Tras un cierre de siete años para las mercancías y al menos dos para las personas, la anunciada reapertura de los 2.219 kilómetros de la extensa frontera colombovenezolana figura como uno de los temas centrales en la recuperación de relaciones entre Venezuela y Colombia.
No obstante, el reciente historial de desencuentros, las heridas causadas a la economía nacional por las medidas coercitivas unilaterales y el rezago estructural del empresariado venezolano, tradicionalmente partidario de la importación, hacen prever que la reapertura fronteriza será para Venezuela, más un camino lleno de desafíos que el regreso a una época dorada.
El 9 de septiembre los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo Petro comunicaron casi al unísono que la frontera se reabriría el venidero 26 de septiembre, anuncio que fue ampliamente celebrado por voceros y particulares de las dos naciones.
Aunque es cierto que se trata de una demanda sentida de la numerosa población binacional y transfronteriza, que por unos cuatro años estuvo sin asistencia consular y se vio obligada a usar pasos irregulares para cruzar entre los dos territorios, es el empresariado binacional el que ha acogido con mayor beneplácito la noticia, particularmente el colombiano, al que históricamente ha favorecido la balanza comercial.
Estimaciones de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana (Cavecol) apuntan a que una vez reanudado el tránsito de mercancías, las operaciones podrían sumar 1.200 millones de dólares al cierre de 2022, valor significativamente inferior a los 6.500 millones de dólares facturados en 2008, cuando las cifras alcanzaron su tope histórico.
Del lado venezolano se aprecia un creciente interés en retomar los nexos comerciales con Colombia en unas condiciones más competitivas y ventajosas que las que han imperado hasta ahora.
Ha sido el propio presidente Nicolás Maduro quien ha asumido la voz cantante en iniciativas novedosas como la conformación de una Zona Económica Comercial entre el estado Táchira y el departamento de Norte de Santander, en virtud de la conocida imbricación comercial existente entre las dos entidades.
En las últimas semanas, Maduro ha aprovechado sus alocuciones para exhortar a su equipo, particularmente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a construir una oferta exportadora atractiva, diversificada y sostenible que permita ingresar con buen pie al mercado colombiano, que según sus estimaciones, se cifra en unos 40 millones de personas.
Sin embargo, aunque es claro que hay optimismo, algunas voces críticas recuerdan que a la ruptura de relaciones de 2019 le antecedió más de una década de altibajos, agravados particularmente desde 2015, cuando se agudizaron prácticas que resultaron altamente lesivas para los intereses nacionales.
En particular, son difíciles de olvidar los efectos de las casas de cambio ilegales y la sustracción masiva de billetes sobre la estabilidad del bolívar, así como las dificultades para adquirir alimentos básicos producidos o importados por Venezuela, que se conseguían sin problemas en el país vecino, situación que se repetía con el combustible, con el que los contrabandistas obtenían groseros márgenes de ganancia.
Aunque la situación era pública y fue ampliamente denunciada, la Casa de Nariño no hizo mayores esfuerzos por impedir o sancionar estas prácticas y, antes bien, por omisión permitió que se fortaleciera un comercio transfronterizo irregular que también acabó por volverse en su contra.
Con base en estos antecedentes, el diputado Julio Chávez, quien preside la Comisión Especial de Migrantes de la Asamblea Nacional, advirtió que en el proceso de restablecimiento de las relaciones binacionales con Colombia, deben ponerse «sobre la mesa» estas situaciones aún no erradicadas, pues que podrían convertirse en una fuente de conflicto entre los dos países.
Desde otro ángulo, la combinación entre una evidente recuperación económica y la reactivación de los nexos diplomáticos y comerciales con Colombia, ha permitido que el Estado venezolano se reposicione en espacios en los que su presencia había menguado significativamente en la última década, como es el caso del Banco de Desarrollo para América Latina-Corporación Andina de Fomento (CAF), cuya sede, paradójicamente, está en Caracas.
Así, el pasado 13 de septiembre, la vicepresidenta Rodríguez participó en el foro «Caminos para la integración». En su intervención destacó el rol de Venezuela como potencia energética y enfatizó el papel de la integración colombovenezolana en la región.
Las expectativas expresadas por Rodríguez no lucen infladas, si se suman los comentarios del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF, Sergio Díaz-Granados, quien dijo a la prensa que el organismo está dispuesto a respaldar la integración binacional en los términos que convengan los dos gobiernos.
Huelga decir que en el proceso, el empresariado local ha figurado como un agente de primer orden. Al evento organizado por la CAF acudieron representantes de las principales asociaciones patronales del país, incluyendo al presidente de la Cavecol, Luis Alberto Russián.
En declaraciones ofrecidas a Venezolana de Televisión, Russián celebró las palabras de la vicepresidenta y aseguró que estaban dirigidas a «generar confianza» entre quienes están involucrados en la dinámica fronteriza.
Del mismo modo respaldó que la reapertura sea gradual por diversos motivos, entre los que señaló la confianza de los actores acerca de la perdurabilidad de la decisión, pues en su criterio hay oportunidades para hacer negocios en múltiples sectores.
Los colombianos, que marchan un paso adelante en esta materia, organizaron a mediados de agosto la cumbre «Acuerdo de la Frontera«, en la que que participaron empresarios de los dos países y funcionarios colombianos, incluidos el titular de la cartera de Transporte, Guillermo Reyes y el embajador Benedetti.
Entonces ya se daba la reapertura fronteriza como un hecho, aunque se advertía que quedaba un largo camino por recorrer, en el que las dos administraciones tendrían que asumir una importante carga de trabajo y voluntad para cumplir con las expectativas.
Desde entonces, se han reportado numerosos encuentros para ajustar detalles de diversa índole, pero ya hay advertencias de que la circulación de vehículos particulares y de carga será paulatina y, de momento, solo incluirá a los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en horario diurno.
Un segundo punto crítico es la atención de la extensa cantidad de migrantes desperdigados en los dos países, lo que pasa por la reinaguración de diversas sedes consulares.
Las partes han declarado en varias ocasiones que se trata de un asunto prioritario que atenderán con la urgencia del caso, pero hasta el momento, no hay anuncios concretos al respecto.
En el caso de las sedes diplomáticas venezolanas en Colombia, el gobierno del entonces presidente Iván Duque incumplió con la responsabilidad de resguardo que le imponía la Convención de Viena y las instalaciones fueron dejadas a su suerte. Como resultado del abandono, la embajada en Bogotá fue completamente vandalizada y a inicios de septiembre estaba inhabitable.
El embajador colombiano en Venezuela no ha ofrecido detalles del estado de las sedes consulares y de la embajada, pero sí aprovechó una reciente entrevista con Venezolana de Televisión para criticar duramente a su predecesor por dejar a su suerte a los millones de colombianos que residen en el país y subrayar que ellos eran una prioridad para el gobierno de Gustavo Petro.
Una posición semejante expresó el embajador Félix Plasencia tras haber entregado sus cartas credenciales a Petro, con quien coincidió en que uno de los temas centrales era ofrecer asistencia consular a los migrantes venezolanos asentados en suelo colombiano.
Diversos funcionarios del gobierno del Pacto Histórico han asegurado que Bogotá garantizará el disfrute de los derechos de los migrantes venezolanos en su país, incluyendo la posibilidad de brindarles un retorno seguro a su patria, en el caso de que opten por regresar.
Asimismo, visto el tamaño de la población migrante en las dos naciones, no solo imperaba reactivar los pasos terrestres sino también los puentes aéreos, interrumpidos desde marzo de 2020 por causa de la pandemia.
A tono con la reapertura fronteriza, el presidente Nicolás Maduro confirmó que los cielos se abrirán el 26 de septiembre, con rutas directas entre la capital colombiana y las ciudades de Caracas y Valencia.
La estatal venezolana Conviasa precisó que operará vuelos chárter entre Caracas-Valencia y Bogotá dos veces por semana (lunes y viernes). De acuerdo con lo publicado en su página web, los boletos de ida oscilan entre los 244,53 dólares y 288,56 dólares, mientras que los de regreso se ofrecen entre 306,51 dólares y los 352,19 dólares.
De momento, ninguna aerolínea colombiana ha confirmado un itinerario, pero compañías como Wingo o Avianca manifestaron interés en retomar las operaciones aéreas en Venezuela.
(LaIguana.TV)
