroristas a cambio de drogas, comida y dinero, Inés está tan rota y dolida como el primer día.

 

«Gentes de la oposición causaron eso. Simplemente y llanamente por decir que era chavista», dice con la voz quebrada. «El hecho de que seamos pobres, no quiere decir que no seamos venezolanos, que no seamos seres humanos y como me decía Orlando, lo mataron por pobre. Yo digo que los pobres no tenemos derecho a vivir», añade ya invadida por las lágrimas, haciendo referencia al componente aporofóbico que caracteriza a buena parte de la dirigencia antichavista y a algunos de sus seguidores. 

 

Este caso fue emblemático, pues para los autores de Operación Venezuela «fue el más atroz de los actos terroristas organizados por la oposición en el año 2017». Al igual que Figuera, «25 personas fueron quemadas vivas». Su valor, en tanto testimonio, sostienen, «resume el grado de violencia y el ‘todo vale’ para derrocar a Nicolás Maduro».

 

En contraste con esta espantosa realidad, el terrorismo de las guarimbas fue presentado ante la opinión pública mundial como «manifestaciones pacíficas» violentamente reprimidas por el gobierno de Maduro, en las que se exigía el adelanto de las elecciones presidenciales, previstas constitucionalmente para el año siguiente.

 

Esta ruta política había surgido en la Asamblea Nacional, controlada por la oposición desde 2015 y entonces presidida por Julio Borges, «uno de los principales promotores de las sanciones» y bloqueos contra Venezuela, como se recuerda en la pieza audiovisual. 

 

«Los líderes de la oposición reclutaron a jóvenes y menores de edad en células que tenían la misión de asesinar y destruir. Les pagaban con droga, ropa y dólares», precisan, lo que se corresponde con el testimonio de uno de los reclutados para ejecutar las acciones violentas, que incluso le refirió al equipo de Operación Venezuela, que la vida de cada policía tenía un precio: 2.000 dólares estadounidenses. 

 

De acuerdo con esa fuente, bajo las órdenes de Miguel Pizarro, diputado de Primero Justicia –el partido de Borges– y uno de los «colaboradores» de Juan Guaidó en Washington, los «guarimberos» ejecutaron destrozos y robos de bienes públicos, llegando al punto de incendiar la sede del ministerio de la Vivienda, localizado en el centro del municipio Chacao, controlado por la oposición. 

 

Sobre ese incidente en concreto, el testigo protegido indicó que Pizarro les ordenó irrumpir en el sitio y matar «a todo el mundo», sin que importare para nada el hecho que al momento del ataque se encontraban en el edificio más de 900 trabajadores –incluyendo a tres mujeres embarazadas– y 45 niños y niñas, que vivieron momentos de pánico y terror, tras haber sido agredidos solamente por estar en la sede de una institución pública. 

 

El plan era claro. Refiere el joven reclutado que aportó su testimonio para el documental que Miguel Pizarro había dicho que para derrocar a Maduro, primero había que «matar a los chavistas». Es decir, se trataba de poner en marcha un procedimiento de «limpieza» y exterminio de adversarios políticos. 

 

De su lado, al ser increpado por los medios de comunicación sobre la cada vez más inocultable violencia que caracterizaba a las acciones opositoras, Pizarro restó importancia a los hechos y responsabilizó al gobierno de lo sucedido, puesto que, según él, este había cerrado las vías pacíficas para que los venezolanos se expresaran.

 

 

El terrorismo opositor fue conjurado con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que puso fin a cuatro meses de violencia y obligó a la dirigencia opositora a concurrir a un diálogo en República Dominicana, con el propósito de definir las condiciones en las cuales habrían de realizarse las elecciones presidenciales adelantadas, tal y como demandaron antes de intentar derrocar a Maduro con las guarimbas, pero tras meses de conversaciones y ya elaborado el acuerdo, los representantes de la oposición optaron por no suscribirlo.

 

Otro sector opositor, que había sido dejado de lado por los líderes de los cuatro partidos con mayor cantidad de curules en el parlamento, decidió acudir a otro nuevo llamado de diálogo del Jefe de Estado, de cara a las elecciones presidenciales, programadas para el mes de mayo de 2018. 

 

En una jugada cuyo propósito habría de revelarse meses después, el liderazgo opositor que había impulsado el terrorismo en 2017 y que abandonó el diálogo en República Dominicana en el último minuto descalificó los comicios aduciendo que no habían garantías para su realización, pese a que serían organizados por el mismo Poder Electoral que les había acreditado como vencedores tres años atrás. 

 

Maduro no compitió solo. Dos candidatos más, Henri Falcón y Javier Bertucci, fueron sus adversarios, en una elección en la que, pese a lo que a toda costa intentaba posicionarse, no se reportó ninguna irregularidad. 

 

Estaba en marcha, sin embargo, una fase mucho más siniestra del plan para conseguir un cambio de régimen en Venezuela: la eliminación física de Nicolás Maduro. 

 

Un primer intento se produjo a menos de tres meses de haber resultado reelecto, cuando durante un acto público, dos drones explotaron frente a la tarima presidencial y si bien los autores materiales fueron detenidos, su autor intelectual, Julio Borges, huyó a Colombia, país en el que fueron entrenados los terroristas y que habría de jugar un papel cada vez más importante en el cerco contra Venezuela. 

 

En enero de 2019 quedaría finalmente al descubierto la intención de Washington y de la oposición con el desconocimiento de las elecciones presidenciales del año anterior: la constitución de un marco jurídico que les permitiera apoyar a «un gobierno sombra» afín a sus intereses, sin que resultaren relevantes las quejas y réplicas de la mayor parte de países de la comunidad internacional, que vieron en la actuación de Estados Unidos y sus acólitos, un verdadero atentado contra la democracia, al reconocer como gobernante legítimo de un país a alguien que no había resultado legítimemente electo, en desmedro de un presidente que sí lo fue. 

 

El seleccionado para la tarea fue Juan Guaidó, un político de segunda importancia perteneciente a Voluntad Popular, partido de Leopoldo López, al que por la metodología adoptada por la oposición en 2016 cuando asumió el control del parlamento, le correspondía ejercer la presidencia del organismo. 

 

Prontamente, el pseudo gobierno de Guaidó, que fue de inmediato respaldado por la administración Trump, intentó mostrar que contaba con el respaldo de las instituciones venezolanas, particularmente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e inclusive, en febrero de 2019, pretendió invadir Venezuela desde Colombia y Brasil, con el pretexto de ingresar ayuda humanitaria. 

 

Muy rápidamente, Venezuela conocería la estofa de Juan Guaidó, quien para encabezar la invasión militar desde Colombia, se escabulló a ese país con la colaboración de Los Rastrojos, un grupo narcoparamilitar que opera en la zona fronteriza con Venezuela, a cambio de proporcionarles una ruta expresa para sus actividades delictivas. 

 

 

Desde 2013, cuando inició el cerco de Estados Unidos contra Venezuela, el país ha perdido el 99% de sus ingresos en divisas. Así, «de cada 100 dólares o euros que el país recibía por concepto de dólares o euros en 2014, hoy –2020– obtiene menos de uno», aseguró el presidente venezolano, Nicolás Maduro. 

 

Países como Irán, que también padecen los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, han denunciado que en Venezuela, como en su caso, se ha pretendido «hambrear a una población», lo que constituye un crimen de guerra. 

 

Paralelamente, los pseudofuncionarios designados por Juan Guaidó se hicieron del control de Citgo Petroleum en los Estados Unidos y de Monómeros en Colombia, dos empresas subsidiarias de Petróleos de Venezuela que representaban la mayor riqueza del país en el extranjero, al tiempo que suspendían los programas de apoyo de la Fundación Simón Bolívar a niños enfermos y se apropiaban del dinero. 

 

La pieza clave en este acto criminal fue Roland Carreño, dirigente de Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó, quien confesó que recibió dinero de Citgo destinado a la atención de niños con graves afecciones de salud, para financiar actividades desestabilizadoras de Voluntad Popular. 

 

Por si ello no bastara, Carreño y su círculo cercano disponían de los dineros venezolanos como que si fuera propios y lo utilizaron para obsequiar vehículos y emprender negocios personales. 

 

 

Decidido a conservar el control del Legislativo, el 05 de enero de 2020 y al margen de la fractura en el seno de la oposición, en medio de un espectáculo mediático, Juan Guaidó optó por seguir presentándose como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, si bien la fracción mayoritaria, encabezada por Luis Parra, no retrocedió en su afán de desmarcarse de sus prácticas y de señalar que era el momento de reconducir a esa institución al redil de la democracia.

 

En mayo de 2020, Estados Unidos acumularía un nuevo fracaso, cuando falló un intento de invasión a través de las costas venezolanas, ejecutado con el propósito de capturar y ejecutar a Maduro y a otros altos personeros del Gobierno Bolivariano, según confesó  por Airan Berry, uno de los exboina verdes que encabezó la acción. Como en 2018, el grupo de paramilitares a cargo de las operaciones, fue entrenado en Colombia por mercenarios estadounidenses. 

 

De su lado, el sector de la oposición que rompió con Guaidó en enero, lejos de reconciliarse con él, dirigió sus esfuerzos en articularse políticamente para enfrentar al gobierno en las elecciones parlamentarias, que tendrán lugar este 6 de diciembre y en las que se inscribieron 14.400 candidatos pertenecientes a 107 organizaciones políticas, entre opositoras y gubernamentales, que optarán por los 277 escaños que estarán sometidos al juicio de los electores y electoras en las urnas.