La derecha en Nuestra América no logra imponerse mediante los votos y por eso avanza a punta de procesos judiciales viciados en contra de los presidentes electos por el pueblo o de los dirigentes de izquierda que se perfilan como ganadores de futuros procesos electorales, expresó el filósofo y comunicador político Miguel Ángel Pérez Pirela en una emisión de su programa Desde Donde Sea dedicada a los más recientes acontecimientos políticos en Perú y Argentina.
“Los lawfare se han convertido en el pan de cada día en Nuestra América. En apenas unas horas vimos la condena e inhabilitación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en Argentina, y la destitución y detención de Pedro Castillo en Perú, utilizando argumentos morales”, dijo el presentador.
Se preguntó ¿quién le dio un golpe de Estado a quién en Perú? Y comentó que la vicepresidenta, Dina Buloarte, que había jurado que estaría con Pedro Castillo hasta el final, ya entró en conchupancia con los adversarios del ahora expresidente en el Congreso.
“Hace dos semanas dijimos que se veía venir un golpe de Estado en Perú, que era inminente la estocada final contra Castillo, quien tomó una decisión ingenua y suicida porque no tenía los apoyos parlamentarios, militares ni populares para una medida de esa dimensión. Termina ganando la partida un Congreso que tiene 80 % de desaprobación de los peruanos, es decir, menos popularidad que el propio Castillo”, enfatizó.
A juicio de Pérez Pirela, el argumento sostenido por las élites políticas para defenestrar a Castillo puede ser calificado de leguleyo porque al humilde maestro de escuela procedente del interior profundo de Perú no lo dejaron gobernar ni un día y ahora lo condenan por razones morales. Lanzó la interrogante si acaso no es ilegal y también inmoral que el Congreso le impida gobernar a un presidente electo por el voto popular.
“Castillo demostró que carece de formación y experiencia política. Es un Forrest Gump sin actitudes ni aptitudes para el cargo para el que fue electo por voluntad popular. Perú necesita una Constitución nueva. Lo que pasó en Perú es que un cogollo se hizo de nuevo con el poder. El pueblo peruano está alejado del sistema político, tanto como lo estaba el pueblo venezolano antes de 1998”, añadió.
Otra de las conclusiones de Pérez Pirela es que detrás de todo esto está la Organización de Estados Americanos. “Por la ingenuidad que hemos señalado, Castillo se entregó en manos de la OEA y esa organización, dirigida por Almagro, se puso otra vez la OEA al servicio de los intereses de las oligarquías y de Estados Unidos, que salió de inmediato a apoyar la decisión de las élites peruanas. Es lógico que lo haga así porque Washington está también detrás de todo eso”, comentó.
Los hechos
Esta semana, acontecimientos de gran relevancia política se concentraron en la región latinoamericana. Empezamos por el caso de Cristina Fernández y seguimos este miércoles, cuando Perú vivió el más reciente episodio de su crisis política, al concretarse la destitución del presidente Pedro Castillo en el Congreso y la casi inmediata juramentación de la hasta entonces vicepresidenta, Dina Buloarte.
Aunque existe un consenso casi unánime de que Castillo precipitó su salida del poder al adoptar resoluciones que contravienen lo establecido en la Constitución peruana, un examen más detallado de esta situación –que se sucedió en escasas tres horas–, pone el acento en la creciente tendencia de imponer gobernantes que no han sido legitimados en las urnas.
La víspera se había anunciado una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner por el así llamado «Caso Vialidad».
De nuevo, asistimos a la reedición de una práctica que ha dejado ya un cuantioso número de víctimas: el lawfare o persecución judicial, con la que en su día se intentó apartar o de plano se apartó de la política a Rafael Correa, Dilma Rousseff y Lula da Silva bajo el mismo cargo genérico: corrupción.
“La derecha en Nuestra América avanza a punta de jueces, no a punta de votos. Así se explican los casos de Dilma Rousseff, Lula Da Silva, Rafael Correa y ahora a Pedro Castillo”, dijo Pérez Pirela.
¿Doble golpe en Perú?
En Perú se abrió otro capítulo de su casi permanente crisis política y apenas tres horas bastaron para que resultara detenido el entonces presidente, Pedro Castillo y se juramentara la hasta ahora vicepresidenta, Dina Buloarte, como nueva mandataria.
En vísperas de la tercera moción de vacancia –destitución– de Castillo promovida por el Congreso en razón de una supuesta incapacidad moral, inesperadamente, el mandatario disolvió su propio gobierno y también al Parlamento, y anunció la instalación de un «gobierno de excepción».
Presentó el primer titular de LaIguana.TV: Tensión en Perú: Pedro Castillo disolvió el Congreso y anunció un «gobierno de excepción».
En una alocución, el gobernante dictó la disolución temporal del Legislativo y la instalación de un gobierno de emergencia. Además, anunció la convocatoria a elecciones «para un nuevo Congreso, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses».
Declaró, asimismo la «reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)
“Esto significa que este hombre, sin tener apoyo político, sin el respaldo de militares ni policías, sin las bases populares a las que no consultó, quiso transformar todo el establishment, todo el Estado peruano. Eso es una profunda ingenuidad –dijo el moderador-. Claro que hay que cambiar todo el orden actual, porque con la Constitución vigente ningún presidente de Perú puede gobernar, pero es algo de tanta envergadura que no puede hacerse si el mandatario es débil y está a punto de ser destituido”.
Según dijo el ahora expresidente, tomó estas resoluciones en atención a los reclamos de la ciudadanía, al tiempo que destacó que su declaratoria de Estado de excepción –incluyendo la instauración de un toque de queda– estaría orientada a restablecer el Estado de derecho y la democracia.
“Y la democracia terminó defenestrándolo a él”, dijo el moderador antes de presentar el video mensaje de Pedro Castillo, anunciando las medidas tomadas.
Sin embargo, o bien Castillo sobrestimó sus apoyos dentro del gobierno y las instituciones peruanas o bien actuó motivado por evitar su destitución en el Congreso, porque casi de inmediato se produjo una estampida de altos cargos, que calificaron su actuación como un «autogolpe de Estado».
Así, el comandante general del Ejército peruano, Walter Córdova Alemán, dimitió a su cargo en una carta expedida al ministro de Defensa, Gustavo Bobbio.
«Mediante el presente, solicito mi cese en el cargo de comandante general del Ejército del Perú, por motivos estrictamente personales, y con ello, mi pase a la situación militar de retiro de conformidad a lo establecido en la ley N° 28.359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas», se lee en la misiva, que fue reseñada por medios locales.
A esto se sumaron las renuncias de los ministros de Economía, Relaciones Exteriores, Transportes y Comunicaciones, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia y Educación.
Asimismo, en un comunicado, las Fuerzas Armadas acusaron veladamente a Castillo de invocar erróneamente el artículo 134 de la Constitución Política del Perú, que le da prerrogativas al presidente de disolver el Congreso siempre que el Poder Legislativo haya censurado o negado la confianza a dos Consejos de Ministros.
“No sabemos en qué se basó Castillo para regalarle el poder a sus enemigos del impopular Congreso, pero eso fue exactamente lo que hizo”, acotó el conductor de Desde donde sea.
Mostró el Iguanazo del artista plástico Iván Lira, en el que se observa al Tío Sam abrazado con Almagro, gritando eufórico: “¡Gooolpe!”, emulando el grito típico de gol de estos días del Mundial de Fútbol.
Otra nota de LaIguana.TV se tituló: El comunicado de las Fuerzas Armadas de Perú tras la disolución del Congreso (+Castillo)
En el texto se señala que las Fuerzas Armadas de Perú y la Policía emitieron un comunicado conjunto este miércoles para rechazar la disolución del Congreso declarada por el presidente de ese país, Pedro Castillo.
«Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú», se lee en el comunicado difundido por el sector castrense.
“Esto se traduce como desobediencia al jefe del Estado y apoyo al Congreso y las élites políticas”, resumió Pérez Pirela.
Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo de Perú, exigió la renuncia «inmediata» del mandatario y su puesta a la orden de los órganos de administración de justicia, por la violación expresa de la Carta Magna.
Por su lado, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, declaró que en ese momento no había gobierno en el país. El funcionario subrayó que, en apego a la legislación local, le correspondería a la primera vicepresidenta, Dina Buloarte, asumir la jefatura del Estado.
Además, instó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a preservar el hilo constitucional y «entregar el mando a los civiles».
Buloarte, quien era la llamada a suceder a Castillo en caso de que se concretara su remoción en el Legislativo, rápidamente marcó distancia de sus anuncios y lo señaló de perpetrar un golpe de Estado.
Presentó un tuit de Buloarte en la que explica por qué se desentendió de la decisión de Castillo.
“Hay que tener en cuenta que esta señora había sido investigada y perdonada por el Congreso hace apenas unas semanas. Esto hace ver que hubo una negociación y una traición”, subrayó.
En paralelo, el Congreso peruano adelantó la votación para forzar la salida Pedro Castillo. En el papel, la oposición peruana contaba con 80 de los 87 votos necesarios para conseguir la destitución bajo el alegato de «incapacidad moral permanente».
“Es una aberración total que una Congreso corrupto, impopular y al servicio de la oligarquía pretenda condenar moralmente al presidente electo por el pueblo”, opinó Pérez Pirela.
Tras la alocución de Castillo, que se produjo al final de la mañana, comenzaron a circular especulaciones que apuntaban a que se conseguirían los votos necesarios para apartarlo del cargo, principalmente porque con la anunciada disolución del Parlamento, los diputados cesarían inmediatamente en sus funciones y perderían sus cuotas de poder. La reacción del Poder Judicial puede interpretarse de manera análoga.
Sin embargo, propios y extraños han coincidido en señalar que el factor determinante para el fracaso de la maniobra del presidente peruano, fue que no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía.
En todo caso, primera hora de la tarde, el Legislativo peruano consiguió vacar a Castillo con el respaldo de 101 de los 130 parlamentarios. Asimismo, se convocó a una sesión extraordinaria a las 3:00 de la tarde, para juramentar a Dina Buloarte como nueva presidenta.
Sincronizadamente, las fuerzas del orden se desplazaron hacia el Palacio de Gobierno para allanarlo y detener al ya exmandatario, que automáticamente perdió la inmunidad de la que gozaba.
De acuerdo con informes de la prensa local, Castillo fue capturado cuando se disponía a salir del Palacio en compañía de su familia y trasladado a una sede policial en Lima.
La Policía Nacional del Perú colgó en su cuenta de Twitter una foto del expresidente bajo custodia policial y aseguró que su aprehensión cumplía con lo establecido en las leyes.
El tuit fue borrado y reemplazado con otro, en el que se lee lo siguiente: «Rechazamos el quebrantamiento del orden constitucional y exhortamos a la población a respetar la Constitución Política y a mantener la calma. Asimismo, confiar en las instituciones del Estado».
No obstante, los internautas se encargaron de resguardar el trino, en el que se exponía innecesariamente a Castillo.
Adicionalmente, en las redes sociales se difundieron imágenes de trancas frente a la Embajada de México en la capital peruana, pues se esparció la especie de que el depuesto mandatario solicitaría asilo político en ese país, vista su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este jueves, el propio López Obrador confirmó que Castillo se comunicó con él y le pidió asilo en la embajada, una solicitud que estaba dispuesto a conceder, por lo que instruyó al canciller Marcelo Ebrard para que dispusiera lo necesario.
El líder azteca especuló que muy posiblemente, al momento de la conversación, el teléfono de su par peruano estaba intervenido, porque no logró trasladarse hasta la sede diplomática y, antes bien, fue detenido minutos después.
También aprovechó la ocasión de exhortar a las autoridades peruanas a respetar los derechos humanos de Pedro Castillo, a resguardar debidamente a sus familiares y a actuar con «legalidad verdadera» en este caso.
Sobre Castillo se tejió una abundante trama de imputaciones, que comenzaron por señalamientos en el Congreso por presuntos actos de corrupción y concluyeron con acusaciones por la presunta violación del orden constitucional.
Posteriormente, el Ministerio Público del país andino informó que esa instancia acordó iniciar indagaciones en su contra por presuntamente atentar contra los poderes públicos y el orden constitucional, en las modalidades de rebelión y conspiración.
Si es encontrado culpable, podría enfrentar entre 10 y 20 años de cárcel, refirieron medios de comunicación y agencias de noticias, que también reseñaron que fue trasladado a la prisión de Babadillo, donde cumple condena por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos el exdictador Alberto Fujimori.
“El mensaje político es claro: la oligarquía peruana no va a dejar gobernar a nadie que no represente sus intereses”, puntualizó Pérez Pirela.
(LaIguana.TV)
